El futuro presidente de México, la economía y los recursos naturales

Durante el tercer debate presidencial, los candidatos a presidir el gobierno federal mexicano discutieron unos minutos sobre sus políticas ambientales.

Hablaron de energías eólica y solar, de reforestación con árboles frutales maderables y de renovación de los sistemas de transporte en cien ciudades. Cada propuesta tiene algún mérito, pero también límites y costos, que deben discutirse caso por caso.

Pero antes me interesa abordar una pregunta más general: ¿Qué decisiones que tome el próximo presidente de la República determinarán en mayor grado el estado de nuestros ríos, aire y suelos?

Una respuesta rápida es que el mayor impacto del presidente de la República sobre el capital natural estará en función de su uso de los instrumentos de política ambiental: las Áreas Naturales Protegidas que decrete, el presupuesto que asigne a los programas de pago por servicios ecosistémicos, los tratados internacionales que firme en materia ambiental, o su eficiencia y probidad en procesos de manifestación de impacto ambiental.

Sin menospreciar la importancia de la política propiamente ambiental, el mayor impacto del futuro gobierno federal sobre los recursos naturales provendrá de decisiones relacionadas con las prioridades económicas del próximo presidente.

Por ejemplo, la prioridad tal vez será la creación de empleos y la protección del poder adquisitivo del ingreso, al menos en un plazo inmediato. Tales políticas de creación de empleo y de protección al ingreso son implementadas en su mayoría por dependencias fuera del sector ambiental, y por lo tanto se guían por criterios diferentes de la sostenibilidad.

En pocas palabras, las decisiones que mayor impacto tendrán sobre el capital natural serán las siguientes: el precio de los combustibles, la política de inversión en infraestructura y la política de incentivos al campo. El precio de las gasolinas determina las horas de recorridos de los vehículos automotores y por lo tanto la calidad del aire y la emisión de dióxido de carbono, la infraestructura impacta las decisiones de uso de suelo, y la política hacia el campo influirá en el estado de los acuíferos del país y el consumo de energía.

Mientras que hay incertidumbre sobre los efectos de establecer estándares tecnológicos o de proveer información para modificar decisiones de consumo, los cambios de precios operan veloz y eficazmente sobre las decisiones de las personas. Si hay combustibles baratos, habrá más autos y demanda por más vialidades. Si se ofrecen energía y agua con precios preferenciales para la agricultura, no hay la menor incertidumbre: habrá más incentivos para cambiar uso de suelo forestal y mayor bombeo de agua.

...hay también una cantidad innumerable de decisiones donde quienes deciden enfrentan una disyuntiva: o generan beneficios económicos de corto plazo que afectan negativamente el medio ambiente o escogen acciones que protegen el capital natural pero que restringen un aprovechamiento económico inmediato

 

Sin un conjunto de acciones para mitigar el impacto de las decisiones económicas en materia energética y agrícola, el resultado del abaratamiento de los combustibles, de los insumos agrícolas y de la expansión de la red de caminos, será negativo para la calidad del aire, los esfuerzos de mitigación del cambio climático, los servicios ecosistémicos y los acuíferos del país.

El discurso de la sostenibilidad, difundido ampliamente en todo el mundo, concilia crecimiento económico y protección del capital natural. Hay decisiones que pueden cumplir con objetivos económicos y ambientales al mismo tiempo: políticas de desarrollo de energías renovables, tecnologías de información para hacer más eficiente el tráfico, o políticas de compensación económica por conservación ambiental, por ejemplo.

Manifestación de oposición el 11 de abril de 2013 en Xochicalco, Morelos, por la concesión para la explotación minera en la región (Flickr)

Pero hay también una cantidad innumerable de decisiones donde quienes deciden enfrentan una disyuntiva: o generan beneficios económicos de corto plazo que afectan negativamente el medio ambiente o escogen acciones que protegen el capital natural pero que restringen un aprovechamiento económico inmediato.

Una política agresiva de fomento agrícola a través de aumentar subsidios a la electricidad y de expansión del riego, por ejemplo, puede tener efectos positivos para los agricultores, pero al mismo tiempo aumentaría la presión sobre el suelo, los acuíferos y aumentaría el consumo energético. El abaratamiento de combustibles sin conversión tecnológica y energética favorecería el bolsillo de la clase media, pero aumentaría la congestión, las emisiones contaminantes y continuaría con el reinado de los automovilistas.

El balance entre crecimiento y uso de recursos naturales es al final una decisión política. En 2018, el mensaje de los electores (sobre todo de los más jóvenes) claramente da prioridad a la creación de empleos por encima de otros objetivos valiosos, incluido el medio ambiente.

(*) Jaime Sainz (@JaimeSainzS) es Director de la sede Región Centro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).