El presente gobierno está desaprovechado otra oportunidad para diferenciarse de administraciones anteriores y avanzar decisivamente en la construcción de un estado de bienestar.
Con la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de las leyes secundarias a diversos artículos constitucionales en materia de educación, el presidente López Obrador se ha distanciado de la hostilidad hacia los maestros de Enrique Peña Nieto, sólo para parecerse demasiado al expresidente Carlos Salinas, al cultivar intereses de grupo que van en el camino de anteponerse al interés general.
La rectoría del Estado para conducir el sistema educativo está siendo vulnerada por el desafío de la CNTE traducido en cambios legislativos que permiten a los liderazgos sindicales ejercer un poder desproporcionado. Por supuesto, esto no sería atribuible directamente al presidente, que no legisla, de no ser porque el líder de la bancada de MORENA, Mario Delgado, ha aceptado que traduce en leyes los acuerdos que el presidente tiene con otros actores. Las correas de transmisión son malos mecanismos para balancear poderes.
Las leyes secundarias contrarrestan la relativa mesura que se había alcanzado en la reforma constitucional. En esta última se planteaba un modelo educativo basado en la excelencia y la inclusión, poniendo en su centro el derecho de los niños, niñas y jóvenes a aprender. También, mantenía la evaluación y la competencia entre los posibles maestros para su ingreso al sistema educativo, procurando que los que presentaran un mejor desempeño en las pruebas respectivas fueran quienes llegaran a las aulas. Esto evitaría desde las prácticas extremas de herencia o venta de plazas, hasta las no tan drásticas, pero no por ello inocuas, de dar pase automático o empleo garantizado a los normalistas.
Hoy, el presidente ha prometido plaza automática a todos los graduados de las normales, condiciones para la contratación de docentes que no son competitivas, y criterios de promoción poco transparentes, en donde la evaluación sistemática resulta secundaria. Esta promesa se ha traducido en una legislación que, pretendiendo conciliar la Constitución con la voluntad presidencial, abre la puerta a rendir la implementación de la ley a los intereses de la cúpula sindical. Así, los normalistas tendrán en la ley prioridad que podría equivaler a plaza asegurada sin competencia con otros candidatos, existirán evaluaciones sin posibles consecuencias de mejora educativa, y habría promociones donde la fuerza sindical prive sobre criterios y procedimientos basados en el mérito.
A estos aspectos de la contrarreforma educativa se suma el debilitamiento del órgano evaluador, antes autónomo, mediante nombramientos cuestionables de quienes lo integran. En suma, se mengua el poder del Estado como definidor, constructor y conductor de las instituciones más allá de los intereses particulares de un grupo, aunque el gobierno en turno se beneficie de un aliado electoral útil para refrendar su autoridad ‘democrática’, ya apuntalada mediante el reparto transferencias monetarias.
Ante este panorama, un recurso de mejora es la improbable prudencia de la bancada del presidente en el Senado para que, junto con la oposición, modere los excesos más visibles de la contrarreforma. Esto significaría reglamentar a detalle el ingreso, la asignación y la promoción del personal docente en la carrera magisterial dejando poco espacio a decisiones discrecionales.
Otra lejana posibilidad de corregir el curso es que la oposición plantee una controversia constitucional ante el no siempre nítido choque entre los propósitos de la Constitución y los procedimientos con los que quiere materializarlos la legislación secundaria. El problema aquí es que la ley puede ser congruente con la Constitución, pero los órganos que la apliquen pueden estar capturados por los líderes magisteriales.
Finalmente, la más remota posibilidad de que la contrarreforma no sea un claro retroceso es la democratización de la vida sindical del magisterio, en lugar de promover y aprovechar su corporativismo con fines electorales.
De no darse alguno de los elementos anteriores, se estará reeditando la vieja historia de entronización de aliados políticos en el sector educativo mientras las nuevas generaciones deterioran aún más sus posibilidades de enfrentar el futuro.
Twitter: @equidistar
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.