López Dóriga, los medios y el conflicto de interés

La investigación del equipo de Carmen Aristegui sobre la "Casa Blanca" del presidente Peña Nieto puso en la agenda pública, como nadie y con mucha claridad, el tema del conflicto de interés de los servidores púbilcos en el país.

Pero hay otros conflictos de interés a los que también les debemos poner atención en nuestras expectativas de construcción democrática, y son los de los propios periodistas y medios de comunicación.

El escándalo del periodista Joaquín López Dóriga, acusado por extorsión por parte de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, planteó también nitídamente este tema.

Este caso es "inédito" por los actores involucrados y el que una de las mujeres más ricas del país, e incluso exconsejera de Televisa, haya decidido poner el reflector sobre López Doriga, evidencia también, como señala el periodista Wilbert Torre, que "los acuerdos en el poder" se han roto.

El asunto dio pie a que la revista Proceso publicara, y destacara en su portada incluso, una nota sobre los negocios de López Dóriga, quien cobra cifras multimillonarias a gobiernos e instituciones públicas por la difusión de sus temas en cápsulas informativas en radio.

El reportero Jenaro Villamil y Proceso, han sido criticados por el propio López Dóriga, y por analistas de medios, como la revista Etcétera y el periodista Juan Carlos Romero, por haber publicado un presunto cheque falso del gobierno del Estado de México, a su nombre.

Todo indica que, en eso, hubo, en efecto, una imprecisión (que se hizo más grande por ponerse la imagen en portada), pero la verdad es que la revista Proceso no necesitaba ese cheque para acreditar su información, ya que hay múltiples facturas y evidencias públicas de los pagos oficiales a López Dóriga.

La propia revista Etcétera, desde mediados del sexenio pasado, y el diario Reforma, en el 2012, publicaron facturas millonarias del gobierno del Estado de México (en ese momento con Peña Nieto) al periodista, a través de la empresa Astrón Publicidad,  por rubros como "Comentarios de Joaquín López Dóriga"; mientras que Julio Roa, en su sitio EnLaPolitika, documentó hace meses, como, no solo con Astrón, sino también con la razón social, Ankla Comunicación, se cobran ahora servicios similares.

Cuando Reforma publicó en 2012 las facturas, la CIRT respaldó a López Dóriga y se argumentó que los pagos no eran por los comentarios en sí, sino por la publicidad en las cortinillas previas o posteriores a sus comentarios.  Sin embargo, esa versión no concuerda con muchos ejemplos, como varias cápsulas sobre el IMSS, en las que, además de las cortinillas de publicidad, el contenido de las mismas es claramente también un anuncio hecho por López Dóriga.

Lo verdaderamente inédito es que estos negocios de López Dóriga no hayan sido un escándalo antes. No son cobros ilegales, pero son, cuando menos, un fuerte conflicto de interés para un periodista y las fuentes que debe cubrir. 

Pero hay otros casos que se han evidenciado en los últimos meses, como el de Grupo Milenio y el de gobierno de Nuevo León, o el de Grupo Imagen con los gobiernos de Peña Nieto.

El diario El Norte, de Grupo Reforma, documentó y publicó hace unos días cómo el gobierno de ex Gobernador Rodrigo Medina dio el año pasado un contrato de más 500 millones de pesos para una "planta de secado de lodos residuales" a una empresa filial de Multimedios (del grupo de Milenio) que orginalmente se dedicaba a fabricar y comercializar juegos mecánicos y equipos para ferias y parques de diversiones.

La licitación se lanzó solo 6 días después de que la empresa Comercializadora Jubileo cambiara su giro para abarcar también "trabajos de ingeniería, construcción de obras públicas e implentacióni de plantas para procesar residuos"  y a menos de un mes de haber ampliado su giro, la empresa ya era ganadora del contrato millonario.

En tanto, la empresa PRODEMEX, propiedad de Olegario Vázquez Raña, dueño también de Grupo Imagen, ganó al final del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, un contrato para encargarse por 20 años del mantenimiento de calles y carreteras de la entidad, que le generará 9 mil 800 millones de pesos. 

Después, ya con Peña Nieto como presidente, PRODEMEX estaba en el grupo ganador que obtuvo la licitación para construir el Tren México - Querétaro, junto con otras empresas como Higa. Proyecto que fue cancelado súbitamente un par de días antes de la revelación de la "Casa Blanca" del presidente, construida por la misma Higa.

No es ilegal que un empresario dueño de medios de comunicación sea dueño de otros negocios, y que con esos, o con el mismo medio, le venda servicios a los gobiernos e instituciones públicas. Lo que sí puede ser, es un conflicto de interés, sobre todo cuando los contratos se asignan en circunstancias inusuales o cuando los montos son muy elevados. 

En los casos de Milenio e Imagen la suspicacia, además, es natural, porque sus líneas editoriales coinciden con estar a favor de los gobiernos que les han asignado contratos millonarios a empresas de su grupo, tal como se vio con la campaña de Milenio y Multimedios a favor de la candidata del PRI en Nuevo León, y en contra del independiente, Jaime Rodríguez "El Bronco", o como se ve constantemente con el despliegue de mensajes presidenciales en Excélsior e Imagen, en donde, por cierto, no se mencionó el tema de la "Casa Blanca" en notas informativas, hasta que la esposa del presidente salió a hablar del tema.

Pero, ¿cuántos otros casos de presuntos conflictos de interés hay en medios? ¿Cuándo les vamos a poner atención? ¿En qué medio se hará?