Hacia un Sistema de Salud Universal

09-01-2019 07:48

Todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de la salud. Así lo establece el artículo 4to. de la Constitución Mexicana y se reitera en la Ley General de Salud.

Sin embargo, los resultados de la aplicación de las políticas de salud aún no han reflejado la calidad, ni la efectividad de los servicios provistos por el gobierno. En 2016, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares reportó 21.3 millones de personas sin afiliación en alguna institución de salud pública o privada.

El Sistema Nacional de Salud se integra por instituciones administradas por los gobiernos federales y locales, así como otros organismos privadas, cada una con su propia forma de financiamiento. Los recursos físicos y financieros disponibles en cada institución delimitan el tipo de atención que pueden recibir las personas afiliadas.

En instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) los recursos provienen de aportaciones del patrón, trabajador y el gobierno federal. En el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y Pemex, los capitales se derivan de los impuestos generales o de la extracción de los recursos naturales, sin aportaciones de los beneficiarios directos.

Quienes no tienen acceso a las instituciones antes mencionadas existe el IMSS-Bienestar (antes IMSS-Prospera) y el Seguro Popular, que otorgan atención médica. Estos últimos también se financian con impuestos generales, el primero sin cuota adicional para sus beneficiarios y el segundo con alguna contribución, según la situación económica de la persona. A pesar de estas instituciones, aún existen personas sin tener un seguro de salud. La fragmentación del sistema de salud pública ha traído inequidades entre la población, afiliada o no a algún instituto.

Aunque todos los ciudadanos tienen el mismo derecho, la provisión de servicios depende de la institución a la que se esté adscrito. Las diferencias en el financiamiento y las personas afiliadas en cada organismo se reflejan, entre otras cosas, en el gasto per cápita promedio disponible para cada asegurado. Es decir, en el gasto total de cada institución dividido entre el total de sus afiliados.

En 2018, con un gasto por afiliado de 4,290 pesos, el IMSS proporcionó cobertura de hasta 8 mil diagnósticos e intervenciones en materia de saluda materna, enfermedades transmisibles, no transmisibles, salud pública (vacunas y preventivas) y de causas externas como accidentes y lesiones. En contraste, el Seguro Popular e IMSS-Prospera brindaron atención de 1,603 y 50 diagnósticos, con un gasto per cápita de 3,135 y 936 pesos, respectivamente. Así las inequidades en el sistema de salud.   

 

La fragmentación del sistema de salud pública ha traído inequidades entre la población, afiliada o no a algún instituto.

 

Con la política de salud, anunciada recientemente, se espera que en dos años exista un nuevo Sistema Nacional de Salud. En el nuevo sistema el principal administrador será el gobierno federal a través del IMSS, en el cual los gobiernos locales interesados en participar cederán su potestad al gobierno federal. Esto representa un nuevo primer paso para el acceso universal en protección de la salud.  

Sin embargo, para la provisión de servicios de salud a través IMSS e IMSS-Bienestar, que lleven hacia la provisión de la protección de salud de manera universal, el Instituto ha reconocido diversos retos. Entre ellos están: la falta de acceso efectivo y la subutilización de los servicios, ya que una cobertura por afiliación no es lo mismo que una cobertura efectiva; hacer más eficiente el uso de los recursos disponibles, dado que en 2017 el IMSS contó con 0.7 camas por cada mil derechohabientes; mejorar el desempeño actual de los servicios médicos, ya que debido a la sobredemanda en especialidades la atención es con frecuencia inoportuna; además de los retos en las prestaciones sociales.

A pesar de las buenas intenciones para provisión de servicios de salud a la población, aún no es clara la unión de procesos, los costos de transacción interinstitucional y la homogeneidad en la provisión de servicios, así como la implementación de métricas de desempeño del sistema nacional. Esto también ha impedido que la portabilidad de los servicios de salud, anunciada y aprobada en el sexenio anterior, a la fecha sea difícil de implementar.

 

A pesar de las buenas intenciones para provisión de servicios de salud a la población, aún no es clara la unión de procesos, los costos de transacción interinstitucional y la homogeneidad en la provisión de servicios.

 

Según el estudio “Sistema Universal de Salud. Retos de cobertura y financiamiento” elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. el principal reto para tener en México un sistema de salud universal es el diseño financiero e institucional.

El nuevo sistema deberá tomar en cuenta las necesidades de la población ante el envejecimiento y la transición epidemiológica, al tiempo que reduzca las inequidades en la prestación de servicios que se brindan actualmente en materia de financiamiento, costos, cobertura y efectividad, y tomando en cuenta lo que se tiene actualmente en los distintos institutos, así como las mejores prácticas internacionales.

El reto de diseñar e implementar un sistema universal de salud no es menor. Habrá que tomar a consideración las actuales estructuras y su unificación, delimitando responsabilidades, recursos  y procesos.

La universalización en la afiliación de la salud no significa una cobertura efectiva en la provisión de los servicios. Con el sistema de salud actual, aún con la nueva estrategia del IMSS e IMSS-Bienestar, la provisión de salud no será universal hasta se garanticen servicios públicos homogéneos y efectivos para toda la población.

Con un espacio fiscal tan restringido, el diseño, financiamiento e implementación de un sistema universal de salud moderno es el gran desafío de esta generación.

 

@SunnyArely