Policía Federal crea protocolo para usar fuerza con ambigüedades que podrían generar abusos
Con un resquicio en la puerta, así quedó el protocolo de uso de la fuerza de la Policía Federal.
Por primera vez la instancia cuenta con parámetros para definir el uso de tácticas y armas de acuerdo con las circunstancias.
Si bien el protocolo representa un avance en materia de transparencia y ofrece certeza jurídica a los ciudadanos sobre la actuación policial, ha dejado abiertos resquicios por los que se pueden colar abusos.
Y lo peor de todo, amparados bajo un procedimiento legal, advierten un conjunto de organizaciones ciudadanas agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), entre las que se encuentran Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Cencos y Fundar.
El protocolo no prohíbe explícitamente a los policías que intervengan en manifestaciones usar armas letales -pistolas, lanzagranadas- o potencialmente letales-balas de goma, plástico o pistolas eléctricas- tal como lo recomiendan los estándares internacionales.
Todo servidor público debe limitar su actuar a las facultades que le concedan las leyes y normas, pero si estas no aprueban, ni prohíben la portación de armas letales en manifestaciones, por ejemplo, hay un hueco legal que les podría dar pie a hacerlo.
Está no es la única omisión en el protocolo, también lo son la protección a periodistas y defensores de derechos humanos; el enfoque diferenciado en la actuación sobre grupos vulnerables; la transparencia y la rendición de cuentas previo y posterior a los operativos; el registro de armas y equipo asignados, entre otros.
El protocolo es ambiguo cuando señala que la fuerza puede utilizarse en disturbios y actos tumultuarios, la redacción se presta para justificar intervenciones arbitrarias como la que ocurrió durante las manifestaciones de la toma de protesta de Enrique Peña el 1 de diciembre de 2012, señala el comunicado del Frente.
Uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones es que el protocolo es muy general, es decir, no diferencia cómo debería actuar la Policía Federal en diferentes situaciones como desalojos, enfrentamientos con el crimen organizado, manifestaciones u operativos migratorios.
De ahí que recomienden a la Comisión Nacional de Seguridad generar protocolos específicos para cada caso concreto.
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En contraste, señalan que un acierto importante es que el protocolo especifica que la asignación de armas no letales y letales será únicamente para personal capacitado.
Además, dispensa a los policías federales de tener que acatar órdenes de sus mandos superiores que consideren ilegales, es decir, si las desobedecen no podrán ser sancionados.
Y aclara que será sancionado el policía o superior que use la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada, pues el encubrimiento de mando en actos de corrupción y el maltrato físico por parte de jefes de tropa son algunos de los principales abusos que se comenten dentro de la Policía Federal de acuerdo con informes de la situación de los derechos humanos al interior de la corporación.
Las fotografías de la prensa revelaron que en Nochixtlán, Oaxaca la Policía Federal utilizó armas letales para retirar el bloqueo, a raíz del caso la CNDH le recomendó crear un protocolo de uso de la fuerza.
La Policía Federal creó su protocolo de uso de la fuerza en respuesta a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a raíz de las violaciones que se cometieron durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de 2016.
Donde 800 miembros de la policía federal y estatal dispararon armas de fuego y utilizaron artefactos explosivos para retirar un bloqueo que mantenían los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan. El saldo fueron ocho fallecidos y más de 100 heridos.
Pero no son los únicos abusos que se han cometido, en enero de 2015 la Policía Federal ejecutó extrajudicialmente a 16 civiles desarmados -en su mayoría menores de 20 años- que realizaban un plantón frente a la presidencia municipal en Apatzingán, Michoacán.
En mayo de 2015 la Policía Federal se enfrentó a un supuesto grupo criminal en el municipio de Tanhuato, Michoacán, las familias denunciaron actos de tortura, manipulación de la escena del crimen y siembra de armas que sustentaron fotografías y testimonios en la prensa.
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Un protocolo con seis niveles
I. Presencia policial: un primer contacto con los ciudadanos donde se exige a la autoridad un adecuado uso del uniforme y actitud diligente.
II. Verbalización: orientada a la persuasión, a disuadir a los ciudadanos con la energía necesaria, pero en términos adecuados. Debe utilizarse en todos los niveles de la fuerza.
III. Control de contacto: un nivel donde se pueden dictar órdenes como deténgase, tire el arma, identifíquese y advertir a los ciudadanos que si continúan sin acatar el orden podría complicarse su situación.
El protocolo dispensa a los policías federales de ser sancionados cuando no acaten una orden por considerarla ilegal.
IV. Control físico: para inhibir la resistencia activa va desde sujetar el brazo, presionar nervios sensoriales hasta hacer llaves de sujeción.
V. Técnicas defensivas poco letales: como la formación para el control de multitudes.
VI. Fuerza letal: solo debe usarse cuando los policias corran peligro inminente de muerte o de lesiones graves y las otras medidas resultaron insuficientes, es la acción que causa daños severos o la muerte como recurrir a armas de fuego.
Los protocolos de uso de la fuerza son de vital importancia para evitar que los policías actúen con discrecionalidad o que usen la fuerza de manera instintiva, sin embargo, los resquicios pudieran dar pie a lo que con estos se quiere evitar: el abuso del poder.
MÁS INFORMACIÓN: Protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza, 18 de octubre de 2017.
