Políticas públicas e información confiable

05-10-2017 23:02

La “debilidad” del Estado de derecho en México es conocida y ha sido abundantemente documentada.

Las deficiencias en muchas leyes y reglamentos se han identificado puntualmente, al igual que en las instancias de procuración de justicia. Además, a esta debilidad contribuye en muchos casos una falta de voluntad política para aplicar la ley.

No obstante, existe un elemento esencial tanto para la vigencia plena del Estado de derecho, como para la efectividad de muchas políticas públicas que ha recibido relativamente poca atención en los diagnósticos sobre la aplicación de la ley en México.

Este elemento se refiere a la importancia y necesidad de contar con registros de identidad y de propiedad adecuados, confiables y completos, los cuáles son indispensables para una aplicación adecuada de la ley y para la implementación de políticas públicas efectivas.

En México, los ciudadanos enfrentan, paradójicamente, un exceso de trámites (“tramititis”) y requisitos burocráticos en casi cualquier interacción con las autoridades.

Pero el propósito de estos trámites y de la información que se solicita no es la mejoría de la gestión gubernamental o de las políticas públicas; más bien son un mero formalismo burocrático o, en el peor de los casos, un pretexto para la discrecionalidad del funcionario y para la corrupción.  

Políticas como la lucha contra la pobreza y el rezago social, el combate a la delincuencia, la planeación territorial y urbana o el combate a la corrupción, entre otras, sólo pueden tener éxito si se diseñan y sustentan en información fidedigna.

 

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Por su parte, con los registros de propiedad como los catastros públicos o la información necesaria para la constitución de empresas, fideicomisos, etcétera, parecería casi imposible no detectar a las llamadas “empresas fantasma”.

La información que requiere el SAT a los contribuyentes y el (supuesto) aval de notarios y corredores públicos a la veracidad de la información proporcionada, parecerían suficientes para identificar cualquier inconsistencia o “anormalidad” en los datos proporcionados.

No obstante, cotidianamente salen a la luz pública casos de estas “empresas fantasma” que reciben jugosos contratos gubernamentales o que son utilizadas para esconder dinero ilícito.

Esto debería llevar a cuestionar la utilidad y/o el uso de la información que regularmente requieren las autoridades.

 

Información poco confiable

En México se pueden obtener actas de nacimiento o defunción, títulos profesionales, credenciales de policía, pasaportes (como Raúl Salinas de Gortari o Javier Duarte de Ochoa, entre otros) y cualquier otra “identificación oficial” por módicas cantidades de dinero.

La Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México es más parte del folclor que un lugar de ilegalidad a la vista de todos.

Parece increíble que el país no cuente con una cédula de identidad personal como existe en numerosas naciones, un registro de vehículos nacional, que no exista un padrón único de beneficiarios de los numerosísimos programas sociales.

O que, después de 10 años de lucha contra el crimen organizado, la información oficial sobre la incidencia delictiva sea inexacta y poco confiable.

Esta falta de información confiable no se debe a una imposibilidad o dificultad técnica sino a intereses particulares, intereses políticos (como sería el desplazamiento de la credencial del INE por una cédula de identidad como identificación oficial), a corrupción, o simplemente a negligencia y falta de conciencia de la importancia de contar con información confiable.

Peor aún, a través de los años se han gastado (tirado a la basura) muchos millones de pesos en intentos como el Renave o la CURP que han fracasado en su finalidad última.

Otro ejemplo es el Registro Público Vehicular (Repuve) de la Secretaría de Gobernación, “cuyo propósito es otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos”[1].

Sin embargo, en el colmo de lo inaudito, la propia secretaría advierte que los resultados de cualquier consulta al Repuve “son sólo de carácter informativo y no producen efectos jurídicos”, solicitando explícitamente al ciudadano aceptar estas condiciones antes de consultarlo.

En otras palabras, la propia autoridad reconoce que su información no es totalmente confiable o, en el mejor de los casos, es sólo “aproximada”. ¡Curioso concepto de “seguridad jurídica”!

 

Ejemplos ilustrativos 

El escándalo de los numerosos vehículos de lujo (y muchos no tan de lujo) de habitantes de la Ciudad de México pero emplacados o registrados en el estado de Morelos para evitar el pago del impuesto de la tenencia vehicular es un buen ejemplo de la poca importancia que dan las autoridades a contar con registros de información confiable.

Aunque no es ilegal registrar un vehículo en una entidad distinta a la de residencia, sí lo es el proporcionar información falsa a una autoridad como son los domicilios utilizados para registrar la mayoría de esos vehículos.

Como lo documentó una investigación de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, en una privada de casas de interés social deshabitadas en el municipio de Xochitepec estaban registrados 16 automóviles de lujo, 11 de ellos Ferraris (incluyendo el del Procurador General de Justicia).

 

Vehículos de lujo con placas de Morelos con presuntos domicilios falsos (Imagen: 24morelos.com)

 

Además de la evasión de impuestos (que no elusión, ya que se proporcionó información falsa a la autoridad), tener registros como domicilios falsos facilita la comisión de actos delictivos.

¿Cuántos delitos quedan impunes porque los delincuentes han registrado sus automóviles (sean de lujo o no) con una credencial falsa del INE y/o con un domicilio falso?

¿Cómo combatir la corrupción si se registran los bienes producto de ella con presta-nombres o con nombres y domicilios falsos?  

Una frase muy reveladora que frecuentemente utilizan funcionarios o políticos acusados o bajo sospecha de haber incurrido en actos de corrupción es, “no existe ninguna propiedad a mi nombre” ¡Evidentemente!

 

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Por otra parte, la reciente tragedia del sismo del 19 de septiembre ha evidenciado, además de presumibles actos de corrupción en la otorgación de permisos de construcción y de uso del suelo, graves contradicciones e inconsistencias entre los registros de diferentes dependencias del propio gobierno de la Ciudad de México, como el INVEA y Seduvi. Sus consecuencias, lamentablemente, están a la vista de todos.

 

Conclusiones 

El problema de fondo para poder tener bases de información fidedignas es darles la importancia jurídica que merecen.

Es imprescindible que proporcionar o utilizar información falsa en cualquier trámite gubernamental sea considerado como un delito serio.

En los países desarrollados dar información falsa en cualquier trámite o formulario oficial está sujeto, dependiendo de la importancia del asunto, a penas que van desde multas hasta cárcel por haber mentido.

¿Falsificar o suministrar información falsa de uso de suelo o para los permisos de construcción no deberían ser un delito grave? o ¿cuántos fallecidos se necesitan para que lo sean?

En contraparte, también debe castigarse a las autoridades que no cumplan con su responsabilidad de mantener registros, padrones o bases de datos con información correcta, así como a quienes avalan la utilización de información falsa, como serían los directores responsables de obras o los notarios públicos.

 

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A raíz del terremoto reciente una justificación, totalmente inaceptable, de algunas autoridades de la Ciudad de México ha sido que “las constructoras nos dieron información falsa”.

Si no se castiga a ambas partes, sólo podemos esperar que esta situación continue sucediendo en el futuro.

Finalmente, es de suma importancia que autoridades y sociedad civil tomen conciencia de que, tanto una buena gestión gubernamental cotidiana como la eficacia de muchas políticas públicas radica en última instancia en que la información empleada para su diseño y ejecución sea la correcta y veraz.

 

[1] www.repuve.gob.mx

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