Presupuesto 2019: el austero combate a la desigualdad

21-12-2018 09:25

Hay al menos tres criterios económicos para juzgar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 presentados ante la Cámara de Diputados: El financiero (¿Puede sostenerse el gasto con los recursos disponibles?), el de incentivos (¿Promueve el uso de recursos públicos la actividad económica?), y el distributivo (¿Se impulsa la igualdad de oportunidades para el bienestar?). 

Estos elementos están interconectados, pero en cada uno de ello se pueden distinguir aciertos y errores (ver análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, de donde proceden las cifras citadas más adelante). Sin embargo, es posible que en el tema distributivo puedan darse, por ahora, las limitaciones más severas.

Financieramente, el presupuesto es claramente sensato y responsable. Excluyendo el costo financiero de la deuda (3% del PIB) el gobierno planea gastar menos que lo que ingrese (un ahorro del 1% del PIB). Este plan está pasando la prueba máxima, la confianza de los mercados, a pesar del escepticismo de algunos expertos. Pese a ello, aquí comienzan los problemas distributivos. 

Al no plantear un aumento en los impuestos, y al heredar un enorme pago de pensiones (3.95% del PIB), el presupuesto está forzando una austeridad que limita las posibilidades redistributivas de la acción pública. Además, la contención fiscal impide reducir la deuda como proporción del PIB, con lo que se traslada a futuras generaciones buena parte del costo de lo que las actuales consumirán.

 

Al no plantear un aumento en los impuestos, y al heredar un enorme pago de pensiones (3.95% del PIB), el presupuesto está forzando una austeridad que limita las posibilidades redistributivas de la acción pública.

 

En cuanto a los incentivos, en principio pareciera que se crean mejores condiciones para la actividad económica con la elevación del gasto público en infraestructura, el cual pasa de 1.5% en 2018 a 2% del PIB en 2019. Sin embargo, proyectos clave como el Tren Maya y la rehabilitación de infraestructura aeroportuaria, distan mucho de tener información clara respecto a su rentabilidad social y sus sinergias con la actividad productiva.

Además, en términos distributivos, la reducción del IVA y del ISR a la frontera norte (que la beneficiaría con al menos 42 mil 200 millones de pesos de recaudación sacrificada) opaca los 6 mil millones que serán dedicados inicialmente al tren, lo que significa que hay más incentivos a la actividad económica de la zona relativamente más rica del país que al sur-sureste, donde más pobreza existe.

La evaluación propiamente distributiva a nivel regional tiene un saldo mixto.  Si bien el gasto federalizado (que termina en manos de las entidades federativas o en acciones que les benefician) reduce notablemente el Ramo 23, fuente de asignaciones que poco o nada tenían que ver con reducir la desigualdad regional, por otra parte, mantiene una nula sensibilidad del gasto agregado de otros ramos a las necesidades regionales.

Por una parte, se eleva en 8% el Ramo 28 (que a grandes rasgos distribuye recursos de acuerdo con la capacidad económica de los estados) mientras que sólo aumenta 2.7% el Ramo 33 (que en general asigna recursos regionalmente de acuerdo con las carencias de servicios como salud, educación e infraestructura, entre otros). El impacto distributivo de estos ramos se cancela mutuamente.

Por otra parte, el gasto social federal presenta debilidades en su capacidad distributiva. Por un lado, si bien se incrementa el gasto real en salud, este se reduce en términos per cápita y como proporción del PIB (de 2.50 a 2.48%). Esto hace particularmente difícil que el IMSS, al absorber al Seguro Popular, homologue al alza los paquetes de servicios y comience a construir un sistema de salud verdaderamente universal que iguale derechos sociales.

 

el gasto social federal presenta debilidades en su capacidad distributiva... pero el mayor problema es su posible uso discrecional y clientelar.

 

Por otro, el gasto en educación, si bien se incrementa en términos reales por primera vez en cuatro años, apenas se eleva como proporción del PIB (de 3% a 3.1%). El 63% de este gasto es progresivo al dirigirse a la educación básica, pero aún dedica un 16% a la educación superior, con un impacto inmediato regresivo. La educación media superior, si bien recibe el mayor impulso presupuestal, probablemente lo haga con el instrumento incorrecto: las transferencias de dinero.

Las becas educativas pueden contribuir a combatir el elevado abandono escolar en la educación media superior, pero no van a atender los problemas de calidad educativa, formación de habilidades y pertinencia de lo aprendido que representan obstáculos mayores para proseguir estudiando. 

De la misma forma, las becas laborales que se proponen no corregirán las carencias del sistema educativo que sus beneficiarios arrastrarían al primer empleo y a los programas de capacitación para el trabajo, así como las pensiones a adultos mayores no remedian la falta de empleos formales para acceder a una jubilación digna. 

Sin embargo, el mayor problema de estos y otros programas es su posible uso discrecional y clientelar por falta de reglas de operación claras y el uso de un defectuoso registro de beneficiarios (el denominado Censo del Bienestar).

En suma, habrá que moderar el entusiasmo por el carácter “social” del presupuesto de la nueva administración y mejor dejar que sean los mercados los que en esta ocasión celebren.

 

@equidistar