¿Qué debe incluir una reforma a los sistemas de pensiones de México?: Cinco aspectos clave

Por: Oliver Azuara, Alejandra Macías, Héctor Juan Villarreal

Durante las siguientes semanas es probable que se presente alguna propuesta para la inaplazable reforma a los sistemas de pensiones de México. El tiempo apremia y los costos aumentan día con día.

¿Por qué necesita el país modificar la situación actual? En nuestra opinión hay cinco problemas de los sistemas de pensiones que deben ser resueltos de manera diferenciada. Generalmente se les suele colocar bajo el mismo “paraguas”, pero son de distinta naturaleza e incidencia fiscal variada. Aspiramos a que la eventual reforma abarque los cinco aspectos.

* El primero es resolver el desorden imperante y parar los abusos. Existen en México cientos de subsistemas de pensiones, algunos con reglas laxas y permisivas: retiro a edades muy jóvenes, bajas o nulas contribuciones por parte de los beneficiarios, no se forman reservas financieras, incluso algunos subsistemas no incluyen cálculos financieros elementales.

Gran parte de estos sistemas están “quebrados” y no es claro quién tiene la responsabilidad de hacerles frente. Por ejemplo, en algunas universidades públicas o municipios, ¿a quién culpar si no se pueden pagar sus pensiones? Más aún, ¿quién es el responsable último?

Para resolver esta situación se necesita un marco jurídico que regule todos los sistemas de pensiones donde haya recursos públicos involucrados. Debe haber elementos básicos homogéneos como la edad de retiro, el nivel de contribuciones, el manejo de las reservas y el cálculo de los flujos que tienen que basarse en la dinámica demográfica y el mercado laboral del país.

* El segundo problema se refiere a las condiciones actuales del sistema de contribución definida (las Afores). No queremos desdeñar los beneficios que dicho arreglo ha traído como mayor transparencia, ahorro nacional, fondeo de proyectos de largo plazo. También pueden presumir unos rendimientos sobre activos muy considerables.

Pese a estos aspectos positivos, existen otros negativos que ponen en duda su viabilidad: apenas una cuarta parte de los trabajadores podrá completar las semanas de cotización necesarias para obtener una pensión, mientras que una proporción menor tendrá los montos mínimos para acceder a una anualidad. Aun cumpliendo con los requisitos, no deja de ser grave que las tasas de remplazo esperadas son, en promedio, 50% menores que las tasas del sistema anterior (beneficio definido).

Además de la flexibilización y control de comisiones, una reforma a fondo no puede prescindir de que las aportaciones de beneficiarios, patrones y/o gobierno, sean mayores. El reto no es menor, además del costo financiero, se tienen que cuidar los incentivos a la formalidad en un país donde el sector informal predomina. 

Una reforma a fondo no puede prescindir de que las aportaciones de beneficiarios, patrones y/o gobierno, sean mayores

* El tercer problema es el gasto en pensiones, en gran parte derivado del sistema de beneficio definido que incluye la generación de transición. El gasto en pensiones este año asciende a más de un billón de pesos, equivalente a 4.2% del PIB (CIEP, 2019), el 85% de este gasto es del sistema pensionario anterior.

Sin una reforma integral de pensiones, el CIEP ha documentado que para el año 2035 este gasto podría superar el 6% del PIB. Lo que implica una reducción del espacio fiscal, entendido como los recursos que el gobierno federal tiene disponibles para financiar otras políticas públicas. El gasto público en pensiones ha desplazado el gasto en salud, educación e infraestructura en los últimos siete años.

Una alternativa viable para este aspecto es cerrar por completo el costo del sistema anterior y monetizar las contribuciones que los trabajadores hicieron a él. De otra manera, la alternativa será una reforma fiscal cuyo fin sea poder seguir pagando pensiones, que además son enormemente regresivas, pues 20% del gasto en pensiones se dirige solamente a 3% de los pensionados.

El gasto público en pensiones ha desplazado el gasto en salud, educación e infraestructura en los últimos siete años

* El cuarto problema es la realidad de un enorme número de personas que va a depender de la pensión no contributiva durante su vejez, resultado de las condiciones del mercado laboral (movilidad e informalidad).

Todos aquellos que nunca cotizaron en el sector formal o que no pudieron cumplir con los requisitos para pensionarse, dependerán de la transferencia que entrega actualmente la Secretaría del Bienestar a todos aquellos adultos mayores de 68 años. El monto de este apoyo apenas supera la línea de bienestar rural, lo que quiere decir que no es suficiente para cubrir necesidades básicas de los adultos mayores.

* Finalmente, el quinto aspecto que debe ser abordado en la discusión de una posible reforma es la cobertura de salud durante la vejez. El costo de atención a la población en edad de retiro representa una proporción creciente del costo total del sistema de salud, por lo que es de esperarse que se deban destinar mayores recursos fiscales para la atención de pensionados y jubilados. Sin cambios a la manera de financiarse y a la cobertura, el sistema se irá ajustando posiblemente con menor calidad de los servicios, o desplazando a otros grupos poblacionales.

Adicionalmente, hay aspectos que necesitan atención y que contribuyen a tener un sistema de pensiones más integral, tales son incentivar el ahorro voluntario, bancarización de la población, creación de instrumentos financieros de inversión de largo plazo y transparencia y rendición de cuentas por parte del SAR.

Con la reforma a las pensiones no solo estamos hablando del sistema de retiro. Las finanzas públicas, la solvencia del Estado y el bienestar de grandes segmentos de la población actual y de las siguientes generaciones entran en la discusión.

Es importante que esta discusión ocurra de manera técnica, plural y transparente, en la que queden muy claros no solo los beneficios, sino los costos públicos, privados y sociales, así como los sacrificios en que vamos a incurrir todos los mexicanos.

Oliver Azuara es especialista senior de la División de Mercados Laborales del BID; Alejandra Macías es directora de Investigación del CIEP; Héctor Juan Villarreal es director general del CIEP