La tumba de la Cuarta Transformación

La promesa de Andrés Manuel López Obrador de “mandar obedeciendo”, generó una gran esperanza entre los grupos sociales más desfavorecidos en que el nuevo gobierno tomaría en cuenta sus necesidades e incluiría su voz en las decisiones públicas como medio de defensa frente a los poderes que los han mantenido marginados.

Implicaba la oportunidad para propiciar una sociedad en la que todos los mexicanos tuviéramos la capacidad de participar de manera real, libre e informada en las decisiones colectivas y con ello, transformar a las instituciones para propiciar mejores condiciones de vida. En pocas palabras, la confianza ciudadana en un gobierno que actuaría para su beneficio.

A cuatro meses de gobierno, se ha hecho evidente una de las mayores contradicciones de la Cuarta Transformación: Frente al discurso de la voluntad popular, en la práctica, AMLO descalifica, engaña e ignora a colectivos y movimientos formados por personas de carne y hueso con demandas específicas de garantía a sus derechos violentados.

Movimientos que no son motivados por intereses políticos o por mero interés intelectual, sino con la genuina intención de hacerse escuchar a partir de la necesidad de hacer frente a la parálisis estatal para dar solución a situaciones que les producen sufrimiento. Y es justamente por ello, que esta contradicción puede convertirse en la cancelación de cualquier aspiración de arribar a la transformación de nuestro régimen.

Para muestra un botón. A casi una semana del enérgico pronunciamiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Gobierno de la Cuarta Transformación no ha dado ninguna respuesta al mismo, ni señas de que recibió el mensaje. El pasado 28 de marzo, en voz de Javier Sicilia, emitió un duro pronunciamiento a 8 años de la fundación del Movimiento, a 8 años de la masacre de siete personas en Morelos, entre las que se encuentra el hijo del escritor y activista.

El Movimiento denunció públicamente la traición de Andrés Manuel López Obrador: Contrario a sus promesas como candidato y como Presidente electo, AMLO ha militarizado al país y no se ha articulado ningún programa serio de Estado en relación a la Justicia Transicional, a pesar del trabajo que diversas organizaciones de derechos humanos y de víctimas han hecho de la mano con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Las principales exigencias del MPJD son: 1) crear una política integral de Estado, que incluya la verdad, la justicia, la reparación integral para todas las víctimas, así como las garantías de no repetición de los crímenes; 2) Fortalecer institucional y financieramente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos (CBD) para garantizar los derechos de las víctimas en el orden de la verdad, la justicia, la reparación integral de los daños y la no repetición y apoyarse en organizaciones internacionales ya existentes; 3) Crear una Comisión de la Verdad y un Mecanismo Internacional contra la Impunidad como mecanismos extraordinarios con capacidad de combatir las redes de la macro criminalidad entre políticos, empresarios y criminales.

La decisión de ignorar los planteamientos de este movimiento, y de muchos otros, empezará a mermar la confianza ciudadana que el gobierno había ganado en las urnas. El desencanto será desmedido cuando los ciudadanos se vean nuevamente indefensos y sin influencia política real para poder transformar los problemas que les afectan.

Pero más allá del desencanto, no escuchar a los ciudadanos que aportan soluciones innovadoras a los problemas públicos que sufren, es renunciar impunemente a la responsabilidad de combatir la incapacidad de las instituciones para dar respuestas reales a las exigencias ciudadanas, profundizando los problemas y causando malestar con el desempeño gubernamental. Y lo reitero, el aumento de la injusticia y el sufrimiento de personas de carne y hueso.

El desencanto será desmedido cuando los ciudadanos se vean nuevamente indefensos y sin influencia política real para poder transformar los problemas que les afectan.

Los ciudadanos tenemos el derecho fundamental a participar en las decisiones que nos afectan. Si este derecho no es garantizado no hay posibilidad de avanzar en los temas pendientes, de transformar a nuestras instituciones y darle mayor contenido a nuestra democracia.

La democracia se construye mediante el ejercicio de todos los derechos fundamentales, empezando por el derecho a la participación y no será sustentable mientras no existan los mecanismos legales, políticos, económicos, sociales y culturales que lo garanticen.

Por ello es necesario que grandes sectores de la población se involucren y movilicen en la defensa y exigencia de los derechos para imponer la perspectiva de los derechos fundamentales como eje rector de toda actividad del Estado, y en consecuencia, se materialicen en mejores condiciones de vida de cada uno de los mexicanos.

Como lo advierte el MPJD, si el Presidente no está dispuesto a asumir sus exigencias, el Movimiento “construirá los mecanismos no oficiales de búsqueda de la verdad y solicitarán la justicia a la comunidad internacional”.

Los ciudadanos buscaremos la manera de hacernos escuchar, de movilizarnos en la defensa y exigencia de los nuestros derechos fundamentales como eje rector de toda actividad del Estado, pero será un camino más largo, con muchos obstáculos, incluida la confrontación, y lo más importante, donde no sea claro ni esperanzador el camino que nos lleve a terminar con la injusticia y el sufrimiento.

En fin, será la tumba de la Cuarta transformación.