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Chocan Coparmex y AMLO en propuesta para veda de funcionarios públicos a IP

Actualmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya previene de un periodo de separación de un año entre funcionarios y la industria privada.

13-02-2019 14:03 Por : Arena Pública
Gustavo de Hoyos, titular de la Coparmex.
Gustavo de Hoyos, titular de la Coparmex.

¿Por qué es importante? La iniciativa promovida por el Presidente López Obrador puede ser una espada de doble filo donde el talento quede fuera del sector público o se vuelva dependiente de él. 

¿Qué ocurrió? La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) defendió la contratación de exfuncionarios dentro de la industria privada (IP) a través de su titular Gustavo de Hoyos, quien advirtió que “las vedas prolongadas y generales pueden dificultar el reclutamiento profesional de talento para el sector público”. 

Los detalles: El comentario de Coparmex responde a la iniciativa presentada por el Presidente López Obrador el marte 12 de febrero para una Ley Federal de Austeridad Republicana donde se busca establecer “una separación categórica entre la función pública y los intereses personales” para ello se obligará a los funcionarios a tener una separación de 10 años antes de incorporarse a la IP. 

 

 

En retrospectiva: Esta iniciativa contradice lo dicho por el mismo Presidente cuando alistaba los recortes de salarios dentro de los altos funcionarios y la eliminación de la pensión a los expresidentes. 

En su conferencia matutina el Presidente comentó: “El servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos, de todas maneras tienen libertad para inconformarse […] si no les parece porque es poco dinero, pues existe el sector privado”. 

¿Qué hay que ver? La Ley General de Responsabilidades Administrativas ya contempla sanciones y periodos de silencio entre los funcionarios en los artículos 56 y 72.  

Ninguna empresa privada puede contratar a un servidor público durante el año previo en el que se haya separado de sus funciones, pues se considera que este posee información privilegiada (propia de sus funciones y que no sea pública) que puede beneficiar a los contratantes en el mercado o que coloque a la compañía en una situación ventajosa.

De acuerdo con la ley en caso de darse tal situación de será sancionada la empresa y el servidor público. 

Y ahora qué sigue: La iniciativa fue presentada el 18 de octubre de 2018 por el diputado de Morena Benjamín Huerta, fue turnada a comisiones y actualmente tiene una prórroga de deliberación hasta el 30 de septiembre de 2019. 

De acuerdo con un comunicado de la bancada de Morena presentado el 31 de enero, el grupo buscaba darle prioridad a esta iniciativa. 

 

MÁS INFORMACIÓN: Iniciativa para expedir la Ley Federal de Austeridad Republicana.

MÁS INFORMACIÓN: Ley General de Responsabilidades Administrativas.