Repensando la Junta del Banco de México

25-07-2017 09:16

En mi contribución para 'México ¿Cómo vamos?' publicado en Animal Político (www.animalpolitico.com), señalé las características que debiera de tener el nuevo miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.

Ahí señalé que México debe revisar dos aspectos en la conformación de la misma.

Primero, el tamaño de la junta de gobierno debiera reevaluarse. La mayor parte de los bancos Centrales en el mundo tienen entre 7 y 9 miembros. Esto, si bien no es determinante, si refleja que el tamaño del país así como su heterogeneidad es importante cuando se define la política monetaria. Cinco miembros para un país tan diverso como México es un número muy reducido. Solo para nombrar un desafortunado ejemplo considere el Instituto Nacional Electoral, INE, que tiene 11 integrantes. ¿No es igual de importante la política monetaria que la electoral?

Es cierto que es importante adelgazar esta enorme burocracia que se ha creado con órganos autónomos, pero el Banco Central genera sus propios recursos, a diferencia de todos los demás, por lo que no debiera ser un problema financiero. Los beneficios, en cambio, pueden ser enormes.

 

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Segundo, ahí señalé que se debe crear mejores mecanismos para elegir a miembros sin conflicto de interés. En México, desde su creación, la Junta de gobierno siempre ha tenido un integrante (y por periodos hasta dos) del sector financiero al que supuestamente debe supervisar al menos en parte. Esto significa que entre 20 y 40 por ciento de los votos de la junta las ha tenido el “supervisado”.

Mencioné que la manera como lo han resuelto los países avanzados (y muchos emergentes) es incluir a uno o dos académicos a las juntas de gobierno, incluso por mandato de ley[1]. Esto no garantiza que desaparezca el conflicto de interés, pero al menos lo reduce de manera considerable.

Los casos más emblemáticos para ilustrar este punto incluyen, entre otros, el exitoso banquero central de la Federal Reserve de los  EEUU que manejó la crisis de 2008-09, Ben Bernanke, así como otros miembros de la talla de Frederick Mishkin que venía de Columbia, o Alan Blinder de Princeton por solo nombrar a tres ejemplos del país del norte. En otras naciones, encontramos a Mervyn King de la LSE en el Banco Central de Inglaterra, R. Rajan de Chicago en el de la India; y a Jacob Frenkel (Chicago) y Stanley Fischer (MIT) en el Banco Central de Israel. La lista es muy larga y no hay espacio aquí para ello.

Escribo los nombres para darnos idea de la calidad de académicos del que se habla aquí. Asimismo, menciono las instituciones de las que venían para que el amable lector se dé cuenta de que cuando se habla de académicos, se sepa a qué nos referimos. En México, infortunadamente, el concepto de académico es muy vago, pues se llama académico a una variedad de formas que no necesariamente encajan con lo que acabo de mencionar.

 

El Banco de México debe mejorar sus mecanismos para seleccionar a sus miembros dejando de lado los conflictos de interés.

 

Por ejemplo, aquélla o aquél que enseña un curso en una Universidad y después se va a su principal fuente de trabajo, se le llama académico[2]. Alternativamente, a activistas independientes o trabajando para una ONG que escriben editoriales en diarios, o libros de difusión también se le llaman académicos; más aún, se confunde al intelectual público con el denominativo en cuestión (algunos sí lo son, otros no).

Entonces, este requisito tendría que establecerse en la ley de manera muy cuidadosa para evitar las frecuentes simulaciones en que se incurre en nuestro país. Una manera de hacerlo sería requerir trabajar de investigador de tiempo completo en una Institución de educación superior por al menos 5 años seguidos inmediatamente antes del nombramiento y pertenecer al sistema nacional de investigadores, o si se es mexicano trabajando en una universidad extranjera, mostrar que fácilmente se accedería al sistema.

 

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El Banco de México ha trabajado bien en su historia. Sin embargo, no está exento a vaivenes políticos futuros. Por ello, reforzarlo institucionalmente es importante.

 

[1] Soy académico, y lo he sido toda mi vida profesional, y de ninguna manera sugiero que tengo interés en ello.

[2] A Paloma Merodio el Congreso la consideró académica para nombrarla integrante de la Junta del INEGI, precisamente por esta vaguedad del término (e intereses políticos), cuando claramente bajo mi definición no lo es.

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