Putin mató a Kennedy

05-12-2017 20:15

Desde que el dramaturgo serbio-estadounidene Steve Tesich, allá por el año 1992, puso en circulación el término posverdad, el interés por esta expresión no ha dejado de crecer.

Hasta el extremo de que no hay conversación en la que no se concluya que el problema del siglo XXI es la propaganda distribuida a través de las redes sociales y de los canales tradicionales de información, ya sea la prensa de papel o digital, la televisión o la radio.

Conviene no olvidar, sin embargo, los orígenes del término. Tesich utilizó la expresión posverdad para referirse a una mentira política de gran calibre, como fue todo lo que rodeó al escándalo Irán-Contra, que se produjo cuando la Administración Reagan autorizó a la CIA a vender misiles a Irán (en plena guerra con Irak) con el fin de obtener fondos para destinarlos a financiar a la guerrilla antisandinista de Nicaragua.

El informe Kerry —elaborado en 1989 bajo la presidencia del exsecretario de Estado de EU— acreditó, igualmente, que parte de la financiación a la Contra —con la que se compraron los misiles— también procedió del narcotráfico, lo que dio origen al nacimiento de algunos de los cárteles de la droga que tanto sufrimiento han llevado a la población.

Es decir, que la posverdad a la que se refería el inventor del término no era nada virtual, como la actual, sino que era muy real. Lo que había detrás de la mentira de la Administración Reagan era, en realidad, una operación política concreta —el tráfico ilegal de armas— escondida a la población por razones obvias. Muchos sospechaban que EU financiaba a la Contra, pero la operación no se descubrió oficialmente hasta que el coronel Oliver North reconoció ante un comité del Congreso todo tipo de tropelías.

Es decir, el concepto original de posverdad poco tiene que ver con el que actualmente se da: una burda manipulación de la realidad mediante la distribución por distintos canales de noticias o tuits con apariencia de veracidad.

Se trata, como es obvio, de una nueva forma de guerra diplomática destinada, en muchos casos, a desestabilizar las democracias desde luego más civilizada que la clásica en el campo de batalla, pero una guerra, al fin y al cabo. Algo que explica el interés de los estados por denunciar a los gobiernos que están detrás. En particular a Rusia, cuyos contactos con el entorno del Trump —un gran embustero— antes de las elecciones son evidentes.

 

Mariano Rajoy y Vladimir Putin en el G20 en San Petersburgo, 2013

 

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN

Desde entonces, no hay elecciones —Francia, Holanda, Austria— en las que no se vea la sombra del Kremlin, convertido en el chivo expiatorio de todos los males de Occidente.

Algún periódico español, incluso, ha construido toda una teoría de la conspiración vinculada la cuestión catalana, como si el proceso independentista fuera fruto de taimados agentes de Putin puestos al servicio de Puigdemont.

Verdaderamente, un formidable ejercicio de literatura-ficción para dar impresión de que el diario —venido a menos— se pone a la altura del 'New York Times' o el 'Post' en sus investigaciones sobre la implicación rusa en las elecciones de EU.

Lo que sorprende es que España —según ha dicho la ministra de Defensa— quiera liderar cualquier iniciativa contra la desinformación, cuando se trata de unos de los países más opacos y menos transparentes en cuanto a secretos oficiales se refiere.

La ministra Cospedal, en concreto, está pensando, según informó 'La Razón', en crear un grupo de trabajo que reúna a diputados y editores de medios para que "juntos estudiemos a fondo la amenaza de la desinformación contra nuestra democracia".

La idea no es mala, pero sonroja que lo diga la secretaria general de un partido que en el Gobierno creó una 'policía patriótica' para desinformar, y que, en el caso Bárcenas y otras corrupciones —los célebres pagos en diferido—, ha dado muestras de enormes dosis de cinismo informativo.

Los más relevante, sin embargo, no es eso. Es que ni este Gobierno ni los anteriores han hecho nada en favor de modernizar una Ley de Secretos Oficiales completamente obsoleta, tras la cual se oculta mucha información clasificada que en cualquier otro país con mayor calidad democrática estaría ya la vista de todos. También de los investigadores e historiadores, que llevan años y años tener acceso a los archivos oficiales.

 

EL GOBIERNO DICE NO

Desde luego, no con el objetivo de conocer lo que sucedió hace dos o tres años, sino hace más 80.

El propio Ministerio de Defensa, sin ir más lejos, ha negado recientemente la desclasificación de más de 10,000 informes conservados en distintos archivos militares sobre hechos que ocurrieron entre 1936 y 1968, y que no parece que vayan a comprometer la seguridad del España.

Y es que hablar de desinformación cuando los españoles no conocen realmente lo que pasó en momentos clave de su propia historia —como el 23F— es verdaderamente homérico. O hablar de desinformación cuando muchos altos cargos —incluidos los del CNI— se han llevan material comprometido a casa después de ser cesados para luego publicar sus memorias, es un auténtico disparate.

El absurdo es todavía mayor si se tiene en cuenta que desde hace más de un año duerme en el sueño de los justos una proposición de ley presentada en el parlamento por el PNV (Unidos Podemos también lo ha reclamado) que pretende poner al día la ley de secretos oficiales, que entró en vigor en 1968, es decir, en pleno franquismo y una década antes que la proclamación de la Constitución.

Se da, además, la paradoja de que desde que la proposición de ley entró en la Cámara se han registrado —no es un error— 32 ampliaciones del plazo de enmiendas, lo que refleja hasta qué punto está el Gobierno interesado en ofrecer información de buena calidad a los ciudadanos sobre la historia de su país. Se puede desinformar volcando basura a la red y se puede lograr el mismo objetivo ocultando información relevante a los ciudadanos que para nada comprometa la seguridad nacional.

El PNV planteó en su proposición algo muy razonable, la obligación de que en toda materia clasificada como secreta se establezca el plazo de su vigencia. Y en concreto, se proponía que el secreto no pudiera superar los 25 años para materias calificadas secretas y de diez años para las clasificadas reservadas, salvo que el Consejo de Ministros dispusiera una prórroga excepcional, siempre de forma motivada y con un plazo máximo de 10 años.

Es evidente que la ciberseguridad es un problema de una enorme envergadura y que el Gobierno acierta cuando incluye esta cuestión como prioritaria en su estrategia de seguridad, aprobada el pasado viernes. Pero hablar de desinformación cuando los españoles no conocen la verdad de su propia historia solo produce tristeza.

 

* Carlos Sánchez es Director adjunto de El Confidencial.

 

Twitter: @mientrastanto

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