Cómo agravar un desastre
Un desastre climático como el asociado al huracán Otis en Acapulco puede moderarse con un diagnóstico realista, una respuesta rápida que organice todos los esfuerzos para proporcionar ayuda suficiente, con presencia continua de las autoridades y compromisos presupuestales claros.
La ausencia de estos elementos clave está profundizando y prolongando la catástrofe. A continuación, un breve repaso de ellos.
- Minimizar un desastre es el primer paso para agravarlo. Si, como en el caso de Otis, el número oficial de fallecimientos más que duplica los de fenómenos de este tipo a nivel nacional en 2022 y se dice que “no fueron tantos”, se está perdiendo la dimensión del problema. No ayuda el circunscribir el desastre a un par de municipios, ni omitir en la declaratoria de emergencia la palabra huracán ni tampoco acortar su duración.
- Mientras se responde tarde y mal, la catástrofe crece. Un presidente varado en el camino, quizás intentando llegar rápidamente, pero con un esfuerzo infructuoso, retrata una ineficiente acción del Estado. Una gobernadora de Guerrero que tarda en dar cuenta de la situación de su estado retrasa la atención urgente. No tener ya preparado un plan de acción sino emitirlo una semana después del desastre sacrifica tiempo valioso.
- No permitir la ayuda inmediata de quienes pueden solidarizarse ante la tragedia retrasa la llegada de ayuda indispensable. Afirmar inicialmente que la repartición de despensas y alimentos se realizará únicamente a través de las fuerzas armadas y luego recular permitiendo que organizaciones de la sociedad civil se sumen al esfuerzo directo de ayuda genera retrasos e incertidumbre en los apoyos a las víctimas.
- Proporcionar ayuda insuficiente eleva los costos del desastre. No cubrir a toda la población afectada con servicios sanitarios, despensas y otros suministros generará problemas de salud y de otro tipo más onerosos de remediar en el futuro. Prometer 61 mil millones de pesos para una reconstrucción que requerirá cerca de 300 mil millones pospondrá la recuperación de los ya de por si bajos niveles de vida de la población.
- Dejar vacíos de autoridad suma problemas sociales a los de la destrucción de vidas y propiedades. Permitir saqueos de tiendas de productos básicos convierte en ley de la selva lo que debería ser un racionamiento ordenado de aquello disponible para quien más lo requiere. No disuadir el robo que no tiene que ver con la sobrevivencia es una invitación al crimen impune, a la autodefensa sin control y a impartir ‘justicia’ por propia mano.
- No asumir compromisos presupuestales genera incertidumbre sobre la recuperación ante la catástrofe. Si no se etiquetan en el presupuesto público fondos para los municipios afectados se deja sujeta a imponderables a la población damnificada. Si la ayuda para reconstruir se liga a la incierta disponibilidad de recursos de otros, como los de la Suprema Corte, la inversión para reconstruir se desanima y se retrasa la recuperación.
Hay otras formas de agravar el desastre, como subestimar el número de damnificados al censarlos, desanimar la cobertura de los medios de comunicación, carecer de presencia continua de autoridades de alto nivel en la zona devastada, conocer los daños a las escuelas con lentitud, justificar el pillaje confundiéndolo con cohesión social y repartir la ayuda con criterios partidistas, por ejemplo. Sin embargo, estás caen en los puntos señalados.
Sería excesivo afirmar que los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la coalición mayoritaria en el Congreso han seguido a la perfección el listado de acciones para empeorar la tragedia. Ningún gobernante es perfecto, pero se han acercado mucho a lo que hará más intensa y duradera la calamidad que continúa azotando a Acapulco y municipios vecinos y que permanecerá en la memoria del país por largo tiempo.