¿Qué hacer cuando mercado y gobierno no llegan al México rural?

Siete millones de personas en México según un estudio del Consejo Nacional de Población¹, viven en total aislamiento, es decir sin acceso a luz, agua, caminos a menos de 3 kilómetros de distancia, telecomunicaciones, radio ni televisión, servicios de salud ni educativos. En esa condición está el 41% de las localidades consideradas como rurales conforme al INEGI, o sea localidades con menos de 2,500 habitantes (188,000).

Otras decenas de miles de localidades rurales cuentan sí, con electricidad, algunos caminos de terracería y algún tipo de infraestructura de telecomunicaciones, predominante y paradójicamente televisión de paga satelital que en no pocos poblados serranos es el único medio de comunicación pues la tecnología satelital permite cubrir localidades remotas sin importar la orografía, y ante los bajos ingresos de los miembros de esas localidades, el sentido de comunidad se impone y permite contratar una suscripción para toda la comunidad, accesible en un espacio común.

Afrontar problemas y retos socioeconómicos locales desde el mercado global o la política pública urbana es un error que debemos corregir en el corto plazo. La economía global parte de lógicas, demandas, escalas, y exigencias de rentabilidad y escalabilidad incompatibles con las economías locales rurales, que son economías de subsistencia, con necesidades, idiosincrasias y valores distintos a aquéllos de los grandes centros urbanos en los que la maximización del consumo permanente y la acumulación son prioridad.

Si bien las economías-mundo como las llamara Braudel, sí requieren de las materias primas y mano de obra de las economías periféricas o locales, sin las cuales aquéllas no podrían comercializar, industrializar y exportar mercancías, los beneficios de la economía-mundo no permean en la periferia local.

En cuanto a México sabemos que la población rural ha ido reduciéndose al 22% de la población total cuando en 1960 era el 50%, ante la creciente migración de sus pobladores hacia las grandes urbes, resultado del empobrecimiento del entorno rural que empieza con la falta de infraestructuras  de  telecomunicaciones, caminos, agua, drenaje, indispensables para abrir el acceso a servicios fundamentales como la educación y la salud, y termina con la falta de un entorno habilitante de lo comunitario que permita que cada comunidad decida en forma autónoma, incluyente y participativa, qué infraestructuras no desplegadas por Estado ni mercado, pueden ellos instalar y operar para estar en situación menos vulnerable, proveerse a  sí mismos accesos y fortalecerse como agentes hacia una bienestar comunitario.

México: Condición de Ubicación de las localidades menores a 2,500 habitantes (2010)

El modelo de liberalización de las telecomunicaciones asumió erróneamente que las infraestructuras que las soportan eran mercancías que podían ofertarse en competencia en cada rincón del país y claramente México se enfrentó a la lección mercantilista que consiste en que las infraestructuras de telecomunicaciones para explotación comercial exigen márgenes altos, tan altos como la falta de competencia efectiva lo permita y por tanto su despliegue y operación en zonas remotas, escasamente pobladas por personas de muy escasos recursos no es rentable ni atractivo para los inversionistas globales y por tanto las inversiones se concentran en desplegar y ofrecer servicios en centros urbanos, densamente poblados, que sí forman parte de la economía  global.

El modelo de liberalización de las telecomunicaciones asumió erróneamente que las infraestructuras que las soportan eran mercancías que podían ofertarse en competencia en cada rincón del país

Esta situación que no es una falla de mercado sino el éxito del mercado de no hacerse presente como oferente en donde no hay probabilidades de un retorno aceptable a su inversión. El problema entonces es que una nación no puede funcionar, lograr cohesión, justicia, igualdad ni competitividad y cierto grado mínimo de bienestar individual y colectivo sin infraestructuras mínimas: agua potable, electricidad, telecomunicaciones y medios de comunicación, caminos o vías vecinales, pues sin ellas difícilmente podría haber servicios de salud, educación, información, intercambio de alimentos, comercio local y protección del territorio local y su riqueza natural y cultural.

