Gestapo digital: Registro de usuarios de dispositivos móviles

El desequilibrio en las relaciones entre Estado y sociedad ocasiona opresión, totalitarismo y pérdida de libertades, si el desbalance favorece al Estado.

Cuando el pacto social se rige más por el uso de la fuerza, el terror y el control, que por un orden equilibrado, que protege las libertades de la ciudadanía, nos encontramos frente a una tiranía opresora en la que criminales y autoridades son la misma cosa.

Si a ese Leviatán desenfrenado le concedemos encima el derecho de usar las tecnologías digitales para vigilarnos, seguirnos, perfilarnos, chantajearnos y controlarnos a través de nuestros teléfonos y demás dispositivos digitales y el registro obligatorio de los mismos, ¡cuidado!, nos decantamos hacia un régimen sin libertades.

El Secretario Alfonso Durazo, quizá no tiene idea de lo que vivimos en 2009 con la fallida y peligrosa implementación del RENAUT, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que, previsto en la ya abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones, pretendía que todo usuario que adquiriera un SIM o chip celular se identificara con documento oficial lleno de datos personales, y quedará inscrito en un registro centralizado de usuarios, todo bajo el argumento, falaz, por cierto, de que así se combatirían las extorsiones telefónicas.

Así, el registro de usuarios se concentró en una valiosísima base de datos que los operadores de servicios móviles tenían que alimentar al vender números celulares y que sin la menor diligencia, protocolo ni normatividad fue “resguardada” por el Gobierno Federal.

Al poco tiempo de su creación, la valiosa base de datos -una copia fue hallada en Tepito en donde se comercializaba para deleite de la delincuencia organizada y de sus cómplices en los cuerpos policiacos- ocasionó verdadero terror entre la sociedad mexicana. Ante ello y un activismo bien articulado de la sociedad civil organizada, asociaciones de consumidores, la academia, el Senado de la República decidió en abril de 2011 eliminar el RENAUT reformando la mencionada ley y un año más tarde, en junio de 2012 la Secretaría de Gobernación destruyó la base de datos y todos los registros asociados con ella, aunque para entonces ya habían circulado sendas copias. ¡Estamos hablando de varias decenas de millones de registros de personas titulares de una tarjeta SIM!

El registro de usuarios no impedirá que los delincuentes se hagan de teléfonos para operar sus redes, o bien usarán identificaciones falsas, o utilizarán los teléfonos dados de alta por usuarios legítimos, o se generará un mercado negro de tarjetas SIM ya registradas.

Es inconcebible que el Estado pretenda registrar a los usuarios telefónicos cuando debería ocuparse de la tenencia ilegal de armas. También habría que registrar las computadoras y demás dispositivos digitales e incluso por qué no las navajas, cuchillos y bats que pues pueden usarse en la comisión de un delito.

Es inconcebible que el Estado pretenda registrar a los usuarios telefónicos cuando debería ocuparse de la tenencia ilegal de armas

Los dispositivos móviles son mucho más que teléfonos. Permiten revelar la localización, actividad comercial, física, preferencias, viajes, contactos, conversaciones por mensajería y audios, actividad en redes sociales, compras, estado de salud, agenda, cuenta bancaria, fotografías, webcams conectadas y más de sus usuarios.

En nuestro continente, México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Bahamas, Paraguay y Nicaragua están libres de registros obligatorios de usuarios.

Los secundan países como Reino Unido, Suecia, Irlanda, Islandia, Hong Kong, Croacia, Yemen, Namibia, Finlandia, Serbia, Rumania, Ucrania, Lituania, Portugal, Vietnam y muchos más.

Es cierto, un gran número de países sí cuentan con registros de este tipo tanto en América, Europa, África y Oceanía como en el lejano Oriente, y de entre ellos la tendencia ha sido ir haciendo más severos los controles: registro con identificación, luego registro con identificación más datos biométricos como huellas digitales; restringir el número de SIM por persona hasta el extremo de Tanzania y Corea del Norte que penalizan con prisión a quien use su celular más allá de los límites permitidos y por supuesto el estado vigila tu actividad en línea.

Son contados los países que habiendo instaurado un registro de usuarios semejante, dedican recursos y capacitación para crear las normas, protocolos, sistemas encriptados y contratar el personal especializado para el resguardo seguro de una base de datos tan sensible y valiosa como ésta. Concentrando casi 100 millones de usuarios su valor es inestimable y ello la hace vulnerable.

El gobierno mexicano no se caracteriza por su sofisticación y disciplina en el uso de las tecnologías digitales cuando se trata de cuidar a la ciudadanía, a las instituciones, ni a la banca. Vive como en la década de los sesenta en materia tecnológica. ¿En serio cree que controlando como un panóptico digital a los usuarios de telecomunicaciones abatirá la criminalidad?

Las únicas explicaciones para querer revivir el funesto RENAUT o su versión II es o bien un desconocimiento de la experiencia anterior en México y en otros países en que solo ha servido para vigilar e intimidar a la ciudadanía, o un ánimo velado de vigilancia y manipulación que realmente es incompatible con una democracia y el estado de derecho.

Las únicas explicaciones para querer revivir el funesto RENAUT o su versión II es, o bien un desconocimiento de la experiencia anterior en México y en otros países... o un ánimo velado de vigilancia y manipulación que realmente es incompatible con una democracia y el estado de derecho

Si ese registro es un activo de cara a las elecciones venideras, como herramienta para enviar propaganda política o manipular, sepa el gobierno mexicano que está jugando con fuego. Lo mismo sostengo para el afortunadamente fallido paquete de reformas en materia de justicia que incluía entre otros atropellos a los derechos humanos, la posibilidad de usar como evidencia en un juicio penal, conversaciones obtenidas por las autoridades mediante la intervención a las comunicaciones privadas.

Pretender resolver el estado de guerra en que vivimos los mexicanos creando un régimen totalitario, represivo, que vigila y desconfía de todos incluso del orden jurídico y del debido proceso, es no entender nada, y asumir riesgos que pagaremos como Nación por muchas décadas. Equivales a adoptar el mismo estándar de conducta antisocial que los delincuentes.

Concentrar los datos personales de por lo menos 100 millones de usuarios de telefonía móvil en un registro es una receta segura para la violación de la privacidad y la libertad de expresión de los individuos. No hará nada por reducir la incidencia delictiva y mucho por propiciar el robo de identidad, las extorsiones y persecuciones, los falsos registros, el mercado negro de teléfonos y SIM y como ha ocurrido en el pasado, la corrupción de varios empleados de las telefónicas que vendían sábanas del registro de usuarios a quienes pagaran por ellas, así fue como fueron a parar en Tepito.

Insisto en la muy elemental pregunta: ¿qué problema pretende resolver el secretario Durazo con la creación del registro de usuarios de SIM? En el pasado no se resolvió ninguno.