El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, tan sensible y diplomático, dijo que las elecciones del próximo 1 de julio “no están en riesgo” pese a la ola de asesinatos que sacude a la contienda electoral.
Desde luego: no están en riesgo, sobre todo, para los 110 políticos y candidatos asesinados que, desgraciadamente, ya no están entre nosotros y no podrán ser elegidos. Para el resto de candidatos y clase política (e incluso también para algún periodista), todavía queda casi un mes de mucho riesgo, durante el cual tendrán que seguir cubriéndose las espaldas.
En aquellas elecciones donde una candidatura a alcalde o a diputado o a cualquier otro cargo de elección popular ha quedado eliminada como resultado de un asesinato, la elección no es que esté “en riesgo”, sino que directamente es una “elección fallida”: los ciudadanos no podrán votar por un candidato que libremente, como parte fundamental de su libertad humana, quiso participar en la vida política.
¿Qué democracia “plena” puede haber cuando no hay libertades políticas, entendida como el derecho de los ciudadanos a poder participar, con garantías de libertad y seguridad, en la vida pública (así como de familiares y allegados)? ¿Qué niveles de coerción e intimidación existen en México para que potenciales candidatos, directamente, se retiren? ¿Qué libertad puede tener un ciudadano a votar si su candidato ha sido ejecutado? Podrá votar, pero quizás no por quien hubiera preferido: su elección es fallida dado que su preferencia ha sido coartada por la violencia.
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Pese a esa violencia político/electoral que aniquila garantías democráticas elementales en México, y de la que el propio PRI está siendo la principal víctima, Videgaray sostiene que México es un país “plenamente democrático”, y que las elecciones del primero de julio se celebrarán sin riesgo porque el proceso electoral es “muy robusto”. Que México es un país “plenamente democrático” no sólo choca con la evidencia más intuitiva de lo que pasa en el país (no sólo por la violencia electoral, sino también por la escasa libertad de prensa, debilidad institucional, y elevada pobreza), sino también con los datos más duros.
The Economist, a través de su Unidad de Inteligencia, elabora un Índice de Democracia. El reporte para el año 2017 da una calificación de 6.41 a la calidad democrática de México, lo que lo sitúa en la parte baja dentro de la categoría de “democracia imperfecta”, cuyo rango de calificación va de 6 a 7.9 (la “democracia plena” precisa una puntuación de 8 a 10, cifra muy alejadas de la puntuación actual de México). Una lectura por debajo de 6 ya no se considera “democracia” sino un “régimen híbrido” entre democracia y autoritarismo. El indicador está elaborado a partir de 60 indicadores agrupados en cinco bloques: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.
De este modo, la calificación de 6.41 coloca a México, la undécima economía más grande del mundo medido por la Paridad de Poder de Compra según el FMI, en el puesto 66, empatado con Serbia, dentro de un ranking de 167 países. The Economist, por tanto, parece refutar las afirmaciones del ex-secretario de Hacienda y ahora canciller Luis Videgaray.
Pero hay más: la complacencia de Videgaray con la plenitud de la democracia mexicana es tan absoluta que quizás por eso se han cuidado poco de guardarla en estos últimos años. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y atendiendo a ese mismo Índice de las Democracia de The Economist, se ha producido una involución. En el año de 2013, la lectura del índice era de 6.91. Pues bien, desde ese año se ha producido, sistemáticamente, una degradación de la democracia, año con año, hasta caer a 6.41 en 2017, una descenso de medio punto que lo deja a 0.41 pts del 6, muy cerca del límite de lo que The Economist considera un “régimen híbrido”.
Fuente: The Economist Intelligence Unit
Por tanto sólo nos queda desear que el próximo gobierno, sea del color que fuere e independientemente de quien lo gobierne, sea consciente de la imperfección de la democracia mexicana y establezca como una de sus prioridades mejorar su calidad en México. Sobre todo porque esa propia mejora conlleva, por fuerza, una mejora de variables clave como la corrupción, la fortaleza institucional, la libertad de prensa y la pobreza fundamentales para el buen desarrollo de un país.
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Para ver más sobre la calidad de la democracia en México, lea aquí.
José Miguel Moreno
Economista por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó en la consultoría estadounidense Stone & McCarthy Resarch en Londres, Nueva York y México DF, realizando análisis para las economías de Europa y América Latina. En México fue director editorial de Infosel, así como consejero, columnista y jefe de análisis económico de El Semanario de Negocios y Economía . Además de conferencista, ha colaborado con T1msn, Invertia, Radio Intereconomía, O Estado de Sao Paulo y The Miami Herald, entre otros medios. Actualmente dirige “Llamadinero.com”, es asesor, colaborador de la revista Forbes México y profesor titular en la Facultad de Economía de la UNAM.