Feliz opacidad y próspero año nuevo

30-12-2015 17:10

Los últimos días de cada año –cuando los reflectores de la opinión pública están de vacaciones- resultan propicios para que el poder público distribuya importantes montos de recursos públicos en gastos innecesarios o en aguinaldos millonarios.

Los derroches en comidas y bonos, aunque contemplados en el presupuesto federal, no se justifican a la luz de la situación económica que atraviesa la mayoría de la población. Veamos algunos ejemplos.

Los diputados federales, quienes ganan 148 mil pesos mensuales, decidieron otorgarse a sí mismos, un aguinaldo de 140 mil pesos. Un empleado en el sector privado que hubiera ganado ese salario desde septiembre de este año, habría recibido 24,600 pesos de aguinaldo, seis veces menos que un flamante legislador.

Por ser los diputados quienes aprueban el presupuesto, no hay quien pueda oponerse a esta circunstancia. El único ente capaz de vigilarlos es la Auditoría Superior de la Federación, órgano que depende de los propios diputados, y a cuyo titular le asignaron un aguinaldo de 404 mil pesos y un bono de riesgo de 826 mil pesos. El cheque que apareció bajo el árbol navideño de nuestro auditor superior fue de 1 millón 230 mil pesos. Todo bajo control.

Los titulares de la CNDH y del INEGI, los consejeros del INE y de la Judicatura, los ministros de la Corte y los magistrados del Tribunal Electoral (que han padecido excesivas cargas de trabajo exonerando constantemente al Partido Verde) cobraron aguinaldos que van desde los 400 mil a los 590 mil pesos, en adición a los bonos de riesgo de medio millón de pesos cada uno. Nada mal.

Y claro está, la nota no podía ser de otros, sino de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, trabalenguas mejor conocido como el INAI.

Debido a su estatus de órgano constitucionalmente autónomo, los valientes comisionados del INAI decidieron otorgarse un bono de riesgo similar a los antes comentados, argumentando que en “los procedimientos de recursos de revisión, los comisionados tienen acceso a los expedientes que forman o detentan las autoridades, en donde existen casos de información estratégica y/o vinculada con averiguaciones relacionadas con delitos de diversa magnitud y trascendencia, por lo que estas circunstancias pueden provocar riesgos a la seguridad personal y familiar de los comisionados”.

Según esta joya argumentativa, correspondiente al acuerdo del pasado 9 de diciembre, existen contadas ocasiones en las que resulta posible –aunque poco probable- que por la información que llega a los comisionados, sus vidas y las de sus seres queridos puedan peligrar. Para compensar ese inconmensurable riesgo que toman a favor de la nación, ésta les corresponde con un cuarto de millón de pesos por comisionado. Faltaba más.

Ante los cuestionamientos que esto produjo, el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, señaló –como ya se le ha hecho costumbre- que él nada puede hacer, pues el bono auto-otorgado por el INAI deriva de su autonomía “y que sus razones tuvo para hacerlo así”. Genial.

Estamos presenciado una peligrosa transición que va de la división de poderes a la coalición de los mismos. Al tiempo.

Les deseo lo mejor para este 2016.

@erevillamx

Comentar