¿Qué haría usted con 484 MMP?

No hay voluntad política y las estructuras financieras de la delincuencia están intactas. Lo peor de todo, el lavado de dinero se ha convertido en una conducta socialmente aceptada.
8 Noviembre, 2017

La agencia Reuters difundió hace días que el narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes generan 58,500 millones de dólares cada año en México (1.13 billones de pesos).

Que de esa cantidad 484 mil millones de pesos son por delitos fiscales. Que ese dinero es susceptible de ser lavado.

Para entender estos escalofriantes números, le comparto algunas de las causas que originan el fenómeno y de las que soy testigo:

 

a) AUSENCIA TOTAL DE UNA POLÍTICA DE ESTADO EN MATERIA DE DELITOS FISCALES

A lo largo de los años los gobiernos en turno han evadido el tema por temor a ser acusados de terroristas fiscales. Piensan que mezclar lo fiscal con lo penal, resulta ser tan explosivo como el fuego y la pólvora, perderían aceptación y futuros votos.  Con esta premisa, las puertas para cometer defraudación fiscal están abiertas de par en par.

 

En México es mínima la regulación en materia de delitos fiscales.

 

Una política valiente en materia de delitos fiscales, debiera asumir la responsabilidad de proteger a los buenos contribuyentes de aquellos que delinquen. De no ser así, la carga fiscal la soportarían sólo los primeros, lo que es inequitativo.

Otro delito que perjudica gravemente al país es el contrabando. El bien jurídico que tutela es el sano desarrollo de la industria y el comercio nacionales, evitando la competencia desleal. De igual forma, no existe política alguna que nos defienda con objetivos y acciones concretas.

 

b) DESCOORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS

Al no existir una política de Estado que defina propósitos y señale objetivos concretos, las acciones de las distintas oficinas de gobierno están desalineadas. El Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría General de la República, realizan cada una su trabajo sin hablarse. Como si vivieran en dos mundos diferentes, no hay equipo. Lo puedo afirmar porque trabajé en ambas instituciones.

 

c) DESCONOCIMIENTO DE LOS DELITOS FISCALES

Al haberse descuidado el tema por parte de las agencias de gobierno, el estudio de los delitos fiscales en México es francamente incipiente. Me estoy refiriendo específicamente al estudio dogmático de la materia penal fiscal. Un considerable número de países hispanoamericanos inclusive, la consideran una rama del Derecho Penal.

Se requieren oficinas gubernamentales que se dediquen únicamente al estudio de estas conductas. Amén de ello, contar con laboratorios que analicen el fenómeno delictivo que nos ocupa, pues todo el tiempo mutan las conductas por nuevas prácticas delictivas. La delincuencia siempre lleva una ventaja de varios años en relación con la autoridad.

Por las razones anteriores, es lógico que la doctrina mexicana sea muy pobre al respecto. Son pocos los autores de Derecho que se han ocupado del tema y menos quienes lo han realizado con estricto rigor científico.

 

d) LA CORRUPCIÓN SOCIAL

Si los delitos fiscales generan 484 mil millones de pesos al año, estamos ciertos que muchas buenas conciencias participan en el lavado de esos recursos.

Como sucede con la defraudación fiscal, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no se persigue en nuestro país. Los números que arroja la PGR son menos que insignificantes. La Unidad de Inteligencia Financiera por su parte no pinta, no investiga. Su actuación se ha limitado al bloqueo ilegal de cuentas de cheques e inversiones de los usuarios de banca y crédito (así lo ha determinado recientemente la Suprema Corte de Justicia).

En materia de lavado de dinero, hemos creado una amplísima legislación por recomendación del máximo organismo internacional en la materia, el denominado Grupo de Acción Financiera (GAFI); misma que ha sido ineficaz y sólo ha generado burocracia.

No hay voluntad política y las estructuras financieras de la delincuencia están intactas. Lo peor de todo, el lavado de dinero se ha convertido en una conducta socialmente aceptada por empresarios, comerciantes, banqueros, financieros, profesionistas, amas de casa, etc.

Si usted gobernara el país ¿qué haría con 484 mil millones de pesos por año adicionales? ¡Casi medio billón de pesos! Yo los invertiría en temas de seguridad pública y procuración de justicia, pues como dice el dicho, del mismo cuero salen las correas. En otras palabras, perseguir el delito puede ser autosustentable.

 

Twitter: @borozco16

Benjamín Orozco Manjarrez Benjamín Orozco Manjarrez Abogado especialista en Delitos Fiscales y Financieros. Fue Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República, anteriormente como responsable del área penal del SAT. Abogado postulante (socio fundador) de DDE, defensa de delitos económicos.