¿Por qué es una muy mala idea extinguir a los órganos autónomos creados por la Constitución?

“Traducir un principio en decisiones debidamente adaptadas a casos concretos, requiere de un órgano técnico y con experiencia que actúe continuamente y sea tan alejado como sea posible a los engaños e intrigas de la política” (Juez W.Hughes, 1916)

El pasado miércoles 10 de junio, el Senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la CPEUM,¹con la que busca extinguir la Comisión Federal de Competencia (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), transfiriendo sus atribuciones a un nuevo órgano regulador al que ha denominado el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMeCoB) (Iniciativa).

La Iniciativa atenta contra órganos autónomos que han sido creados por la Constitución bajo el modelo de Estado Regulador para encomendarles la aplicación técnica y especializada en los sectores y materias de su competencia.

Conforme a la doctrina, la razón fundamental que justifica la existencia de órganos autónomos técnicos deriva de la conveniencia de desligar ciertas funciones públicas del ciclo político electoral y evitar riesgos de inconsistencia temporal que dañen la credibilidad mermando su evolución y desarrollo.²

En este caso particular, los sectores y áreas de competencia de COFECE, el IFT y la CRE han sido identificados como relevantes y estratégicos parara el desarrollo nacional por lo que la independencia y autonomía de los órganos encargados de su desarrollo es fundamental.

Más allá de las diversas preocupaciones técnicas derivadas de la propuesta de un nuevo diseño institucional basado en una experiencia que ha sido ampliamente criticada y que menosprecia la especialidad y experiencia existentes detrás de los procesos actuales a cargo de cada uno de estos organismos, existen diversas razones que permiten concluir que es una muy mala idea extinguir a la COFECE, al IFT y a la CRE a sus pocos años de creación:

1. La independencia y autonomía de los órganos se construye no sólo a través de su diseño en el marco legal, sino que para alcanzarlas se requiere garantía de su permanencia más allá de la coyuntura y de los ciclos políticos. La desaparición de estos órganos autónomos mandaría un terrible mensaje a los mercados implicando que cada vez que alguno de ellos adopte medidas que afecten intereses políticos o particulares, es posible el cabildeo para desaparecerlos o someterlos.

Más aún, el actual proceso de selección de comisionados del IFT y COFECE ha garantizado la capacidad e independencia de sus respectivos órganos de decisión. De hecho, hubiera sido deseable que la CRE contara con ese mismo mecanismo de selección. La participación de Banco de México e INEGI en el proceso dotan de credibilidad al mismo. No hay razones para cambiarlo.

2. No existen condiciones actuales para discutir una reforma de esta envergadura cuando existen diferentes lecturas políticas de los motivos de la Iniciativa. Sin abundar ni posicionarme sobre las diferentes lecturas políticas, existen diversas voces que expresan preocupación sobre el uso de este instrumento para disciplinar a los reguladores o como medida de retaliación por decisiones adoptadas que han afectado intereses públicos o privados.

En este escenario, de prosperar la Iniciativa, se gastarán (no ahorrarán como lo pretende la Iniciativa) recursos para crear una Institución que tendrá muy poca credibilidad tanto en su interior, como al exterior. Esa falta de credibilidad empoderará a los grandes poderes económicos para buscar privilegios o beneficios en perjuicio del bienestar social.

3. Los efectos de la Iniciativa sobre los sectores de energía acrecentarán la incertidumbre para las inversiones. El texto de la Iniciativa claramente señala que, con el objeto de revertir la Reforma Energética, las facultades de la CRE en materia de hidrocarburos no pasarán al nuevo organismo.

Asimismo, aún cuando no lo dice el texto de la Iniciativa, el Senador Monreal ha señalado como un beneficio tangible de la propuesta que la creación del Instituto apuntalará la política de la Secretaría de Energía para dar supuesta confiabilidad al mercado eléctrico,³ política que ha sido impugnada por diversos actores de la sociedad por considerar que afecta las condiciones de competencia en el sector.⁴ En efecto, si bien es comprensible que la administración actual quiera fortalecer a las Empresas Productivas del Estado, no lo debe de hacer a costa de la competencia y el bienestar de los consumidores.

4. Las obligaciones adoptadas por México en el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC) parten de la base de la existencia de autoridades de competencia y de regulación en el sector de telecomunicaciones fuertes. También incluye obligaciones que obligan a las Empresas del Estado a las disciplinas de la neutralidad competitiva. El debilitamiento de los reguladores trae incertidumbre a los actores protegidos por el Tratado y expone a México a incumplimientos.

5. Las instituciones se crean para trascender y con un ánimo de permanencia inherente al adecuado cumplimiento de su deber. Si bien existen áreas de mejora en COFECE e IFT los esfuerzos deben de centrarse en construir sobre lo que existe para fortalecer y darles credibilidad, no destruirlas.

Ambos órganos cuentan con prestigio internacional y han alcanzado diversos reconocimientos que son testigos de su trabajo. Ambos órganos cuentan con profesionales técnicos de calidad que están comprometidos con México. Asimismo, sus decisiones pasan por el control del poder judicial, quién también garantiza y salvaguarda los derechos fundamentales.

Recordemos que el trabajo de los órganos autónomos en cuestión es adoptar decisiones que afectan diversos intereses. Por ello, hay muchos que estarían muy satisfechos de verlos derrotados. Es nuestro deber como mexicanos defender las instituciones y exigir el debido ejercicio de sus funciones que no es otra cosa que el cumplimiento de nuestra Carta Magna