La oferta del año: Los estudiantes al IMSS

¿Acaso se están disponiendo de recursos públicos de manera indebida, aunque sea loable el objetivo? ¿Cuánto le costará al IMSS y a las finanzas públicas estas nuevas afiliaciones gratuitas? ¿Tiene algo que ver esta oferta del gobierno federal con el año electoral y de cara a las candidaturas hacia 2018?
15 Mayo, 2016
El Observador

Leo en el portal de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un anuncio que llama la atención: “Si estudias prepa o bachillerato, la universidad o un posgrado, en cualquier institución pública tienes derecho al IMSS”.

Francamente no me resisto y al darle click al anuncio, aparece en la pantalla de mi computadora una frase más, con letras grandes y rojas, que me invita: “Pasa la voz”.

¡Claro que voy a pasar la voz! Suena bien.

Otorgarle seguridad social a los estudiantes por el solo hecho de estar inscrito en una escuela pública, es una gran oferta del gobierno federal. ¿Cómo decir que no, o minimizar una propuesta así? Y más aún cuando el propio portal del IMSS nos dice que se busca afiliar a 7 millones de estudiantes en todo el país ¡de manera gratuita!

¿Acaso se podía pedir más? Con esta oferta los millones de estudiantes tendrán derecho a la atención médica, a medicamentos y a los servicios hospitalarios sin ninguna restricción sobre cualquier enfermedad que requieran los muchachos (Y no tan muchachos porque también incluye a quienes están haciendo estudios de posgrado, sin límite de edad).

Es una propuesta de política social loable, aplaudible desde el punto de vista de los beneficios para la atención de la salud de millones de jóvenes.

De hecho me recuerda algún episodio familiar en algún hospital público de Buenos Aires durante los años de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Aquel hospital público bonaerense al que llegó mi madre por deshidratación, parecía un hospital privado, lujoso. Con grandes pantallas planas para indicar el nombre y el número de turno del paciente, el consultorio al que debería dirigirse y el médico que la atendería. Una atención de primera: rápida, con un médico competente que se tomó el tiempo necesario y con medicamento incluido. Y lo mejor: ¡Gratis!

Mi madre –derechohabiente del IMSS en aquel tiempo- quedó sorprendida y prendada de la seguridad social argentina. “¡Qué va, nada que ver con México!” me dijo casi en tono de reclamo. Y cómo no, si nunca había recibido un trato siquiera cercano en la clínica del IMSS que le corresponde en Cuernavaca, en donde vive.

Todo lo contrario. A sus 82 años debería formar la fila desde las 6 de la mañana para atender una cita médica que apenas si duraba 5 o 6 minutos con algún médico que no conocía, porque los cambios de médicos son cosa rutinaria en aquella clínica del IMSS.

Una mañana completa que se alargaba hasta el mediodía porque era costumbre de mi madre exigir (¡qué digo exigir, pelear!) los medicamentos que requería, porque éstos se consideraban como “costosos” para el IMSS y, por lo tanto, su disponibilidad era limitada para los afiliados. Aunque, claro, mi madre ya sabía que tenía que llegar –con voz fuerte- hasta la misma dirección de la clínica si quería obtenerlos. Y sí, siempre los obtuvo, aunque con ello se desatara su gastritis.

¡Cómo no iba a comparar a ‘su’ IMSS en Cuernavaca, con aquel elegante hospital público de Buenos Aires!

Claro que aquellas políticas populistas de los Kirchner –con hospitales públicos de lujo y toda la cosa- acabó quebrando las finanzas públicas argentinas y es muy probable que aquel hospital bonaerense que atendió gratuitamente a mi madre, haya dejado a un lado los lujos de aquel tiempo y ahora se parezca más a nuestras clínicas del Seguro Social.

Eso lo saben –y lo viven- millones de afiliados y trabajadores del IMSS todos los días. Nuestros sistemas de salud públicos –IMSS, ISSSTE, Salud y sistemas de salud estatales- no solo están saturados, sino que tienen fuertes problemas de infraestructura y de equipamiento, graves carencias en la calidad de atención a los pacientes y falta de medicamentos, entre otros problemas que no se han resuelto; sin enumerar los problemas administrativos y financieros que enfrentan las instituciones públicas de salud en el país.

Por esta realidad palpable que viven millones de mexicanos a diario, es que saltan las preguntas de “los ¿cómo?” ante la oferta del gobierno federal de afiliar a 7 millones de estudiantes al IMSS. Una iniciativa, por cierto, que nace con José Antonio Meade, el secretario de SEDESOL, tan de moda últimamente; y que se concreta con Mikel Arriola, el director general del Seguro Social.

Las preguntas quedan allí, buscando respuestas: ¿Acaso la oferta –con fines loables de afiliar a millones de estudiantes- no contradice el artículo 134 constitucional en relación a la administración de los recursos públicos de acuerdo a los objetivos para los que están destinados? ¿Acaso se están disponiendo de recursos públicos de manera indebida, aunque sea loable el objetivo? ¿Cuánto le costará al IMSS y a las finanzas públicas estas nuevas afiliaciones gratuitas no contempladas originalmente? ¿Tiene algo que ver esta oferta del gobierno federal con el año electoral y de cara a las candidaturas hacia 2018?

Como dicen los economistas: ¡No hay almuerzos gratis!

Samuel García Samuel García Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.