Poder económico y mercados

09-11-2018 10:03

Resulta trágicamente entretenido ver cómo los críticos de Andrés Manuel López Obrador defienden la concentración del poder económico hablando de la importancia del libre mercado y cómo los defensores del tabasqueño subestiman a los mercados intentando limitar la influencia de los económicamente poderosos.

Lo entretenido es la discusión, por momentos cómica, entre quienes no quieren ver la verdad que hay en el otro, el diálogo de ciegos.

El poder económico en pocas manos y los mercados que nos afectan a todos no son lo mismo. Se puede limitar legítimamente lo primero, pero conviene hacerlo con el menor efecto sobre los segundos.

La tragedia estriba en que el bienestar social requiere una mayor igualdad y libertad económicas, y ambas están saliendo lastimadas en el intento de anteponer el poder político al económico que declara perseguir López Obrador.

De acuerdo a Credit Suisse, en 2018 sólo 0. 1% de la población adulta en México tiene fortunas de al menos un millón de dólares. En ese contexto, el estudio realizado para Oxfam-México por Gerardo Esquivel -propuesto como futuro subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda- encuentra que, desde 2011, los cuatro hombres más ricos del país (Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego) han controlado una riqueza conjunta equivalente a 9 puntos del PIB.

 

El poder económico en pocas manos y los mercados que nos afectan a todos no son lo mismo

 

 

Claramente, un grupo muy reducido de personas tiene el poder económico para ejercer una influencia desmedida en los asuntos públicos, que puede ir desde beneficiarse de la falta de mercados competitivos, hasta de actos de corrupción, pasando por privilegios fiscales con legislación a modo.  

Sin embargo, el problema de intentar limitar el poderío político que representa esta concentración de riqueza es que la mayor parte de ella se mueve en los mercados que afectan al resto de la población nacional, e incluso a agentes económicos extranjeros.

Una poco cuidadosa intervención sobre los intereses de los poderosos puede repercutir en todos los demás. Un caso palpable es la suspensión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

El día del anuncio, el precio del dólar en nuestra moneda subió casi 5%. Días después, la tasa de interés de los bonos a 10 años del gobierno mexicano subió más de medio punto porcentual. En ese lapso, las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y HR Ratings rebajaron de estable a negativa la perspectiva económica del país.

En suma, los mercados reaccionaron de inmediato, y aunque esta reacción no puede atribuirse sólo al tema del aeropuerto, ni la misma se desbordó, sí prefigura lo que podría ocurrir repitiendo acciones semejantes: elevación de precios al consumidor por la depreciación cambiaria, mayor costo del crédito para las empresas y un panorama adverso para la inversión, el crecimiento, el empleo y los salarios.

La dificultad para separar el poder político del poder económico, por el efecto no deseado que esta acción pudiera tener en los mercados, no significa abdicar del objetivo de poner los intereses del Estado mexicano por encima de los de un grupo. Lo que quiere decir es que hay que cuidar los medios para alcanzar este fin.

Quizás lo más elemental es evitar que cualquiera de los cuatro hombres más ricos de México tenga una influencia indebida en el nuevo gobierno.

 

La dificultad para separar el poder político del poder económico no significa abdicar del objetivo de poner los intereses del Estado mexicano por encima de los de un grupo.

 

 

Sería una muy mala señal política y económica que algún secretario de estado o un regulador de un sector económico clave proviniera de entre los colaboradores de algún magnate, o que un contratista se insertara de lleno, directa o indirectamente, en la toma de decisiones del reemplazo del aeropuerto.

Otra forma de limitar la mala influencia de los poderosos sin afectar adversamente el libre mercado sería promoviendo una vigorosa competencia entre ellos, de tal forma que predominen como proveedores de la sociedad y el gobierno aquellos con la mejor oferta de bienes y servicios, y no quienes pretendan aprovecharse de oscuros contubernios.

Las asignaciones directas de contratos para construir refinerías o para dispersar los recursos de los programas sociales serían otra pésima señal económica y política.

 

Sería una muy mala señal política y económica que algún secretario de estado o un regulador de un sector económico clave proviniera de entre los colaboradores de algún magnate

 

 

Finalmente, aunque hay muchas otras formas atacar la concentración del poder económico en su intento por imponerse al poder político, con la menor afectación de los mercados (como el combate directo a la corrupción), cabe destacar el planteamiento de una reforma fiscal recaudatoria y redistributiva.

Con la debida solidez técnica, nuevas medidas fiscales debilitarían el poder económico de unos cuantos, fortaleciendo la posición de los ciudadanos de una forma menos onerosa que cancelando contratos. Renunciar a establecer nuevos impuestos sería posponer el fortalecimiento del Estado respecto al poder económico.

No hay defensa válida de los mercados ignorando que pocas personas sacan el mayor provecho de ellos cuando la riqueza está concentrada. Tampoco hay justificación a la limitación del poder económico que pase por alto la afectación a los mercados que nos impactan a todos.