¿Está México preparado para aplicar una Renta Básica Universal?

¿Cómo te parecería recibir mensualmente una suma de dinero de parte de Hacienda solo por el hecho de ser ciudadano mexicano?

Para algunos significaría una ayuda única, para otros solo sería una adición mínima mensual si se compara con el resto de sus ingresos y para un grupo más, podría implicar un complemento significativo a su salario pero no esencial.

Sin embargo, para Hacienda significaría un golpe a sus finanzas y una carga fiscal que muchos economistas opinan sería imposible de sostener. No obstante, el Fondo Monetario Internacional está volviendo esta política duramente criticada por algunos, en algo un poco más respetable.

En su Monitor Fiscal de octubre 2017, el FMI explora la posibilidad de implementación del Ingreso Básico Universal (IBU) como una alternativa para reducir la desigualdad entre la población de los países, incluyendo a México.

De acuerdo con sus resultados si a cada mexicano le dieran un ingreso anual de 4 mil 994 pesos (416 pesos mensuales) la tasa de población con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo en el país pasaría de 19.68% a 7.68%, es decir se reduciría más de la mitad. 

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Sin embargo, esto implicaría un gasto anual estimado de 636 mil 735 millones de pesos, equivalentes a 3.7% del PIB anual del país, un monto que personas como Larry Summers, antiguo secretario del Tesoro de Estados Unidos, consideran “sería difícil financiar sin afectar los programas de ayuda a los pobres”.

Y en efecto, pues parte de la propuesta del FMI es que, de implementar un programa de IBU se tendrían que implementar medidas como eliminar los apoyos a grupos vulnerables, incrementar impuestos directos, como los de consumo; o recaudar un impuesto específico para financiar este programa. 

El motivo de esto es obtener un verdadero impacto distributivo, para ello necesita que su costo fiscal sea cero y por lo tanto sea un programa autosustentable.  

No obstante, el cálculo que hace el FMI es tomando en cuenta al IBU como un ingreso adicional a los programas de ayuda a los pobres y a otros sectores vulnerables, según su explicación metodológica, por lo que si a una persona mayor de 65 años se le retira su 65 y más y se le otorga un IBU, más que una ayuda económica implicaría una pérdida.

Esto debido a que un programa social como este da una ayuda anual de 6 mil 960 pesos, de cambiarlo al IBU propuesto por el FMI, significarían mil 966 pesos menos año. Lo que con una mirada extensiva en lugar de producir una reducción en la pobreza, podría incrementarla.

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De tal manera que el IBU tendría que ser un apoyo extra al que ya se otorga a estos grupos para que pudiera considerarse como un reductor de desigualdad y pobreza, lo que llevaría a que la eliminación de subsidios, como el de la luz, se viera como una política más atractiva para recaudar fondos para este ingreso universal.

El problema de ello es que también implica un trabajo de recaudación impecable, algo a lo que México no ha llegado, y el ejemplo está en que 8 de cada 10 pesos de los recursos estatales son otorgados por la federación y no sus impuestos locales, de acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Estatal 2016 del IMCO.

Además, el FMI asegura que para introducir un sistema de IBU como sustituto de otros programas sociales y subsidios en precios “se necesita una cuidadosa planificación para superar los desafíos políticos, sociales y administrativos”, especialmente cuando implica un gran aumento de precios.

Si a esto se agregan los constantes desvíos de fondos por parte de los diferentes niveles de gobierno, el resultado de la aplicación de un IBU mexicano no suena como un escenario ideal.

Es por ello que el FMI recomienda a los países con sistemas muy amplios de beneficios, usualmente identificados en economías emergentes como la de México, que mejor concentren sus esfuerzos en fortalecer la administración de los apoyos existentes, atacando puntualmente ciertas brechas de cobertura que se identifiquen y creando subsidios salariares bien diseñados que proporcionen incentivos para el trabajo.

MÁS INFORMACIÓN: Monitor Fiscal, FMI, octubre 2017.