Gobierno de México espía a periodistas y defensores de derechos humanos
Periodistas, activistas anticorrupción y defensores de los derechos humanos han sido vulnerados en su privacidad por "Pegasus", un programa de espionaje adquirido por el gobierno de México, según quedó consignado en el informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”, publicado hoy en el The New York Times (NYT).
A pesar de que el fabricante del software, NSO Group, señala que comercializa esta herramienta, exclusivamente a los gobiernos, con la cláusula de que sólo sirva en el combate contra el terrorismo, grupos criminales y carteles de droga; entre las víctimas de espionaje del programa, se encuentran abogados que están vinculados en la causa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014, un economista que ayudó en la redacción de un proyecto de ley contra la corrupción, los periodistas Carmen Aristegui Flores y Carlos Loret de Mola y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales perpetrados por la policía.
Pegasus, en realidad es un Malware que se "infiltra en los smartphones y otros dispositivos para monitorear cualquier detalle de la vida cotidiana de una persona por medio de su teléfono móvil: llamadas, mensajes de texto, emails, contactos y calendarios. Incluso puede usar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto", según el reportaje del NYT publicado este lunes.
Juan Pardinas -director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)- fue quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su teléfono iPhone y el móvil de su esposa fueron objetivos, en varias oportunidades, del programa espía, según un estudio forense realizado de manera independiente. Frente a esta alarmante situación señaló que: “Somos los nuevos enemigos del Estado”.
A los casos mencionados anteriormente, se suman 12 intentos de espionaje contra científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria.
Sobre los costos
Por supuesto, esta herramienta para trabajos de inteligencia no es gratuita. Cada infección exitosa, tendría un valor cercano a los 77 mil dólares. Para que te hagas una idea, espiar a diez usuarios de iPhone, por poner un ejemplo, la empresa fabricante cobra 650 mil dólares, pero hay otros costos asociados, como la cuota de instalación, que cuesta 500 mil dólares, según los presupuestos de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.
A tener en consideración:
Los intentos de invasión a la privacidad fueron muy personalizados, se lee en NYT, "llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares".
De los 88 mensajes de texto con enlaces maliciosos que han sido documentados, el dominio con mayor uso fue smsmensaje.mx, con 44.3% de los enlaces, seguido de unonoticias.net, con 31.8%, de acuerdo con el informe.
NSO Group, recientemente se ha puesto a la venta. Su valor comercial es de 1,000 millones de dólares. Esto da cuenta del potencial económico que tienen estas empresas para comercializar sus herramientas.
¿Y qué dice el Estado?
El gobierno de México reconoce haber recolectado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho, señala NYT. “Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el Gobierno realiza actividades de inteligencia”, declaró un funcionario.
Sin embargo, la ley del país señala claramente que los jueces federales son los únicos que pueden autorizar acciones o medidas extraordinarias que incluyen la vigilancia de comunidades privadas y exclusivamente en la situación de que los funcionarios demuestren que tienen un caso sólido para realizar dicha solicitud.
Eduardo Guerrero, exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias estatales que utiliza el programa espía Pegasus, declaró a NYT que “Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la Corte porque saben que no la obtendrían” y agregó “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?” “Por supuesto que no se puede justificar esa intervención”, dijo Guerrero. “Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”.