Un gran paso

La declaratoria de “agentes económicos preponderantes” en sus mercados que dio a conocer la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, a América Móvil -que incluye a Telmex y Telcel- y a Televisa, es un paso enorme en la dirección correcta. No menor, y en complemento a la decisión anterior, es la convocatoria que lanzó el IFT para licitar frecuencias de televisión abierta para formar, por lo menos, dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional que comenzarán a operar hacia el segundo semestre del próximo año. Un hecho histórico para la competencia en sectores estratégicos del país.

La trascendencia de estas decisiones es comparable al triunfo de la oposición en las elecciones de 2000 que llevó a México, por primera vez en más de siete décadas, a una alternancia electoral.

Y es que las nuevas reglas de competencia en los mercados con reguladores fuertes e independientes con capacidad de decisión sobre los regulados para hacer frente a las extendidas prácticas monopólicas en la economía que han empobrecido a la población y lesionado la competitividad y el crecimiento económico, abren las puertas no sólo a un nuevo arreglo institucional, sino también a un mayor dinamismo e inclusión económica y social.

Este paso se inició con la firma del Pacto por México en el que los partidos políticos y el gobierno federal acordaron garantizar el acceso equitativo a las telecomunicaciones a través del reforzamiento de la autonomía del órgano regulador y de una mayor competencia en los mercados de radio, televisión, telefonía y servicios de datos.

Pero nada de eso era posible con una estructura cuasi monopólica de estos mercados con empresas como Telmex con 86% del mercado de telefonía fija, Telcel con 70% del mercado de telefonía celular o Televisa con 70% del mercado de la televisión abierta y con una posición dominante en los mercados de televisión restringida (satelital y por cable) en el territorio nacional.

Era urgente, entonces, que el nuevo regulador de las telecomunicaciones reconociera esta realidad a través de la declaratoria de “preponderancia”, a fin de aplicar a estas empresas dominantes una serie de regulaciones especiales que allanaran el camino de la competencia en estos mercados.

Pero también las decisiones del Pacto por México en lo concerniente a las telecomunicaciones -que ahora se concretan a través del IFT- envían una clara señal sobre la preponderancia del Estado sobre los llamados poderes fácticos cuando se trata del interés público.

De allí la importancia de las decisiones que tomó el IFT.

Es evidente que este solo hecho no detonará la llegada masiva de competidores a mercados intensivos en capital. Hay que recordar que la enorme participación de mercado, la experiencia, el reconocimiento de marca y la fuerza económica de empresas como Televisa, Telmex o Telcel, siguen allí. Pero sí abre nuevas posibilidades en mejores condiciones de competencia para jugadores que deseen participar; con mejores perspectivas de precios y calidad para los consumidores.

También es evidente que en las obligaciones impuestas por el IFT a Televisa y a América Móvil aún existen dudas, ausencias de detalles y hasta vacíos que la autoridad aún debe aclarar a las empresas y que debe complementarse con la expedición de la ley secundaria que el Congreso discutirá en las próximas semanas.

Ahora que para que este trascendente paso inicial del IFT se consolide, será crucial que la ley secundaria ratifique a cabalidad -y sin ninguna duda- el acuerdo 40 del Pacto por México sobre la “capacidad decisoria” del IFT respecto de los intereses que regula. Si en la decisión última el IFT no puede obligar a un regulado a vender activos, poco -o nada- habrán servido la ley, la reforma…y este primer gran paso.