Los derechos digitales en México y sus violencias
El avance de la inteligencia artificial (IA) está transformando múltiples aspectos de la vida cotidiana, pero también abre un nuevo frente de vulnerabilidades, especialmente para las mujeres.
El caso de Diego “N”, acusado de manipular con IA fotografías de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con fines sexuales, pone en evidencia las graves carencias legales de México para abordar la violencia digital y proteger la privacidad e integridad de las personas en el entorno virtual. Este caso, junto con otros registrados a nivel global, subraya la urgente necesidad de contar con un marco normativo que garantice la seguridad de las mujeres en el espacio digital.
Diego “N” fue encontrado en posesión de más de 166,000 imágenes y 20,000 vídeos manipulados digitalmente, de los cuales al menos el 40% correspondía a estudiantes del IPN. Aunque el juez reconoció que existían elementos suficientes para acreditar el delito y las afectaciones sufridas por las víctimas, absolvió al acusado bajo el argumento de que no había pruebas contundentes de su participación directa. La magnitud de las pruebas encontradas no fue suficiente para dictar una sentencia condenatoria que pudiera sentar un precedente histórico. Esta resolución, además de frustrante, es reflejo de la falta de preparación del sistema judicial para enfrentar delitos digitales que implican tecnologías avanzadas como la IA.
La Ley Olimpia, promulgada en 2021, marcó un hito al tipificar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento como un delito. Sin embargo, no contempla explícitamente el uso de IA para generar contenido falso, conocido como deepfake, con fines de explotación o violencia sexual. Este vacío legal deja a las víctimas en una situación de indefensión y permite que los agresores operen con relativa impunidad.
Los deepfakes representan una de las formas más perturbadoras de violencia digital. En un contexto donde las herramientas de manipulación digital están cada vez más al alcance de todos, la creación y difusión de estos contenidos no solo violan la intimidad de las personas, sino que también perpetúan patrones de violencia de género que afectan de manera desproporcionada a las mujeres.
La manipulación digital de imágenes mediante IA no es exclusiva de México. En países como Corea del Sur, Estados Unidos y España, se han documentado casos similares que muestran patrones preocupantes: el uso de tecnologías para explotar a mujeres, la circulación de contenidos falsos en plataformas como Telegram y la existencia de lagunas legales que dificultan sancionar estas prácticas.
En Corea del Sur, por ejemplo, el movimiento #MyLifeIsNotYourPorn surgió como respuesta a la proliferación de deepfakes sexuales no consensuados. Estas imágenes, generadas y distribuidas masivamente, llevaron al gobierno surcoreano a implementar leyes más estrictas que penalizan tanto la creación como la distribución de estos contenidos. En contraste, México carece de una legislación clara para abordar esta problemática, lo que lo sitúa en desventaja frente a otros países que han sabido responder con celeridad a las amenazas digitales.
El caso de Diego “N” también pone de manifiesto un problema estructural: la revictimización de las mujeres en el proceso judicial. Las ocho estudiantes que presentaron denuncias enfrentaron más de 400 días de trámites burocráticos, audiencias interminables y decisiones judiciales que, en lugar de protegerlas, parecieron beneficiar al acusado.
Las víctimas describieron la resolución judicial como una muestra del “pacto patriarcal” que perpetúa la impunidad en casos de violencia digital. Según el Informe sobre Violencia Digital: Un estudio de los perfiles de agresores y sobrevivientes de violencia sexual digital (2022), el 72.3% de las víctimas tienen escolaridad universitaria. Este dato resalta la urgencia de implementar medidas que garanticen la seguridad de las mujeres, especialmente en espacios educativos, donde deberían estar protegidas tanto en el ámbito físico como en el digital.
La experiencia de otros países puede ofrecer lecciones valiosas para México. Reino Unido, Corea del Sur y España han actualizado sus marcos legales para abordar la creación de deepfakes con fines sexuales. Estas leyes no solo sancionan a quienes producen y distribuyen estos contenidos, sino que también incluyen disposiciones para proteger a las víctimas, como la eliminación inmediata de las imágenes de las plataformas digitales y el acceso a apoyo psicológico y legal.
En México, es fundamental comenzar a discutir e implementar medidas en áreas clave como:
- Tipificación de nuevos delitos digitales: Incorporar en el Código Penal Federal el uso de IA para manipular imágenes con fines sexuales como un delito específico.
- Protección integral a las víctimas: Garantizar apoyo legal, psicológico y emocional para evitar su revictimización.
- Regulación de plataformas digitales: Establecer responsabilidades claras para las empresas tecnológicas en la eliminación de contenidos ilícitos y la prevención de su difusión.
- Educación digital y ética tecnológica: Promover programas educativos que sensibilicen a la población sobre los riesgos y responsabilidades asociados al uso de la tecnología.
La violencia digital no es solo un problema legal, sino un reflejo de desigualdades estructurales que perpetúan la violencia de género. En una sociedad como la mexicana, donde aún se normalizan conductas patriarcales, las mujeres enfrentan múltiples formas de violencia que ahora trascienden al ámbito digital.
Movimientos feministas y organizaciones como las que impulsaron la Ley Olimpia han demostrado que el cambio es posible. Sin embargo, los avances no serán suficientes mientras persistan actitudes ignorantes y retrógradas que minimizan la gravedad de los delitos digitales y continúan viendo a las mujeres como objetos.
Fortalecer los derechos digitales no es solo una cuestión de justicia para las víctimas, sino una obligación ética para garantizar que el desarrollo tecnológico sea un motor de progreso y no una herramienta de opresión. México tiene la oportunidad de adoptar un marco legal robusto que no solo sancione a los agresores, sino que también promueva una cultura de respeto y responsabilidad en el uso de la tecnología.
Casos como el de Diego “N” deben ser un llamado a la acción, recordándonos que el futuro de los derechos humanos también se juega en el espacio virtual. El camino hacia la justicia digital es largo, pero no imposible. Para alcanzarla, se requiere voluntad política, sensibilidad social y un compromiso real con la construcción de entornos digitales más seguros y equitativos para todas las personas.
Referencias de interés
Lee, S. (2021). "#MyLifeIsNotYourPorn: South Korea’s Response to Deepfake Technology". BBC News.
Claudia Jiménez
Politóloga e Internacionalista en temas de cooperación internacional y derechos humanos en América Latina, con 20 años de experiencia en consultorías nacionales y gobierno.
Profesora universitaria y conferencista. Desarrolladora de cursos y proyectos de tecnología y ética para la academia y empresas. Catedrática de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, y de Estudios Humanísticos y Educación del Tecnológico de Monterrey. Pionera en Inteligencia Artificial en educación.