Ello obliga a que el Estado asuma la obligación de garantizar el acceso universal a tecnologías y servicios de telecomunicaciones y medios electrónicos como habilitantes de derechos humanos de acceso a la información, libertad de expresión y como tecnologías que permiten acceder a otros derechos como el de salud y educación remotas.

A partir de esa obligación de tutela “garantizada” del Estado es que éste optó por un modelo de subsidios a operadores para que desplieguen infraestructura ahí, en donde el mercado no tiene incentivos de hacerlo. Un ejemplo es el fondo de cobertura universal que asignó recursos millonarios (años más tarde empleados en la compra de televisores digitales) y espectro  para que el operador incumbente ofreciera telefonía rural de pre-pago a precios inasequibles para las comunidades marginadas.

Otro modelo es la provisión por el Gobierno de servicios finales, sea directamente o pagando a empresas contratistas las infraestructuras y servicios finales de conectividad mínima, ya sea satelital o terrestre en escuelas, oficinas públicas como correos, hospitales o en plazas.

El esfuerzo de dar acceso gratuito a las poblaciones rurales o urbanas marginadas² y conectar personas desde sus teléfonos móviles es loable, siempre y cuando sea sostenible, funcionen las redes a velocidades y latencia aceptables como para acceder a contenidos educativos, de telemedicina y comunicaciones interpersonales y que a tales servicios se les dé mantenimiento, haya continuidad y una evolución tecnológica y lo más importante, que esas infraestructuras estén soportadas por un proyecto de apropiación comunitaria, lo cual se antoja difícil siendo programas diseñados unilateralmente desde el gobierno.

Lo comunitario debe surgir, consensarse y cuidarse desde lo local. El problema es que muchos de los 101,000 sitios conectados hoy existentes, no funcionan, la velocidad es mínima y se saturan frecuentemente y su permanencia transexenal es dudosa.

Ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con México Conectado que desde el año 2017-18 su presupuesto fue recortado en un 70% con lo que no podrá seguir creciendo en número de puntos conectados, sino que además peligra la sostenibilidad de los sitios ya instalados.

Datos preliminares encontrados en el portal de México Conectado, en el rubro de licitaciones, hechas a través de Compranet, arrojan que los montos máximos estipulados en los contratos adjudicados mediante licitaciones en el sexenio pasado, suman $7,110 millones de pesos y los montos mínimos $7,044 millones.

El contrato más cuantioso encontrado es de $644 millones adjudicado al operador Iusacell. Los rubros son diversos: infraestructura, operación, servicios, etc. ¿Qué impacto tuvo esa cuantiosa inversión? Estos puntos ¿dieron lugar a mejores servicios de salud y educación? a mejores condiciones de vida de las comunidades rurales? ¿Fue un habilitante de desarrollo comunitario? ¿los servicios funcionan regularmente? ¿Cuántas personas efectivamente los usan? ¿qué uso les dan? ¿Quién está midiendo todo esto?

¿Qué criterios se emplearon para decidir qué localidades conectar y en dónde? ¿Quiénes lo decidían? ¿Las comunidades participaron en dichas decisiones?  En septiembre pasado la hoy subsecretaria Salma Jalife y yo visitamos Santiago Nuyoó, en la mixteca alta oaxaqueña³ y no pudimos conectarnos al sitio México Conectado,⁴ pero sí pudimos -al menos yo- hacer llamadas telefónicas como usuaria visitante desde la red comunitaria 2G propiedad de la comunidad de Nuyoó, que desplegó, financió y opera en forma autónoma, gracias a otro modelo de conectividad que afortunadamente nuestra Constitución incluyó en el año 2013: las concesiones de telecomunicaciones y de radiodifusión de uso social comunitario e indígena.

