#LozoyaGate: de investigaciones periodísticas a acciones de gobierno

30-05-2019 06:59

Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Hechos recientes denotan que el trabajo periodístico es –muchas veces- el origen de investigaciones periciales.

Por un lado, el día de ayer fue detenido en Mallorca, España, el presidente del Consejo de Administración, Alonso Ancira, de la acerera más importante de México, Altos Hornos de México SA (AHMSA), por delitos que aún no conocemos.

AHMSA, empresa comprada al Estado mexicano por la familia Ancira en 1992, compró Fertimex -otra empresa privatizada durante el sexenio de Carlos Salinas-, de la cual surgieron dos empresas distintas: AgroNitrogenados y Fertinal.

Filiales de PEMEX compraron a AgroNitrogenados en 2014 por 475 MDD (activos y rehabilitación) y Fertinal en 2016 por 255 MDD. Ambas adquisiones ocurrieron, según documentó posteriormente la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con un sobreprecio y sin que se tradujeran en beneficios económicos para PEMEX.

Importante es que todo esto ha sido documentado por años por periodistas de diversos medios, incluyendo Quinto Elemento Lab. Importante es, también, que entre diciembre 2012 y febrero 2016, Emilio Lozoya Austin -hombre cercano al presidente Enrique Peña Nieto desde su campaña- fue director de PEMEX, coincidiendo con el periodo de ambas transacciones. Pero más importante aún es que, en 2014, un mes después de la adquisición de AgroNitrogenados por parte de la filial de PEMEX, AHMSA pagó 3.7 MDD a una Grangemouth Trading Company, empresa offshore de Odebrecht.

¿Y qué nos genera más dudas? Que esta empresa offshore está vinculada a transacciones de la empresa Zecapan, firma que los delatores del caso Odebrecht relacionaron con Emilio Lozoya Austin… aunque su abogado niegue cualquier vínculo de éste con Zecapan. Eso estará por verse.

Además, ayer nos enteramos que existió por un día una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, quien desde PEMEX entregó tres contratos a la constructora brasileña Odebrecht (Brasil) entre 2013 y 2016: dos para obras en la refinería Miguel Hidalgo en Tula, uno para la refinería de Salamanca.

Trascendió en medios y redes sociales que la orden de aprehensión se giró por los delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal… ninguno los cuales es un delito de corrupción (decreto de reforma al art. 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, DOF abril 2019). Sin embargo, ayer mismo un juez federal le concedió la suspensión provisional, entonces básicamente estamos casi en el mismo lugar que al principio.

 

¿Y qué nos genera más dudas? Que esta empresa offshore está vinculada a transacciones de la empresa Zecapan, firma que los delatores del caso Odebrecht relacionaron con Emilio Lozoya Austin

 

Todo esto es importante porque Lozoya Austin es (¿fue?) un hombre muy cercano a EPN desde su campaña como coordinador de vinculación internacional. En 2016, como parte del acuerdo entre la Corte de Manhattan y Odebrecht, se publica que la empresa brasileña sobornó a funcionarios de 12 países para obtener y ampliar contratos de infraestructura. Sólo en México, los sobornos ascendían a 10.5 MDD y fueron realizados durante el periodo 2010-2012, según investigaciones periodísticas, incluyendo a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador prometió que no habría cacería de brujas pero seguiría con las investigaciones iniciadas con anterioridad. Muchos leyeron esto como un pacto de impunidad de AMLO con la administración saliente. Otros consideran que una golondrina no hace verano y que uno o dos procesados no hacen la diferencia.

En este contexto, si detienen a Emilio Lozoya, será como jalar el hilo de una madeja: tal como su abogado Coello dice, él no actuó solo, pues el Consejo de Administración de Pemex estuvo presente en cada una de las adquisiciones… consejo en el cual estuvieron representados SHCP, SENER, SE, SEMARNAT y CFE, y que es una ruta rápida para buscar vínculos del expresidente Peña con las gestiones de Lozoya.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, a cargo de Santiago Nieto, mandó bloquear esta semana las cuentas de Alonso Ancira, de Altos Hornos y de Emilio Lozoya, y de otras personas vinculadas. Ayer mismo Santiago Nieto informó que ya se habrían descongelado 47 cuentas (18 el 29 de mayo y 29 el día previo) por instrucciones del Presidente, con lo cual da cuenta que éstas se bloquearon sin mediar orden judicial, violando las disposiciones legales aplicables.

La semana pasada, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sólo se pueden bloquear cuentas si (1) la UIF interpone denuncia penal ante Fiscalía General de la República para solicitar que un juez federal emita una orden judicial, o (2) a petición de una autoridad extranjera o (3) de un ente internacional acreditado. En este caso, la UIF se brincó el procedimiento judicial y bloqueó las cuentas, sin una orden judicial, por lo que es muy probable que por la vía del amparo pueden desbloquearse prácticamente todas.

Toda esta situación puede poner rápidamente en problemas a la 4T. En primer lugar, porque AMLO estaría incumpliendo el compromiso de no perseguir a corruptos del pasado. En segundo lugar, asusta pensar que entre que son peras o manzanas, la UIF pueda bloquear cuentas sin órdenes judiciales, mermando aún más la confianza de los inversionistas.

La situación económica requiere más inversión, no menos, para crecer a un muy moderado 2% anual… del prometido 4% ya mejor ni hablamos. Y sólo tener que ampararse contra el bloqueo de cuentas afecta más a quiénes no tienen la liquidez o los recursos para pagar (buenos) abogados en caso necesario. Nadie en su sano juicio quiere pelearse en tribunales con el Estado.

Sin embargo, este mismo conjunto de sucesos tiene réditos políticos para Morena y para el presidente porque este domingo 2 de junio se celebran elecciones en 6 estados, de los cuales hay 2 gubernaturas en juego (Baja California y Puebla). La gente quiere ver culpables pagando condenas. Veremos si el #LozoyaGate incrementa los márgenes de victoria del partido oficialista.

También gana el fiscal Gertz Manero, quien prometió presentar casos de corrupción en poco tiempo y estaría cumpliendo con ello. Sin duda, el mayor beneficiado de todo esto es Santiago Nieto, cesado durante la administración Peña de su encargo al frente de la Fepade, supuestamente por investigar a Lozoya y a Odebrecht en su relación con posibles delitos electorales en 2012, ahora protagoniza acciones de alto impacto mediático y político en contra de Lozoya, Odebrecht y sus socios.

No perdamos de vista el caso: usar al Estado para perseguir a culpables está bien, pero requiere precisión, legalidad y buen criterio. Hacerlo de manera arbitraria puede salirnos muy caro. Esperemos que el gobierno de AMLO se ponga las pilas y haga las diligencias necesarias para que se le finquen delitos de corrupción a quienes los cometieron, pero lo hagan de una forma aseada, legal y transparente.

 

@Sofia_RamirezA

* Sofía Ramírez Aguilar es directora adjunta de investigación aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, analista política y columnista de Arena Pública.