¿Se puede vivir con dignidad con menos de 650 euros al mes?

05-03-2018 20:34

La hipótesis de que el crecimiento económico basta para corregir la desigualdad en empleo o salarios ha iluminado el argumentario de muchos gobiernos.

El razonamiento tiene su origen en el economista Simon Kuznets (1901-1985), quien demostró que, a largo plazo, la creación de riqueza es suficiente para equilibrar el bienestar económico.

El nobel Kuznets reconocía, sin embargo, una paradoja. A corto plazo, la innovación tecnológica y los distintos avances en productividad derivados de ella tienden a ensanchar la desigualdad, lo que alimenta la aparición de fuertes tensiones sociales en los periodos de transición.

Es decir, que hasta que esos beneficios no se generalizan entre amplias capas de la población, muchos ciudadanos consideran que el sistema favorece a unos pocos frente a la mayoría. Beneficia a quienes son capaces de aprovechar los cambios tecnológicos y la inversión en capital, y, por el contrario, perjudica al resto.

Eso explica que, a menudo, se considere que el PIB –que recoge la creación de riqueza en términos monetarios— no sea capaz de medir la realidad socioeconómica de un país. Es decir, no es una buena fotografía para ilustrar lo que sucede dentro de los hogares. O lo que es lo mismo, la realidad de una nación no cabe en el PIB ni en las cuentas nacionales.

El propio Kuznets, a quien se debe, precisamente, la creación en 1934 de lo que hoy conocemos como contabilidad nacional, reconocía los límites de esa forma de medir el bienestar. Desde entonces, son innumerables los trabajos académicos en los que se llama la atención sobre las diferencias entre lo que dice el PIB y lo que realmente preocupa a los ciudadanos.

En particular, como han sostenido los economistas Ferri y Doménech, desde la Gran Recesión. Cada vez se cuestiona más que el PIB sea la medida más correcta de medir el bienestar de una nación. Y ahí están los trabajos del nobel Amartya Sen para acreditarlo.

El economista bengalí, de hecho, es el padre intelectual del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora cada año Naciones Unidas, y que tiene en cuenta —España ocupa el puesto 27 en todo el planeta— factores como el nivel educativo, la salud, la esperanza de vida, la brecha de género o la desigualdad. En definitiva, los criterios que permiten a una persona vivir con dignidad, y cuyo cálculo es ajeno a la metodología con que se elabora el PIB.

Esta realidad es la que se esconde detrás de las recientes movilizaciones de pensionistas, y que casi nadie vio venir. Sin duda, por el progresivo empobrecimiento —y hasta embrutecimiento— de la vida política. Hasta el punto de que la cuestión catalana ha acabado por embarrarlo todo.

El Gobierno de Rajoy, sin capacidad de reacción, como bien explicaba este sábado Zarzalejos, se siente bien protegido baja el paraguas de la macroeconomía: PIB, empleo o reducción de la tasa de paro, pero ha sido incapaz de identificar lo que esconden las grandes cifras. Y, lógicamente, el problema le ha estallado con toda su crudeza. Aunque no solo al presidente del Gobierno.

 

LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

En los sistemas democráticos, la iniciativa parlamentaria la lleva el Ejecutivo —para eso se gana el debate de investidura—, pero los partidos de oposición cumplen también una función esencial que no se limita a las labores de control del Gobierno de turno.

Entre otras cosas, porque lo contrario sería equivalente a que solo se pudiera gobernar con mayorías absolutas. Eso explica que el pacto —como ocurre en las empresas entre el patrón y los comités de trabajadores a través de un convenio colectivo— sea la clave de bóveda de los sistemas parlamentarios. Incluso, en los sistemas mayoritarios, en los que el representante del pueblo está obligado a escuchar a sus electores, lo que le da amplio margen para negociar el sentido de su voto.

En España, nunca se ha entendido esto. Por el contrario, desde la vieja Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, que negó su apoyo al referéndum sobre la OTAN cuando estaba a favor de la permanencia, estar en la oposición se ha identificado con un comportamiento algo montaraz. Incluso, cimarrón. Es decir, al adversario político ni agua, aunque el país se hunda. Cuanto peor, mejor, que se suele decir.

