A la PGR le niegan morir

En 2014 se creó la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dejando de depender del Presidente. Sin embargo la reforma Constitucional sigue sin aplicarse porque los intereses políticos se oponen a ello
6 Julio, 2016

Podemos decir que de España heredamos, durante toda la colonia, la figura del Procurador Fiscal, o simplemente llamado Fiscal.

Su función principal consistía en defender los intereses tributarios de la Corona, perseguir delitos y ser acusador en el proceso penal, amén de asesorar a los órganos que tenían a su cargo la administración de justicia.

En el México independiente no hubo cambios para ésta institución jurídica, observando la misma tendencia hispánica de considerar a los fiscales como integrantes del Poder Judicial sin llegar a constituir un organismo unitario.

Fue hasta la reforma judicial de 1900 que nació la Procuraduría General de la República (PGR). El día 12 de octubre de 1900 fue designado el primer Procurador General.

En el dictamen que recayó a la iniciativa de reformas de ese año, se dijo que confundir las funciones de Fiscal y Procurador General, con las funciones de los jueces, era desconocer las más sencillas nociones de equidad y de justicia. El Ministerio Público Federal debía ser nombrado libre y exclusivamente por el Ejecutivo.

La regulación del Ministerio Público de la Federación y Procurador General de la República, como las conocemos actualmente, aparecen el 14 de agosto de 1919 con la publicación de la primera ley orgánica de la Institución Ministerial.

 

Cien años después

Definida claramente la función del Ministerio Público entre los años 1900 y 1919, las continuas reformas que en casi cien años se han dado, son de naturaleza administrativa y no de fondo. Por ello, resultaría ocioso entrar a todas ellas. Vamos a lo que interesa. ¿Qué hizo el poder Ejecutivo con ésta función a lo largo de estos años?

Siendo el Procurador General de la República subordinado directo del Presidente de la República, el resultado fue evidente desde el principio; lejos del espíritu constituyente de procurar una mejor justicia, se dotó al Presidente de un formidable instrumento de persuasión política. Era imposible resistirse a semejante tentación. La institución ministerial nacía impedida para ejercer su función de manera libre e imparcial.

Sabemos a lo largo de la historia de dos fenómenos igualmente nocivos, hacer de un asunto judicial un tema político, o de un tema político hacer un asunto judicial. En ambos casos el resultado es el mismo, se procura injusticia. A estos fenómenos ha estado expuesto el Ministerio Público.

Si a esto le sumamos el permanente abandono presupuestal en que ha vivido la institución, reflejado en la falta de recursos materiales para prestar el servicio y, por otro lado, los bajos salarios al personal que se traducen en ineficiencia y corrupción en los operadores ministeriales, los fracasos judiciales a los que estamos acostumbrados son naturales.

Además, en este clima, era obvio que se diera paso a intereses obscuros del crimen, infiltrados por décadas en la PGR ejerciendo su poder.

Jesús Murillo Karam no se equivocó, la Procuraduría está devastada. A pesar de todo y aunque usted no lo crea, hay pocos pero muy buenos Ministerios Públicos Federales que esperan reconocimiento. La institución es noble y espera justicia para ella. ¿Paradójico no?

 

Momento histórico

Pero no todo son malas noticias, el 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma Constitucional al artículo 102, mediante la cual se creó la Fiscalía General de la República. El Ministerio Público se habrá de constituir como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Dejará así de depender del Presidente.

El Fiscal General durará en su encargo nueve años. La Fiscalía entrará en operación cuando se haga por el Congreso la declaratoria expresa de su vigencia y autonomía constitucional. Darle autonomía a la Fiscalía significa despolitizar los asuntos estrictamente judiciales, profesionalizar y moralizar a los operadores del nuevo sistema. Sin duda, cambiará la vida del país.

Pero como sucede con frecuencia, la reforma Constitucional  sigue sin aplicarse. Al día de hoy, no se ha emitido la declaratoria correspondiente que la hará nacer.

La razón es simple, los intereses políticos se niegan a ello.

Imaginemos al nuevo Fiscal; será una persona con menos poder que el Presidente de la República, pero con mayor que el de un secretario de Estado.

Por otra parte, es inconcebible que ya operando el nuevo sistema de justicia penal, no funcione aún la Fiscalía. Es contradictorio, pues no se entiende uno sin la otra. Los Ministerios Públicos no cuentan con una ley que les diga cómo operar el nuevo sistema. Por lo que hace al Fiscal, deberá tener cualidades de abogado litigante sin vínculos políticos, un técnico en su materia.

Nos estamos jugando mucho, pues de caer en manos equivocadas, y considerando que el Fiscal será autónomo y ocupará el encargo nueve años, podría convertirse en una pesadilla que sufriríamos todos los mexicanos. ¿Cómo serán los siguientes años, cuando a la PGR le niegan morir?

 

@borozco16

 

Benjamín Orozco Manjarrez Benjamín Orozco Manjarrez Abogado especialista en Delitos Fiscales y Financieros. Fue Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República, anteriormente como responsable del área penal del SAT. Abogado postulante (socio fundador) de DDE, defensa de delitos económicos.