Los otros impuestos

09-08-2017 22:57

Los diversos agentes que componen al estado mexicano obtienen recursos formales e informales para cumplir tareas de igual naturaleza.

Los primeros los conocemos como impuestos y financian la operación de instituciones; mientras que los otros adquieren diversas formas, dependiendo del grado de ilicitud del origen o destino de dichos recursos y financian el modo de operar de muchas instituciones estatales.

Para financiar campañas políticas y poder comprar votos, los candidatos reciben, además de recursos públicos, aportaciones de empresas particulares a través de la llamada “charola”. Entre mayor la aportación al candidato, mayor la oportunidad de obtener de él contratos públicos una vez instalado en el poder.

 

Dinero por aquí y por allá, es la forma en la que los agentes del gobierno se benefician económicamente (Foto: El Financiero)

 

Cuando esto último sucede, el empresario obtiene recursos presupuestales –normalmente inflados- para cubrir obras o servicios. Aquí aparece el “moche” como aquella cantidad que se reintegra a quien otorgó la licitación o al diputado que la presupuestó. El moche regresa vía efectivo, por depósitos en el extranjero o a través de la compra de facturas, rentable negocio de hijos de gobernadores, secretarios de estado o senadores.

Sin embargo, los empresarios no son los únicos que apoyan campañas electorales, también lo hace la delincuencia organizada, la que a cambio de dinero, adquiere inmunidad para poder operar en una plaza determinada. La “aceitada” de los delincuentes es permanente e incluye a procuradurías, fuerzas del orden, funcionarios de los tres niveles de gobierno y jueces estatales y federales.

 

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La economía informal -como se sabe- no paga impuestos, pero para poder operar cubre contribuciones en forma de “mordidas” a favor de funcionarios de municipios o delegaciones para permanecer en la vía pública de manera ilegal.

El comercio ilegal abarca desde el ambulantaje hasta los llamados “huachicoleros”, caso este último que incluye tajadas a funcionarios estatales y federales. Quienes proveen de mercancía al mercado informal tuvieron que apoquinar previamente con empleados aduaneros y policía fiscal del SAT para contrabandear la “fayuca”, con policías federales para transportarla por carreteras y con la policía local para hacerla llegar a bodegas en las principales ciudades del país.

La economía gris -que abarca restaurantes y antros que operan con notorias deficiencias reglamentarias y administrativas- contribuye con “cuotas” a favor de inspectores de gobiernos locales para que éstos no noten la ausencia de licencias de operación de dichos establecimientos mercantiles.

 

Recursos públicos, trabajadores informales, empresas y delincuencia organizada, son algunas de las fuentes de ingresos que patrocinan la corrupción.

 

Las irregularidades en estaciones de gasolina, en la tala ilegal de bosques, en los vehículos de taxis y autobuses de transporte público, entre otros, sólo se entienden por la complicidad de inspectores recibiendo “mordidas” para permitir dichas actividades.

 

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Todo lo anterior explica la debilidad del estado de derecho en nuestro país, en el que el cumplimiento de la ley –tal cual- es sólo un referente para poco menos de la mitad de la ciudadanía que cumple con sus obligaciones legales y fiscales y que soporta la presencia formal de la autoridad, mientras que la otra mitad se ve relevada del cumplimiento formal de sus obligaciones, pero se ve extorsionada o forzada, por la misma autoridad –en los tres poderes y niveles de gobierno-, a contribuir informalmente con aportaciones dinerarias para poder subsistir.

Por ello, una verdadera reforma fiscal implica abatir la corrupción.

 

Twitter: @erevillamx

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