Consultas sí, pero con gobernanza

Más allá del concepto tradicional de gobernanza, entendido como el acto de gobernar, debemos recordar que la gobernanza son las acciones de gobierno que incorporan a actores privados en actividades como la producción de bienes y servicios; que reconoce al gobierno, al mercado y a la sociedad civil en un espacio de cooperación y beneficio mutuo.

Estudiosos de las políticas públicas como Luis Aguilar se plantean preguntas en torno a los mecanismos de coordinación social, pero sobre todo respecto a su eficacia para el bienestar social. ¿Es la consulta pública necesaria y adecuada para todos los temas que preocupan a la sociedad civil? 

Aguilar, experto en políticas públicas, desarrolla la discusión en el campo cognitivo – como él mismo la califica – en torno a la eficiencia directiva de los gobiernos, la capacidad ejecutiva de la burocracia emanada de los círculos políticos. Para Aguilar, la legitimidad política ya no representa la discusión central en la actuación de un gobierno.

Esa discusión, dice el autor de libros clásicos como La Política Pública, quedó rebasada en la década de los setentas y obras como The Crisis of Democracy demuestran que la legitimidad alcanza mayores niveles de beneficio social cuando se presenta la rendición de cuentas.

Si los resultados son malos para la sociedad civil, rápidamente se esfumará ese logro de legitimidad en las urnas. La legitimidad en la gobernanza se gana a cada momento. Allí el riesgo de fallas en temas como el aeropuerto que necesita urgentemente la Ciudad de México.

La inconformidad de los grupos de la sociedad civil ante la crisis de la deuda de los ochentas confirmó en América Latina y en otros continentes la situación que se advertía desde mediados de los setentas en obras como The Crisis of Democracy. 

La legitimidad no es suficiente para el proceso de gobernar porque no hace infalibles a sus portadores de graves equivocaciones como gestiones financieras defectuosas y desastrosas para el rumbo de una nación. Les guste o no a los políticos los mercados están interconectados y reaccionan.

Por ello, vale la pena volver a leer a Luis Aguilar, quien defiende la importancia de conocer la estandarización de los componentes centrales de la gobernanza y a todas las propiedades del proceso de gobernar. Lleva, en resumen, al campo del conocimiento la manera de gobernar de la burocracia en turno.

Así, “los cambios han hecho que el proceso de gobernar sea el núcleo cognitivo de la política”. El proceso cognitivo del que habla Aguilar indaga sobre las reglas, las actividades, los actores, el instrumental y los resultados. En otras palabras, sobre la problematización de gobernar, sobre los errores directivos del gobierno. No son infalibles y los estamos observando.

La gobernanza es el reconocimiento implícito de los grupos políticos que alcanzan el poder por la vía democrática para gobernar incluyendo al sector privado (mercado) y a la sociedad civil, utilizando las mejores prácticas para alcanzar los resultados más convenientes para el bienestar social.

La gobernanza y la gobernabilidad son, sin embargo, una aspiración no sólo conceptual sino en su proceso cognitivo, en su desarrollo y puesta en práctica. Cada país, cada sociedad enfrentará el desafío de diseñar y poner en práctica políticas que lleve a cabo una administración pública, eficiente y con capacidad de autocrítica para corregir de manera oportuna.

En México, la gobernanza y la gobernabilidad han sido presas, sin embargo, de intereses corporativos que cubren cuotas y compromisos. La nueva gobernanza, precisamente, habla de la importancia de la independencia y la autonomía de grupos de interés, situación que aísla los riesgos de corrupción.

La gobernanza y la gobernabilidad como los caminos más directos para combatir prácticas de corrupción porque no hay espacios para la subjetividad o la discrecionalidad. Adelante con las consultas siempre y cuando se conviertan en un acto de gobernanza.

¿Democracia participativa?

Importante para la sociedad civil en México, por lo tanto, este ejercicio de preguntar a la sociedad sobre proyectos y políticas públicas. Todos aspiramos a una democracia participativa. Lo que preocupa, sin embargo, es el enfoque e intereses (generalmente políticos) con el que se realiza. Comparto aquí  algunas consideraciones del ex consejero del IEDF, Pablo Lezama, sobre las condiciones mínimas que debe considerar cualquier consulta que se respete para ser legal, legítima y transparente.

A la inversión extranjera, a las empresas mexicanas y todo empresa le preocupa el tema. Resulta que la Ley de Participación Ciudadana establece que para que sea obligatoria y vinculante, para el gobernante, una consulta tiene que presentarse con una participación muy alta de la base electoral. Éste es el primer filtro.

Importante para la sociedad civil en México, por lo tanto, este ejercicio de preguntar a la sociedad sobre proyectos y políticas públicas. Todos aspiramos a una democracia participativa. Lo que preocupa, sin embargo, es el enfoque e intereses (generalmente políticos) con el que se realiza.

 

En el caso del Corredor Chapultepec , uno de los éxitos de la sociedad civil, fue el gobierno el que aceptó que iba a acatar la consulta y se apegó al porcentaje de participación mínimo respecto del Padrón Electoral. Fue una decisión muy prudente del gobierno de la Ciudad de México.

Otra posibilidad era, simplemente, negarse a aceptarla. No debemos olvidar que lo que incentiva o mueve una consulta es el deseo de solucionar o anticiparse a un conflicto y no revivir una problemática o capitalizarla políticamente. Una consulta también busca validar la nueva dimensión del Estado en donde participa la comunidad, el gobierno pero también las empresas, el mercado, el sector privado. El mercado también tiene derechos y obligaciones como parte del Estado. 

Derechos de terceros en riesgo

En una consulta, la sociedad civil, me dijo en una entrevista Pablo Lezama, la comunidad asume como suyos los problemas que tienen que ver con el Estado.

El medio ambiente, el equilibrio ambiental, son bienes públicos que a todos nos interesa preservar. Una obra de infraestructura puede o no dañarlo. Son temas relevantes que, por lo tanto, no pueden tratarse a la ligera o politizarse porque, entonces, cobran otras dimensiones que pueden afectar a la economía, a la sociedad, a la estabilidad, a los empleos y nuestro patrimonio.

Se generan entonces vendetas políticas sobre un conflicto que no existe o que, al menos, no pertenece al universo dicotómico de un sí o un no. No es tan fácil porque, entonces, nos enfrentaríamos a la irresponsabilidad de la burocracia en turno.

¿Procede un amparo frente a una consulta mal planteada o viciada de origen? Los especialistas opinan que en donde hay involucrados derechos humanos y fundamentales, derechos de terceros vulnerados, es importante que se establezcan claramente los límites.

Éste es el caso del aeropuerto porque se compró un terreno, ya se invirtió porque se contaba con la certeza absoluta de que no se afectarían derechos básicos. Someter a consulta cualquier inversión bajo estas condiciones sería un despropósito. Aquí la diferencia es la defensa del medio ambiente y ello parece justificar la consulta. Un tema para el debate.

Así, la certeza que cada uno de nosotros tenemos respecto a nuestros derechos quedaría en entredicho y sería peligroso porque entonces no faltaría quién quiera desincentivar la participación ciudadana. Un boomerang porque los derechos a terceros no pueden estar sometidos a la mayoría.