En suspenso una de las órdenes de aprehensión de Gastón Azcárraga

Por ello Miguel Ángel Yúdico Colín, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación y Servicios Similares (SNTTTASS), presentó una queja ante la PGJDF.  Presentó una inconformidad ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México que decidieron detener la investigación respecto al desvío de fondos por el que los trabajadores de tierra de Mexicana acusan a Gastón Azcárraga.

Al parecer la PGJDF, a cargo de Rodolfo Ríos Garza, sólo habría decidido seguir con la denuncia formulada por la venta de Grupo Mexicana de Aviación determinada en asamblea de accionistas en contra de Grupo Posadas; no obstante decidió detener las investigaciones respecto a la venta de los activos de Mexicana de Aviación al Nuevo Grupo Aeronáutico y a Tenedora K, cuyos representantes trabajan para el despacho de Jorge Gástelum.

Los trabajadores buscaban que las autoridades judiciales investigaran hasta qué punto Azcárraga quedó fuera del Grupo Aeronáutico; en otras palabras, buscaban indagar si la venta de las acciones de Azcárraga a Tenedora K no fue una simulación, conveniente para Azcárraga.

Sin embargo, la PGJDF consideró que, hasta ahora, no existían las pruebas suficientes para ordenar una orden de aprehensión en contra Gastón Azcárraga. También se consideró que los trabajadores mantuvieron intactos sus derechos laborales ante la transmisión de propiedades que realizó Grupo Posadas en 2005 durante la compra y venta de los activos de Cintra y de sus diferentes subsidiaras.

Mientras tanto la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) parece llevar un camino más seguro, porque al centrar su denuncia en la Ley del Mercado de Valores cuadró el delito en la violación del Artículo 383 en el que se marcan sanciones, con prisión de uno a cinco años, a las personas que difundan directamente o a través de terceros información falsa sobre valores cotizados en el mercado.

Los representantes legales de ASPA están seguros que, en su caso, sí se librará una orden de aprensión. La mala noticia, desde la perspectiva del SNTTTAS y de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) que dirige Ricardo Del Valle, es que se trata de un delito con una pena máxima de seis años. Lo que buscan los trabajadores es presionar ante los tribunales un acuerdo de compensación económica y, por supuesto, recuperar el control de la aerolínea.

Ante las autoridades judiciales también han presentado denuncias conjuntas en contra de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en específico contra su ex titular Juan Molinar Horcasitas.

Esa sería una de las sorpresas del caso porque como servidor público habría fallado en su responsabilidad de no informar sobre los problemas que enfrentaba Mexicana y que, definitivamente, registraron efectos en el mercado mexicano de la aviación comercial.

MÁS INFORMACIÓN: Mexicana de Aviación, ¿quién pagará por la quiebra?, reportaje de Arena Pública de noviembre 15 de 2013.