Lo comunitario debe surgir, consensarse y cuidarse desde lo local. El problema es que muchos de los 101,000 sitios conectados hoy existentes, no funcionan, la velocidad es mínima y se saturan frecuentemente y su permanencia transexenal es dudosa

Este modelo es el que hay que desarrollar y analizar más de cerca como un tercer pilar fundamental de bienestar hoy poco apoyado en México.  En las economías locales, las soluciones globales de Estado y mercado no detonan desarrollo comunitario, no pueden resolver o satisfacer problemas y carencias en forma sostenible ni son compatibles con un modelo de desarrollo circular en el que los miembros de la comunidad dan a y reciben de sus territorios y recursos sin un ánimo de progreso lineal y único más basado en el consumo inagotable, acumulación de numerario y agotamiento de los recursos naturales.

Específicamente en materia de infraestructura de comunicaciones comunitarias, es preciso usar unos nuevos lentes que permitan a las comunidades decidir, invertir, operar y evolucionar sus redes desde lo local. Ello implica organización, capacitación, alianzas, y por supuesto un entorno regulatorio y de política pública habilitantes para que tanto los servicios de última milla como la infraestructura de soporte y transporte y la producción de contenidos, servicios y soluciones locales sea fomentada y apoyada tanto por el Estado como por la propia comunidad y una red de comunidades y organizaciones comunitarias.

En un ánimo de hacer el mejor uso de los recursos públicos para apoyar el desarrollo de las comunidades rurales no atendidas es indispensable aprender del pasado y entender el estado del arte de las tecnologías de acceso: fibra óptica, espectro de uso libre y la compartición de espectro no utilizado en zonas remotas es el nombre del juego.

El costo de una radio base LTE para una red comunitaria 4G hoy día es bastante bajo, asequible para que una comunidad como de 600 personas financien su propia red en lugares en donde ni la red compartida de Altán llegará, lugares en los que habitan aproximadamente 12 millones de mexicanos. ¿Pero qué necesitan dichas comunidades para contar con una red de datos propia en vista que ni el estado ni el mercado se la darán?

Primero, acceso gratuito a un bien público llamado espectro radioeléctrico  que nadie utiliza ni comparte en dichas zonas remotas y que por tanto ahí, no es escaso ni hay riesgo de interferencias; segundo, el acceso a redes de soporte (backhaul) y fibra óptica del operador preponderante y de cualquier otra red troncal es condición esencial para detonar desarrollo comunitario pues es natural pensar que los miembros de una comunidad además de comunicarse entre ellos, quieran entrar en contacto con usuarios de otras redes y con la red de Internet. La capacidad de la fibra es tal que es una infraestructura sin rivalidades pues todos caben en ella.

Tercero, un sistema actualizado, abierto y preciso que revele cuál es la infraestructura existente de telecomunicaciones por localidad. Canadá por ejemplo publica un sistema de datos abiertos en el que puedes encontrar todas las torres, radio bases, antenas de microondas, fibra óptica, frecuencias de espectro ocupadas y disponibles sin recurrir al trillado pretexto de la seguridad nacional.

El IFT está obligado por ley a desarrollar un sistema semejante de información, aunque no tan abierto, que hasta la fecha no ha podido consolidar y que es indispensable para que pequeños operadores, comunidades, municipios y potenciales empresas pequeñas y medianas puedan visualizar qué oportunidades hay, de brindar conectividad, qué infraestructura activa y pasiva hay y en dónde, y cómo podrían acceder a ella.

Steve Song ha logrado ir recabando y sistematizando esta información de varios países africanos⁵, pero en México contar con información abierta es todavía tarea pendiente e importante para descentralizar el desarrollo pues la información está concentrada en pocas manos. Los concesionarios no comerciales no pueden acceder al sistema electrónico de gestión del preponderante ni a los servicios e infraestructuras mayoristas así que, para ellos, a pesar de ser operadores, no está disponible esta información ni las ofertas de referencia.

El Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones elaboró una interesante recomendación en torno a cómo hacer un acertado indicador del impacto de las tecnologías de la información, que va más allá de la medición de la penetración de la telefonía y la banda ancha medidas como número de líneas o suscripciones por cada 100 habitantes.

