Aumenta percepción de inseguridad mientras buscan impugnar Ley de Seguridad Interior
La percepción de inseguridad aumenta en el país y la política pública no logra ofrecer una solución a la ola de violencia.
El 75.9% de los mexicanos no se siente seguro de vivir en su ciudad, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del 2017, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al comparar estos resultados con los observados en el 2015, cuando solo el 67.7% de los mexicanos consideraba su ciudad insegura, salta a la vista una problemática grave: la crisis de seguridad pública que enfrenta el país.
Los espacios públicos en los que los ciudadanos se sienten más vulnerables son los cajeros automáticos, el transporte público y las calles por las que transitan a diario.
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Desde luego, estos niveles de percepción de inseguridad no son fortuitos. El 2017 fue el año con más homicidios en las últimas dos décadas. Con 23 mil 101 asesinatos, este año superó los 22 mil 409 del último año del gobierno de Felipe Calderón, el 2011, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En el 2017 hubo 18.7 casos de homicidio por cada 100 mil habitantes. A lo que se suma un repunte en el robo de vehículos con violencia, cuya cifra alcanzó los 57 mil 787 en 2017, por encima de los 45 mil 152 del 2016.
Como señala el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en un informe que publicó en 2016, desde que el gobierno del expresidente Felipe Calderón decidió en el 2006 modificar la estrategia de seguridad nacional para declarar la guerra al narco, la violencia se desató y mantiene una tendencia creciente.
Cifras de homicidio doloso, secuestro y extorsión, 1997-2017. Fuente: Segob
La actual administración federal promovió al inicio del sexenio una nueva estrategia de seguridad que intentó disminuir la violencia. En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad a finales del 2012 se propuso coordinar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, consolidar un mando único y transformar la organización institucional a través de la creación de la gendarmería nacional.
Sin embargo, a pesar de la promesa de asegurar un enfoque de seguridad pública que atendiera a la ciudadanía, con respeto de los derechos humanos y se alejara del combate directo al narco, los resultados positivos del arranque del sexenio se desdibujaron como consecuencia del incremento de la violencia en todo el país.
Hubo más de 23 mil homicidios dolosos en 2017
No solo los niveles negativos de percepción sobre la seguridad en el país son alarmantes, sino que también la cantidad de asesinatos son un síntoma del fracaso de la política pública para garantizar la seguridad ciudadana.
¿Cómo se pretende remediar la situación?
En este contexto, la Ley de Seguridad Nacional, como han señalado organizaciones de la sociedad civil como el colectivo #SeguridadSinGuerra, solo viene a reforzar un estado de cosas en el que tanto los grupos delictivos como las fuerzas del orden violan los derechos de los ciudadanos.
El nuevo ordenamiento jurídico para la seguridad del país permitirá que las fuerzas armadas, a las órdenes del Presidente, operen a discreción en los conflictos que consideren adecuados, lo que dejará a los ciudadanos a merced no solo de los grupos criminales, sino también del criterio de los militares.
Esta legislación sin definiciones precisas, sin controles ni contrapesos, advierte el colectivo, permite que cualquier acción se pueda interpretar como una amenaza a la seguridad nacional y que las autoridades actúen en consecuencia.
Las estrategias que se plantearon al inicio del sexenio quedan en el olvido por una ley que desatiende los derechos humanos por la falta de controles que le garanticen a los ciudadanos el respeto de estos.
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Los reclamos de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvieron eco en la cámara de diputados y se espera revertir esta controvertida ley. El 18 de enero, 188 diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo la nueva Ley de Seguridad porque viola alrededor de 30 artículos de la Constitución.
La información de la Segob sobre homicidios, secuestro y extorsión, sumada a los casos de abuso de autoridad como consecuencia de la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública, que denunciaron organismos como Human Rights Watch, hacen evidente el fracaso de la política pública de seguridad.
MÁS INFORMACIÓN: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), INEGI, 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017, SEGOB, 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Incidencia de los delitos de alto impacto en México, Observatorio Nacional Ciudadano, 2016.
MÁS INFORMACIÓN: Peña Nieto presenta 6 líneas de acción en seguridad pública, Aristegui Noticias, 2012.
MÁS INFORMACIÓN: 8 puntos clave de la Ley de Seguridad Interior aprobada por los diputados, Animal Político, 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Bajo el cobijo de Peña, militares violan reiteradamente derechos en México: HRW, 2017.
