El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2021

El proyecto de Presupuesto de Egresos (PEF) y la iniciativa de Ley de Ingresos (LIF) para el 2021 –año que, al concluir, marcará la mitad del sexenio de esta administración- es más notorio por lo que carece, que por lo que contiene. 2019 cerró bajo el debate de la recesión, discusión que se disipó en el primer trimestre de este año, al registrarse una caída en la economía por causas imputables en exclusiva al gobierno.

Sabemos -de sobra- lo que la crisis sanitaria provocó en el empleo y en las empresas que lo producen. Sabemos, también, que el gobierno federal no quiso inyectar recursos, ni otorgar incentivos fiscales para mantener fuentes de trabajo (siendo el único país de la OCDE en no hacerlo).

Según dicho organismo, tendremos la peor caída –junto con Argentina- de todos sus países integrantes. Por ello, resulta preocupante que el Ejecutivo proponga para 2021, el mismo paquete de medidas que recetaron para el PEF y la LIF de 2020, como si nada hubiera pasado, como si no estuviéramos frente a una crisis económica que ya dejó a esta administración fuera de la historia del desarrollo y crecimiento de nuestro país.

El ingreso y el gasto programado para el 2021 es de 6.29 billones de pesos, lo que implica –con una inflación del 3.5%- el mismo monto presupuestado para este año en términos reales.

En el PEF notamos que la administración pública se sigue reduciendo (haciéndose más ineficiente), más no así el costo del aparato burocrático. Destacan los incrementos a las secretarías de la Defensa y Turismo para los proyectos del actual aeropuerto militar de Santa Lucía (al triple) y el Tren Maya (en una mitad) obras que, junto con Dos Bocas, absorberán más de 100 mil millones de pesos tan solo en 2021, lejos aún de su conclusión.

Para 2021 disminuirán las participaciones a los estados, quienes –por la inmovilidad del gobierno federal- absorbieron los costos de estímulos y subsidios de impuestos locales con motivo del Covid-19. En medio de una crisis sanitaria manejada de manera deficiente y de reclamos de miles de padres de menores que no pueden acceder a quimioterapias, resulta muy lamentable ver que el gobierno pretende gastar en medicamentos el mismo monto presupuestado para este año. 

Del lado del ingreso no observamos cambios sustanciales a la estructura impositiva, pero sí un endurecimiento a las normas del Código Fiscal de la Federación, las cuales se perfilaban ya desde la reforma aprobada el año pasado, para equiparar a los contribuyentes y a sus asesores fiscales como delincuencia organizada.

Aseguramiento de bienes, cancelación de sellos digitales (que impiden a una empresa expedir comprobantes y, por lo tanto, operar), trabas en las devoluciones de impuestos, videograbación de las auditorías fiscales, obstáculos para acceder a acuerdos conclusivos frente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (a la que nuevamente le reducen su presupuesto), mayor información al registro federal de contribuyentes y la posibilidad del SAT para re-caracterizar las operaciones de las empresas con consecuencias penales, es lo que espera a los ciudadanos y empresas que financiarán un PEF que contiene despilfarro y carece de rumbo.