El modelo usado por el Consejo es interesante pues habla de medir Infraestructura, Servicios y Comunidad como los ejes indispensables para detonar beneficios derivados de la conectividad.⁶

La recomendación es novedosa y puede tener relevancia no solo para efectos de medir impactos sino como forma de concientizar a todos los actores relevantes de la necesidad de innovar en la forma en que se pretenden solucionar problemas de falta de acceso, para partir de lo comunitario, no desde la cima del gobierno federal ni de los modelos de economía global ajena a la economía local.

Existe amplia literatura e investigación en esta materia. Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Raghuram Rajan, y mucho antes Fernand Braudel, sobre la deuda de la globalización con el desarrollo comunitario pues son dos ejes que al parecer no se cruzan jamás por lo menos no en el contexto rural mexicano.

Pero aún en economías desarrolladas, pareciera que los programas federales para subsidiar el servicio universal y el acceso a Internet en comunidades rurales, en los Estados Unidos por ejemplo, han tenido el mismo bajo desempeño e impacto que aquí: Tan solo hace unos días el New York Times publicó un interesante reportaje en el que se dice que al 2017 el 30% de la población rural de los EU carecía de banda ancha a pesar de los $4.6 billones de dólares anuales que la FCC otorga en subsidios para zonas rurales, más $600 millones que otorgó el Congreso el año pasado.⁷ 

Se habla de descoordinación gubernamental, opacidad en el destino de esos recursos que se canalizan a través de los grandes operadores de telecomunicaciones de ese país sin mayores exigencias de rendición de cuentas. En contraste, el autor describe los casos de conectividad rural desde cooperativas locales que han logrado desplegar fibra óptica en lugares como Rock County Minnesota, cuyo interés sí es servir a las comunidades miembros pues se debe a ellas. Mucho se ha documentado sobre otros casos de éxito de redes comunitarias que, usando diversas tecnologías para satisfacer diversas necesidades locales, han logrado un modelo descentralizado, sostenible, responsable y autogestivo de comunicaciones comunitarias⁸.

gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Telecomunicaciones de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deben procurar nuevos modelos de conectividad desde las comunidades, sin imponer modelos que terminan no siendo apropiados por éstas

Sus obstáculos y retos no son pocos, pero son proyectos que han generado conocimiento local, interés en general, contenidos y aplicaciones relevantes para las comunidades, innovación técnica y social puesto que algunas, como la red de telefonía celular comunitaria que hoy conecta a 64 comunidades indígenas de Oaxaca, utiliza software de fuente abierta lo que implica aprender a programar, y con la guía de personas nacionales y extranjeras con pasión por contribuir al desarrollo local y encontrar modelos disruptivos, han ido aprendiendo y apropiándose del desarrollo y gestión de su red y concientizándose de qué tipo de tecnologías quieren y cuáles no, por ser peligrosas para su cultura, su lengua, sus tradiciones y necesidades.

Tanto el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Telecomunicaciones de México y desde luego la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deben procurar nuevos modelos de conectividad desde las comunidades, sin imponer modelos que terminan no siendo apropiados por éstas.

La red troncal debe evitar caer en otro consorcio de mega operadores en cuyo radar no está acercar la infraestructura troncal al México rural ni a las economías locales no rentables para ellos. Modelos más cercanos a la cooperativa de producción serían más recomendables o al menos brindar acceso gratuito a fibra óptica a quienes no operan con fines de lucro.

La banda ancha no es una mercancía, es una infraestructura nacional esencial para montar sobre ella todo el cúmulo de servicios, contenidos, plataformas, información, comercio y transacciones financieras, democracias, gobierno electrónico y expresiones culturales, que no puede brillar por su ausencia en las localidades rurales por pequeñas que éstas sean, con el entorno propicio, ellas pueden conectarse con su propia infraestructura de acceso.