Las armas, a diez años

Estamos por cumplir 10 años del Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y vale la pena recordar algunos párrafos de la exposición inicial, pues pareciera que no tenemos memoria.
15 Mayo, 2018

El 16 de diciembre de 2016, escribí un artículo aquí en Arena Pública titulado “No Hay Enemigo Pequeño.” Ahí decía:

“Un muro que impida el paso ilegal de inmigrantes indocumentados me parece bien, pero el trasiego de armas y drogas son igualmente ilegales y no debieran pasar tampoco. Si el muro sirviera para evitar ese trasiego, saldríamos ganando. El 90% de las armas que utiliza el crimen organizado en nuestro país provienen de Estados Unidos.”

Recientemente, el 10 de abril del 2018 me fue publicado otro titulado “Militarizar la Frontera.” Comenté entonces:

“En muchas ocasiones yo he sostenido que México debería militarizar la frontera con Estados Unidos, a fin de evitar el ingreso de armas y dinero ilícito.”

 

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Mi obsesión por el tema de las armas viene desde el 21 de agosto del 2008. Aquel día en Palacio Nacional, frente al presidente de la República y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Martí con profundo dolor dijo, "si no pueden, renuncien.”  En ese acto se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Cuatro días después se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

 

¿Dónde quedó el acuerdo de 2008 que hoy debería estar dando sus frutos?

 

Estamos por cumplir 10 años y vale la pena recordar algunos párrafos de la exposición inicial, pues pareciera que no tenemos memoria:

“…los que suscriben, Poderes Ejecutivos Federal y Estatales, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, hemos decidido firmar el presente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.”

“Al hacerlo, reconocemos que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia.”

“Muchas personas tienen miedo de transitar por las calles y plazas. La ciudadanía demanda de sus autoridades una respuesta inmediata y contundente que dé resultados en el corto, mediano y largo plazos.”

“Al mismo tiempo, el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, como problemas desatendidos a lo largo de décadas.”

“Por ello, es necesario establecer un acuerdo que incluya la participación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil.”

 

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“Es necesaria la participación de una instancia ciudadana con amplio respaldo público y social, para que dé seguimiento y evalúe el cumplimiento de los acuerdos mediante indicadores de gestión.”

“Quienes suscriben este documento reconocen que el éxito de este acuerdo exige fortalecer la capacidad financiera del Estado en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, y en consecuencia una redefinición de las prioridades presupuestales.”

“Hoy más que nunca, se debe consolidar la seguridad pública como una política de Estado, que convoque a todos autoridades y sociedad y los vincule en un frente común contra la violencia y la criminalidad. Esa causa debe estar por encima de diferencias políticas, ideológicas o sociales, porque una verdadera solución requiere la suma de todos los esfuerzos. Todos los actores deben ser capaces de subordinar sus intereses particulares a la necesidad urgente de la Nación por recuperar las condiciones de seguridad.”

El Poder Ejecutivo Federal se obligó a alcanzar una serie de objetivos. Entre ellos, fortalecer el Sistema de Aduanas.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a modernizar todas las aduanas del país con tecnología y a mejorar sus procesos e infraestructura para reducir el contrabando, en particular el tráfico de armas y de precursores químicos. Tiempo de ejecución: dos años.”

Lo recuerdo perfectamente, pues en esa época yo trabajaba en el SAT. Di por hecho que, en los siguientes dos años, el sector hacendario haría su parte, que implementaría de inmediato estrategias a fin de impedir el trasiego de armas por las aduanas. Estábamos en presencia de un trascendental acuerdo nacional. Nada pasó. ¿Qué faltó? Voluntad de todos los actores, incluida la sociedad civil, coordinación y dinero.

El pasado 9 de marzo ante la Asociación de Bancos de México, José Antonio Meade dijo: “Necesitamos una política de armas; se calcula que en México tenemos entre 500,000 y 1.5 millones de armas en manos de la delincuencia organizada.” ¿Dónde quedó el acuerdo de 2008 que hoy debería estar dando sus frutos?

 

Estábamos en presencia de un trascendental acuerdo nacional. Nada pasó. ¿Qué faltó? Voluntad de todos los actores, incluida la sociedad civil, coordinación y dinero

 

Como ciudadano pregunto, implorando: ¿Cuándo nos daremos cuenta que sólo con tesón, trabajando unidos, más allá de intereses políticos e invirtiendo dinero suficiente, podremos superar la crisis de inseguridad que padecemos?

Hago votos para que el próximo gobierno nos dé rumbo, sea quien sea. Estoy puesto para trabajar por mi país, como siempre.

 

Twitter: @borozco16

 

 

Benjamín Orozco Manjarrez Benjamín Orozco Manjarrez Abogado especialista en Delitos Fiscales y Financieros. Fue Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República, anteriormente como responsable del área penal del SAT. Abogado postulante (socio fundador) de DDE, defensa de delitos económicos.