Legalidad y reputación en los órganos autónomos

24 Noviembre, 2017

A fines de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó la auditoría al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) sobre la Metodología para medir la Pobreza, misma que involucra al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

No encontró problemas legales en el ejercicio del presupuesto lo cual, sin embargo, no restituye el desgaste a la reputación sufrido por estos organismos autónomos en torno al tema.

Cabe recordar que el INEGI cambio la forma de preguntar  el ingreso de los hogares en su Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 (MCS 2015) lo que propició que esta información no fuera comparable con datos previos. El CONEVAL usa esta información, junto con la de carencias no monetarias, para calcular las cifras oficiales de pobreza y mostrar su evolución en el tiempo. Ante la falta de comparabilidad de los datos, CONEVAL decidió no calcular la pobreza.

El INEGI fue severamente cuestionado por no entregar datos comparables y puso en marcha junto con el CONEVAL un Grupo Técnico de Trabajo para atender el problema. Pero el asunto rebasaba lo meramente técnico. Recursos públicos no despreciables, alrededor de 155 millones de pesos, habían sido utilizados para levantar el MCS 2015 y estaban en riesgo de ser echados a la basura.

La gran pregunta era si esto sería responsabilidad del INEGI o del CONEVAL, o ambos.

 

Las modificaciones en la metodología para medir la pobreza en México, es un obstáculo para comparar los resultados con otros años.

 

La ASF ha concluido que no hay responsabilidades legales pues tanto el INEGI como el CONEVAL se condujeron dentro del campo de sus atribuciones y cumplieron los términos de referencia del MCS 2015. La ASF tan solo recomendó al INEGI fortalecer los mecanismos de coordinación con el CONEVAL y a éste adecuar y fortalecer los procesos de entrega, verificación y validación de los productos. Las observaciones de la ASF, sin embargo, se consideran solventadas.

Una pieza clave en el dictamen de la ASF es que el INEGI proporcionó al CONEVAL la información del “Modelo Estadístico 2015 para la Continuidad del MCS (MEC 2015)” misma que, de acuerdo con el CONEVAL, es consistente con la tendencia de los años previos. Con estas cifras el CONEVAL está en posibilidades de medir la pobreza y dar continuidad a la serie interrumpida e incluso realizar estimaciones de la pobreza municipal.

 

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En este punto la legalidad deja de ser un factor y los problemas técnicos, con repercusiones reputacionales entran en juego. Por primera vez en la historia, el INEGI proporciona estimaciones de un modelo estadístico, altamente debatible, para la medición de la pobreza. Sin embargo, más sorprendente aún es que el CONEVAL acepta esta información, en vez de calcular directamente la pobreza con los datos de 2015, aunque sacrificando su comparabilidad.

Debe recalcarse que el INEGI no parecía tener opciones para recuperar la comparabilidad perdida de la información, ofreció lo que consideró la mejor alternativa y tuvo el enorme cuidado de advertir los alcances y limitaciones de su ejercicio estadístico. Nunca habló de tener para 2015 datos comparables con los anteriores, y en vez de ello dijo que eran consistentes, recuperaban la continuidad histórica o preservaban la tendencia.

El caso del CONEVAL es diferente. Al tener la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, comparables con los de 2015, el CONEVAL podía haber utilizado los datos directos de estos años para calcular la pobreza sin problemas de comparabilidad. No lo hizo, y al difundir las cifras de pobreza de 2016, basadas en el modelo de ingreso del INEGI, prácticamente no advirtió de sus limitaciones, incluyendo los diferentes márgenes de error que le acompañaban.

 

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Para el caso de los órganos autónomos, esta no será la primera vez, ni la última, en que el cumplimiento de la ley esté divorciado de su desempeño técnico. Por ello, cabe parafrasear la contundente frase del abogado defensor de la película El Misterio Von Bülow, tras liberar al abrumadoramente sospechoso de su cliente. “Legalmente esta fue una importante victoria. En términos de reputación, van por su cuenta”.

Rodolfo de la Torre Rodolfo de la Torre Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.