Ni una Casa Blanca más: Aprender de los contralores

12-11-2018 10:25

El pasado viernes 9 de noviembre platiqué con más de 130 funcionarios públicos que se dedican a la anticorrupción, en su mayoría contralores federales y estatales, con motivo del último de los Diálogos vs. Corrupción, en el último Día por la Integridad de este sexenio.

Fue fácil ver en sus caras que están pasando por un momento difícil – no sólo porque como otros 1.6 millones de funcionarios públicos federales, muchos de ellos perderán su empleo en algunas semanas, sino que quiénes se queden tendrán un menor salario o alguna otra merma en la compensación por su trabajo. Sí, les pagarán menos por hacer su trabajo.

Son personas que ganan entre 56 y 198 mil pesos brutos mensuales (a estos montos habría que restarle los impuestos para saber cuánto ingresan). Pertencen sin duda al noveno y décimo decil; es decir, al 10% de hogares que más dinero ingresan en este país. Sin embargo, si bien en términos relativos ganan mucho más que el mexicano promedio, en ese mismo grupo la desigualdad es brutal, pues ahí dentro coexisten ellos y el ingeniero Slim.

Al igual que en 2009, cuando el presidente Calderón anunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) desaparecería, los funcionarios de la SFP han sido históricamente maltratados por sus jefes.

Y no es que sean particularmente ineficaces, flojos o corruptos. No. Es que la labor de la SFP está mal delimitada en la ley; no tienen mecanismos de procesamiento ágil de la corrupción que observan y las benditasbases de datos sobre compras de gobierno y funcionarios sancionados (que han dotado de cierto grado de transparencia y supervisión periodística a la calidad de las compras gubernamentales) son algo que aún les cuesta trabajo hacer, integrar, limpiar y sobre todo utilizar en su labor diaria.

 

Los funcionarios de la SFP saben dónde y cómo se hacen las grandes corruptelas pero no pueden o no tienen incentivos para documentarlo, perseguirlo o denunciarlo.

 

Entonces, los funcionarios de la SFP están atorados en un limbo en el que saben lo que está mal, lo que no funciona; saben dónde y cómo se hacen las grandes corruptelas pero no pueden o no tienen incentivos para documentarlo, perseguirlo o denunciarlo, mucho menos para exigir reformas institucionales y legales que les permitan hacer bien su chamba, porque si no los corren, los inhabilitan o los matan.

Nada de lo que aquí escribo me lo invento. Un par de contralores de alto nivel cabizbajos, con una mirada de rabia y resignación, me lo dijeron al final del evento con todas sus letras.

En ese contexto, se esperaba de nosotros, los expositores oenegeros y académicos, que discutiéramos sobre los principales retos anticorrupción... ¿pero quién mejor que los que tuvieron que hacerse de la vista gorda frente las casas blancas y las propiedades en Malinalco sabe lo que se necesita cambiar?

A la lista de recomendaciones que hice frente a ese público desencantado en vísperas de la 4T (resguardar, conservar y actualizar las 45+ bases de datos “anticorrupción” que administra la SFP en tanto no exista la Plataforma Digital Nacional, pues quién diría que pudiéramos extrañar el sitio datos.gob.mx), le sumo ésta: aprovechar todo lo que saben los contralores sobre cómo y quién burla la ley, empezando por cómo la ley se aplica doblada para no tocar a los altos funcionarios, a quienes han tenido que exhonerar una y mil veces de cargos por conflicto de intereses y tráfico de influencias y, para acabarla de fregar, lo tuvieron que hacer por instrucciones de sus superiores.

 

Si AMLO quiere acabar con la corrupción, en vez de disminuirle el salario a los burócratas y correr al 70% de la plantilla de confianza, debe completar los nombramientos que dotan de funcionalidad al SNA. 

 

Si el gobierno que empieza este 1° de diciembre desecha las lecciones aprendidas y no empieza a prevenir y procesar los casos de corrupción política pronto, el apoyo de los 30 millones de votos que obtuvo AMLO se reducirán a la mitad en poco tiempo, pues la gente no está cansada del mercado y sus beneficios en cuanto a precios y calidad de los bienes y servicios que consumimos en México.

Habrá entre mis amables lectores alguno que recuerde los años ochenta del siglo pasado y la reducida oferta de productos que había en los supermercados, por nombrar un ejemplo. La gente que votó por AMLO estaba hasta la coronilla de la corrupción; esa que juramos que no vemos pero que todos resentimos de alguna forma – aunque sea por medio del noticiero de las diez de la noche.

En concreto, si la administración de AMLO quiere realmente acabar con la corrupción dentro del sector público, en vez de disminuirle el salario a los burócratas y correr al 70% de la plantilla de confianza, debe completar los nombramientos que dotan de funcionalidad al SNA – aún si en el camino se realizan cambios legales importantes.

En primer lugar, deben nombrarse los jueces anticorrupción (los 18 magistrados de la sección anticorruoción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa), el fiscal anticorrupción (van dos procesos de selección fallidos en los últimos cuatro años), pero sobre todo, debe dotarse de autonomía a la Fiscalía General de la República. Sólo así acabará la impunidad frente a la corrupción sistémica que padecimos durante esta administración que termina.

Todo esto viene a cuento dado que el presidente electo y su equipo denominan a José María Riobóo con el poco ortodoxo pero muy revelador título de asesor en materia de infraestructura. Si el sr. Riobóo se convierte en contratista de la nueva administración, no sólo no habremos aprendido nada de nuestra historia reciente, sino que la experiencia y la labor de los actuales contralores, apesadumbrados, no habrá servido para nada.

 

@Sofia_RamirezA

*Sofía Ramírez Aguilar es maestra en economía, analista política y miembro de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad