La Procuraduría General de la República, objeto de la desconfianza de los mexicanos
“Contribuir a garantizar el Estado Democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución”. Así describe la página oficial de la PGR su misión como institución.
Sin embargo, México es uno de los países que cuenta con las peores calificaciones en cuanto a estado de derecho en el mundo de acuerdo con el Índice 2018 del World Justice Project.
La PGR también agrega en su visión, el ser una “institución de procuración de justicia eficiente, eficaz y confiable, integrada por personal ético, profesional y comprometido”.
Lamentablemente también ha fallado en este trabajo, la prueba está en la percepción de los ciudadanos, mismos que son a quienes la procuraduría debería resguardar.
Solo 13% de la población le tiene mucha confianza a la institución encargada de proveer seguridad; el 46% dice tener algo de confianza y el 38% tiene sus reservas al tener algo o mucha desconfianza según datos de la encuesta de Percepción sobre Seguridad Pública 2017.
Con cifras similares se encuentran los Ministerios Públicos y la Procuradurías Estatales en la que tan solo el 10% de la población dice tener mucha confianza.
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No obstante, la Procuraduría General de la República se ha ganado estas cifras a pulso. Basta una revisión de sus últimos grandes casos para observar la constante impunidad que permite la Procuraduría.
El caso Ayotzinapa
El 15 de marzo la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló una investigación en la que identificaron al menos 34 casos de tortura por parte de la PGR durante su investigación en el caso Ayotzinapa donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de los que hasta la fecha no se tienen noticias.
Como respuesta, la Procuraduría envió un comunicado en el que asegura que “no se ha acreditado la comisión de tales actos [torturas], salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”.
Sin embargo, los casos de tortura sí fueron investigados por la Visitaduría General de la PGR, misma que determinó responsabilidades en agosto de 2016 de acuerdo con el documento Justicia Doble publicado la ONU-DH, pero que tras el remplazo de los oficiales a cargo de la investigación, todo el proyecto fue frustrado.
Así en diciembre 2016, “las conclusiones preliminares de la investigación interna fueron modificadas, diluyendo las responsabilidades y manteniendo en la impunidad las violaciones cometidas”, señala el documento de la Oficina del Alto Comisionado.
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La remoción de Santiago Nieto, extitular de la Fepade
Las declaraciones que hizo el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) parte de la PGR, Santiago Nieto Castillo al WSJ son otro ejemplo de remoción de funcionarios con el fin de obstaculizar investigaciones.
Santiago Nieto fue removido de su puesto como fiscal electoral en octubre de 2017 mientras llevaba a cabo una serie de investigaciones en relación con presuntos sobornos pagados por Odebrecht a Emilio Lozoya por al menos 4 millones de dólares mientras era asesor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
En suma, Nieto aseguró al WSJ que el gobierno federal intentó sobornarlo para mantenerlo callado sobre el caso Odebrecht, también que fue amenazado a través de mensajes anónimos y espiado en su vida personal por su investigación.
El FBI no metería las manos al fuego por la PGR
El caso Pegasus es otro asunto que golpea la credibilidad de la PGR, pues tras ser acusados de espiar a periodistas, activistas y políticos sin motivo, se le ordenó investigarse a sí misma. Pero los resultados solo demostraron falta de seriedad de acuerdo con los abogados de las víctimas del espionaje.
Incluso la PGR pidió ayuda al FBI para colaborar en la investigación a la que el Buró contestó que no querían ser utilizados como mera fachada para dar credibilidad a las autoridades mexicanas, según reveló el New York Times.
Debido a estos y otros fallos en enero de 2016 se reformó la Constitución para que la PGR se convirtiera en una Fiscalía General de la República, sin embargo, para que eso ocurra se necesita que el Congreso publique la declaratoria de la entrada en vigor, la cual no ha sido presentada después de un año.
Pero hay otro problema, que si bien la Fiscalía será un órgano autónomo, no será independiente; el nombramiento del Fiscal General quedará en manos de la aprobación del Presidente, así como también lo sería una remoción previa, según el artículo 102.
Para que esta nueva fiscalía funcione, se generó el colectivo #VamosPorMás que agrupa a organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresarios y demás ciudadanos que buscan asegurar una mejor institución de lo que es la PGR.
MÁS INFORMACIÓN: Encuesta de Percepción sobre Seguridad Pública 2017, Inegi.
MÁS INFORMACIÓN: Justicia Doble, Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 15 de marzo de 2018.
MÁS INFORMACIÓN: El Gobierno de la República reafirma su determinación por esclarecer el Caso Iguala, conocer la verdad y sancionar a los responsables, 15 de marzo.
