Ayer el presidente Enrique Peña Nieto presentó una actualización del Plan Nacional de Infraestructura para el sexenio que ya había anunciado en julio del año pasado. En aquella ocasión el monto de las inversiones públicas y privadas estimadas por el gobierno hacia 2018 sumaba cuatro billones de pesos.
Pero el anuncio que hizo ayer el presidente en Los Pinos alcanza los 7.7 billones de pesos (unos 590 mil millones de dólares) en inversiones para infraestructura en lo que resta del sexenio y que incorpora -además de lo ya presentado el año pasado- inversiones en turismo, salud, vivienda y desarrollo territorial por poco más de 2.1 billones de pesos.
El resto son estimados de Hacienda sobre las nuevas inversiones, públicas y privadas, que se darían en el sector energético a raíz de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado. En todo caso estas nuevas inversiones pronosticadas por el gobierno para los próximos años, en materia de exploración y de explotación de hidrocarburos, hay que verlas aún con cierta reserva dado que las leyes secundarias en la materia siguen pendientes y será hasta junio próximo cuando los inversionistas interesados emitan su veredicto una vez que las conozcan a detalle.
Pero más allá del detalle de los proyectos de infraestructura -muchos ya bastante conocidos desde el año pasado- y de los montos estimados en materia de inversiones -que podrían variar en el tiempo- lo importante de lo que ayer dijo el Presidente está en la lectura del anuncio en sí mismo.
La premura del anuncio es lo primero que llama la atención. Después de presentar el Programa el año pasado, había poco que agregar ahora con certeza; sobre todo cuando las leyes energéticas aún son inciertas. No hay que olvidar que la mitad de las inversiones anunciadas ayer por el gobierno (3.9 billones) se estima se darán en el sector energético.
La prisa por anunciar estimados de inversión revela la urgencia del gobierno por cambiar el ánimo pesimista de los inversionistas que se ha reflejado en las pobres cifras de inversión privada y de crecimiento económico.
En todo caso, con leyes secundarias aún en ciernes, los estimados de inversión del gobierno tendrán, eventualmente, que volver a revisarse una vez que el Congreso haya decidido sobre las leyes pendientes hacia junio próximo.
Me temo que el asunto es que Hacienda -y el gobierno- sabe que no puede esperar hasta junio para buscar incidir en las expectativas sobre la marcha de la economía y de allí la decisión de convocar a una reunión como ésta.
En lo que va del gobierno, Videgaray se ha caracterizado por echar mano de campañas de formación de expectativas de las que -creo- se ha abusado al no estar acompañadas de resultados concretos en el corto plazo.
Ahora, nuevamente, se decidió hacerlo resucitando un plan de infraestructura ya anunciado y al que se añadió algunos estimados de inversiones multimillonarias. La pregunta ante una estrategia de expectativas como ésta, es si Videgaray y los funcionarios de Los Pinos han calculado la capacidad de ejecución del gobierno y del poder legislativo para “aterrizar” eficazmente y en tiempo estos planes que en el papel lucen prometedores. Históricamente ésa ha sido la “pata coja” de los grandes planes gubernamentales en materia de infraestructura y en otros campos.
Mientras tanto, tengo la impresión que los inversionistas privados -que “no dan paso sin huarache” cuando de dinero se trata- seguirán esperando a ver los resultados de las leyes en el Congreso, la expedición de los reglamentos y las bases de licitación de estos grandes proyectos, antes de tomar una decisión.
Samuel García
Editor y economista. Fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y 'El Universal'. Director fundador de 'Infosel'. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Máster en Periodismo Digital. Columnista, comentarista y consultor para diversos medios en México.