La Suprema Corte ordenó regular la publicidad oficial ¿Y ahora qué harán los medios?
Después de cinco años y más de 36 mil 360 millones de pesos que abultaron los bolsillos de los medios de comunicación mexicanos, tal vez por fin se llegue a una regulación en publicidad oficial.
En junio de 2012 Enrique Peña Nieto publicó en una columna del periódico Reforma, que una de sus iniciativas prioritarias en el su sexenio era crear una instancia ciudadana y autónoma que supervisara la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios.
Dos años después, la Reforma Política – Electoral ordenaba que el Congreso de la Nación debía emitir una ley específica para regular la contratación de publicidad oficial antes de 30 de abril de 2014. Pero nunca ocurrió.
Fue hasta este 15 de noviembre de 2017 cuando se le volvió a dar una fecha de publicación a esta regulación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el fallo que ordena al Congreso cumplir con su obligación y emitir la ley que regule la publicidad de gobierno antes del 30 de abril de 2018.
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Y si bien este será un gran paso para la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos, tuvieron que pasar cinco años y montos de gastos en publicidad oficial nunca vistos para que esta regulación empezara a cobrar vida.
Entre 2013 y los primeros cuatro meses del 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 36 mil 360 millones de pesos solo en publicidad oficial. Alcanzando un máximo histórico en 2016 cuando gastó 10 mil 699 millones de pesos.
Esto de acuerdo con las cifras de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP) recopiladas por la organización Artículo 19.
Dicho monto casi duplica lo gastado por Felipe Calderón entre 2007 y 2011 en el mismo rubro, y peor aún supera los 34 mil 722 millones de pesos destinados al programa de servicios de educación básica en la Ciudad de México, que benefició a 1.2 millones de estudiantes.
Fuente: Observatorio de publicidad oficial, Fundar - Artículo 19.
De haber regulado este gasto con anterioridad al gobierno de EPN, se habrían ahorrado 15 mil 164 millones de pesos, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el aprobado para estos fines entre 2013 y 2016.
E incluso si los legisladores hubieran creado la ley que se les ordenaba desde el 2014, las arcas del gobierno federal no hubieran derrochado los 10 mil 556 millones de pesos que se gastaron de más en 2015 y 2016. Una cifra cercana al máximo histórico establecido en 2016.
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El gobierno es el dealer de los medios mexicanos
“Los medios de México son adictos al dinero público” publicó Bloomberg el primero de noviembre en 2017, dicha afirmación provenía de Carlos Ugalde, expresidente del anterior Instituto Federal Electoral (IFE).
Y era confirmada por otras voces, como la de Xochitl Gálvez, del PAN, quien aseguró que “la prensa está tan acostumbrada al dinero político que no siempre esperan a que los funcionarios lleguen a ellos”.
Fuente: Informe sobre publicidad oficial 2013-2016, Fundar, 2017.
Entre 2013 y 2016 Grupo Televisa ha sido el medio más beneficiado con el gasto en publicidad oficial, cada año entre el 16% y el 18% de todo lo gastado va a parar a sus bolsillos.
En segundo lugar se encuentra Estudios Azteca, al que se le ha dado entre el 7% y el 12% cada año. Le siguen el periódico Excelsior, Grupo Fórmula y El Universal con montos en el el 3% y 4%.
Dichos datos fueron recabados por el Centro de Análisis e Investigación Fundar y publicados en un informe en septiembre de 2017.
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El problema de recibir dinero público
Las pautas publicitarias con el gobierno inhiben a los medios de comunicación de poder realizar su rol de manera objetiva frente a una sociedad democrática, promoviendo la autocensura al priorizar los intereses económicos frente los de la sociedad, explicaba Fundar y Artículo 19 en 2011.
Asimismo, comentaban que la falta de regulación de este presupuesto afectaba la relación de pesos y contrapesos que debería existir entre medios e instituciones de gobierno, a un grado tal que este dinero era utilizado como un premio para aquellos con líneas editoriales afines al gobierno y como castigo en caso contrario.
Dicho proceder afectó gravemente en la confianza de la población en los medios de comunicación. Entre 2002 y 2017 los índices de confianza en los periódicos, la televisión y la radio reportaron caídas de entre 39 y 53 puntos, de acuerdo con datos de Parametría.
Es por ello que la SCJN determinó que “la omisión de expedir la ley señalada viola la libertad de expresión, de prensa y de información”, pues “este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones”.
MÁS INFORMACIÓN: Los narcos matan a los periodistas en México. Los políticos compran a sus jefes, Bloomberg, 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Informe sobre publicidad oficial 2013-2016, Fundar, 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Proyectos "publicidad oficial", Fundar y Artículo 19, 2011.
MÁS INFORMACIÓN: Ordena SCJN al Congresos de la Unión expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018, 2017.