Y en este sentido, no estará de más recordar que quien salvó a España del rescate no fue Rajoy en 2012, sino la vieja CiU de Pujol, que se abstuvo en mayo de 2010 (junto a Coalición Canaria y UPN) en la votación clave del duro ajuste que exigía Bruselas para no intervenir la economía nacional; mientras que, por el contrario, el PP, presentaba días después una interpelación urgente para asegurar el poder adquisitivo de las pensiones.

Y es por eso por lo que convendría, ahora que se habla tanto de regeneración democrática, que los partidos de oposición reflexionaran sobre el significado político de esta expresión. También los gobiernos que aprueban normas cuando tienen mayoría absoluta que difícilmente pueden cumplir cuando no la tienen, salvo que sean insensibles a un estallido social.

Si la oposición solo está para derribar gobiernos es que España tiene un problema de calidad democrática. Las pensiones no son un caladero de votos, sino un problema real para millones de hogares. 'Sic transit gloria mundi', que diría el clásico.

 

Miles de jubilados salieron a las calles de Madrid a manifestarse en las últimas semanas (Foto: El Confidencial)

 

LAS MEMECES DEL GOBERNADOR

La comisión del pacto de Toledo lleva trabajando desde hace más de un año, y de ahí no ha salido nada. El Gobierno no actúa porque no tiene la seguridad de que vaya a contar con los votos suficientes a la vista de que los partidos de oposición han olido sangre y no están dispuestos a sacrificar ese botín.

El resultado, como no podía ser de otra manera, es que la recuperación económica —tres años consecutivos creciendo por encima del 3%— se le está pasando de largo a amplios colectivos que necesitan para vivir la protección social del Estado. Entre otras cosas, porque España está a la cola en protección social respecto de los mejores países de la UE, pese a lo cual sus ciudadanos deben escuchar memeces como las del gobernador del Banco de España, Luis Linde, vinculando la pensión con la vivienda. Como si después de 40 años trabajando fuera un lujo tener una vivienda en propiedad.

La realidad es muy distinta. En contra de lo que suele creerse, España no solo dedica menores recursos a protección social en sentido amplio (un 25.4 % del PIB frente al 29.7 % en la UE a 15), sino que en la función vejez también existe una sustancial diferencia. En concreto, mientras que los países del euro destinan un 11.3 % del PIB a financiar la vejez, en España ese porcentaje alcanza solo un 9.8 %. Es decir, faltan unos 17,000 millones de euros para que este país gaste en sus mayores lo mismo que en las economías más avanzadas de Europa.

Este es el problema actual que explica por qué muchos jubilados se han revuelto contra la cuantía de las pensiones. Otra cosa distinta es el problema de fondo de la Seguridad Social para las próximas dos o tres décadas, y para el que tanto los partidos políticos como los agentes sociales deben buscar soluciones a largo plazo.

Las manifestaciones de estos días no pretenden solucionar el problema de las pensiones en 2050 por razones evidentes, sino algo mucho más cercano: cómo llegar a fin de mes con dignidad económica.

El problema, por lo tanto, lo tiene ahora España, en 2018, y a esta realidad es a la que los partidos deben atender con respuestas tan sabias como prudentes. Sin demagogia y sin poner en peligro la sostenibilidad del sistema. Aunque solo sea porque casi 3.15 millones de pensionistas (nivel contributivo) viven con unos ingresos inferiores a 650 euros mensuales, mientras que otros 453,897 ciudadanos del nivel no contributivo malviven con unas rentas mensuales de 369.90 euros.

Los partidos suelen olvidar que el elector, cuando vota, mira menos al pasado y más al futuro, que es donde nacen las expectativas. El éxito de la célebre huelga general del 14-D, de hecho, y en contra de lo que suele creerse, se produjo cuando la economía crecía por encima del 5% -han leído bien- , lo que da entender que las protestas florecen no cuando el PIB decrece, sino cuando la expansión económica no es percibida por quienes más sufren en sus bolsillos. Y esa información no la suministra la contabilidad nacional.

Y cuando fallan las expectativas por ausencia de respuestas, lo que emergen son el populismo y la demagogia. También la desconfianza en el sistema.

 

* Carlos Sánchez es Director Adjunto del diario digital elconfidencial.com 

Twitter: @mientrastanto

 

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