Promesas sin evidencia

31-10-2018 08:31

Las promesas cuestan. En cada campaña electoral suenan verbos como transformar, mover, cambiar y vivir, entre otros. 

Algunos de los llamados a la acción permanecen durante el gobierno. Cada uno con la esperanza de un mayor bienestar para la mayoría de la población, sobre todo de los que menos tienen. El reto, al final del sexenio, es haber cumplido con la transformación, revolución o cambio que se prometió. La expectativa es que los votantes vuelvan a confiar.

“Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila”, un dicho popular que se refleja en cada promesa de campaña. Regularmente en México, los cómo, cuánto, quién, porqué y para qué de las políticas públicas que se plantean en campaña se van descifrando en el camino de manera casi conjunta. 

El uso de evidencia para la toma de decisiones es una práctica incipiente. Primero aparecen las promesas, después la realidad y quizá siga la evidencia. Así sucedió con las mega obras del sexenio que está por terminar.

El pasado fin de semana el presidente electo cumplió una de sus promesas de campaña, cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), después de someterlo a consulta ciudadana. La legitimidad de estas acciones aún se encuentra en duda. 

Por un lado, el presidente electo aún no toma posesión de su cargo; por otro, la constitucionalidad de la consulta es sujeto de disputa. Lo cierto es que hubo participación ciudadana. Muchos opinamos, debatimos y manifestamos lo que creímos que era mejor. Empero, entre la promesa, la consulta y la participación hubo un gran ausente: la resolución basada en información completa.

La decisión no fue fácil. Un análisis costo-beneficio integral, de buena calidad, imparcial, actualizado y de conocimiento público, pudo haber ahorrado el uso ineficiente de los recursos públicos, la inestabilidad en los mercados, el incremento de los costos y quizá la consulta misma. Allí la importancia del uso de la evidencia. 

A la fecha, existen costos y beneficios que aún no son cuantificados o no son del conocimiento público. Las estimaciones completas no se han hecho públicas para el aeropuerto de Santa Lucía, ni se actualizaron para el proyecto en Texcoco. Por lo tanto, aún desconocemos si el fallo traerá crecimiento y desarrollo al país y a la región. 

Según el documento Opciones para solucionar la saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México para ambos proyectos aún quedan pendientes por considerar diversos costos y beneficios. Todavía no son del dominio público los posibles cargos por mantenimiento, impactos ambientales, pérdida de infraestructura, compensación social, construcción de obras hidráulicas complementarias, creación de vialidades, costo de oportunidad, etcétera. 

Tampoco hay cuenta de los favores que traería la inversión, más allá del potencial de pasajeros. Hace falta evidencia que sea base de las decisiones, esas que son responsabilidad de quienes elegimos como tomadores de decisiones de los asuntos públicos. La participación ciudadana es importante, pues los resultados reflejan el grado de empoderamiento de los gobiernos. Sin embargo, cuando se trata de decidir sobre el bien común, es necesario que quienes se involucran cuenten con información completa y así se disponga con base en evidencia.

Cuando la realidad alcanza a los candidatos electos y a los electores, nos damos cuenta de que muchas de las promesas que se promovieron y que ganaron votos son muy costosas, no son viables o no hay certeza de que busquen el bienestar social. 

Las razones son diversas: compromisos políticos, financieros o por que en su momento fueron ideas que sonaban bien. Se deja de lado la evidencia de las políticas públicas que podrían orientar hacia un mejor país. Cuando los recursos son escasos y se requiere ser eficiente en el uso de estos, realizar políticas públicas basadas en evidencia se vuelve imperante. 

Si bien la justificación es importante, también lo es la calidad con que se construye, además de la apertura de información, el conocimiento metodológico y de las conclusiones. En el debate en donde unos ganan y otros pierden, es importante que la evidencia sea sólida y se argumenten los resultados de manera incluyente. 

Más aún en uso de los recursos públicos cuando éstos son limitados. No a todos tiene que gustarle, pero al menos quedará registro de que se tomó la mejor decisión para la mayoría de la población, con la información disponible. 

La semana pasada se llevó acabo la Semana de la evidencia, un festival de eventos en distintas sedes de América Latina que busca promover políticas públicas basadas en datos y análisis reales, probados  y relevantes. Más de 80 instituciones, entre ellas el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) se unieron para entender, celebrar e inspirar el uso de información imparcial y objetiva en la política pública. 

El reto no es menor, ya que no sólo se trata de que la información exista, también debe ser interesante y de valor para el público a quien se dirige. Para formular mejores políticas públicas es necesario que los tomadores de decisiones cuenten con información y análisis relevantes, accesibles y técnicamente sólidos sobre los temas de interés. Y en caso de que las resoluciones estén sujetas a consulta ciudadana, la democratización de las discusiones será avasallante.

Para tener una mejor democracia y un mejor gobierno es necesario contar con una sociedad mejor informada y más participativa.  Que avale la importancia de que las políticas públicas a implementar tengan sustento analítico y estén basadas en la evidencia. 

En la medida en que las asimetrías de información se reduzcan podremos tomar mejores decisiones y con ello fortalecer la democracia. Además de promesas cumplidas, como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, esperamos que las resoluciones lleven a un mayor bienestar y desarrollo a la nación.