Política industrial y competencia económica

30-04-2019 14:20

La resolución de la Comisión Europea objetando la concentración Siemens/Alstom ha provocado un interesante debate respecto de si la aplicación de la política de competencia actual está suficientemente preparada para enfrentar los embates de “competencia desleal” o de “competencia agresiva” proveniente de naciones que cuentan con políticas industriales proactivas enfocadas al fortalecimiento de la competitividad de sus naciones y sus industrias. En particular, este debate ha puesto en relieve una supuesta tensión entre una política industrial que promueve la competitividad de la industria nacional y la aplicación de una política de competencia.

El concepto de política industrial ha sido víctima de discusiones ideológicas. Particularmente, ha sido relacionado con la adopción de iniciativas gubernamentales que abogan por medidas proteccionistas. Sin embargo, la tensión entre la política de competencia y la política industrial no necesariamente debería existir si los gobiernos optan por la adopción de medidas neutras que favorezcan el crecimiento de la industria e impulsen la creación de nuevas formas de negocio. Esto es, si evitan una política industrial que elija a empresas o industrias ganadoras y perdedoras y se enfocan a la eliminación de barreras o mitigación de  situaciones que le impidan a éstas florecer, desarrollarse y operar eficientemente.

En efecto, la política de competencia tiene como objetivo promover el funcionamiento eficiente de los mercados procurando en primera instancia el bienestar de los consumidores. Con esto, la política de competencia procura evitar quedar atrapada en la protección de intereses particulares o políticos de corto plazo y privilegia las acciones que permiten a las empresas generar eficiencias (asignativa, productiva y dinámica) que reporten beneficios plausibles en el bienestar social.

Existen varios argumentos que han sido utilizados para justificar el establecimiento de políticas de protección a ciertas empresas o industria. Algunos de los argumentos giran en torno a la necesidad de (i) promover el desarrollo de industria incipiente en el país; (ii) proporcionar a las empresas nacionales un “respiro” de protección temporal en tanto se transforman para poder competir efectivamente; (iii) evitar la destrucción de empleos; (iv) proteger “la seguridad nacional”; (v) permitir a las empresas nacionales alcanzar la escala para competir globalmente; o (vi) hacer frente a la competencia desleal de industrias extranjeras (Véase artículo Protecting competition or protecting (some) competitors).

No obstante, ninguno de ellos justifica relajar la aplicación de la legislación de competencia. En efecto, una política de competencia neutra no se opone de ninguna manera a la promoción del desarrollo y fortalecimiento de la industria local y, con ello, la creación de empleos. Existen mecanismos de promoción (no protección) que los gobiernos tienen a su alcance para apoyar el crecimiento y la productividad y que precisamente se basan en medidas pro competitivas que eliminan barreras regulatorias o permiten la cooperación entre empresas para el desarrollo de capacidades, de fortalecimiento tecnológico e innovación o para la reducción de costos.

Respecto a los argumentos que implican medidas para hacer frente a prácticas desleales de otras naciones, el marco legal internacional y nacional ponen a disposición de las naciones medidas y estándares legales de actuación para contrarrestar la competencia de empresas que cuentan con subsidios prohibidos por parte de sus gobiernos y que sitúan en indebida desventaja a las empresas nacionales.

Por otro lado, el establecimiento de medidas de protección (no de promoción) implica elección de ganadores y perdedores. No solamente respecto de la competencia extranjera sino a costa de la competencia interna.

De esta manera ¿cómo asegurarnos que proteger una industria de la competencia internacional no afectará la dinámica competitiva de otros sectores industriales nacionales frente a sus propios competidores internacionales? ¿Cómo asegurarnos que las empresas nacionales artificialmente fortalecidas para competir internacionalmente no van a utilizar su poder para explotar precios de los consumidores nacionales? ¿Cómo evitar la captura regulatoria que siga premiando a unos cuantos a costa de las oportunidades e ideas de emprendimiento de otros mexicanos?

La competencia económica comparte con la democracia una idea fundamental: el rechazo al poder autocrático de unos cuantos que administra los privilegios de un grupo de elegidos. De esta forma, una política industrial que equilibra las oportunidades de participar en los mercados, apoya también la inclusión de emprendedores e innovadores.

Así, la política de competencia puede ser parte integral o estar inmersa en el ámbito de una política industrial sólida que persiga el crecimiento de la competitividad y productividad de un país.

 

Una política industrial que equilibra las oportunidades de participar en los mercados, apoya también la inclusión de emprendedores e innovadores.

 

En este mismo orden de ideas, Delgado y Ferraz (2011) consideran que “una política industrial neutra, objetiva, generalista, agnóstica y que promueva la creación de nuevas industrias y el uso de nuevas técnicas sin elegirlas ex-ante, tal y como promueve Rodrik (2008), puede ser el complemento perfecto a la política de competencia para reactivar la actividad económica y hacer retornar la economía hacia sendas de crecimiento positivo”.

Así, una política industrial que implique la colaboración activa del gobierno con los actores del sector privado que permita identificar las barreras u obstáculos que impidan o retarden el desarrollo y crecimiento de la industria con el objeto de eliminarlos, parecería la ruta adecuada para una actuación industrial efectiva.

Sin duda, uno de los aspectos relevantes que tendrían un importante efecto en la competitividad industrial de México sería la promoción y facilitación de la inversión en tareas de innovación, así como la cooperación de la pequeña y mediana empresa en tareas de desarrollo tecnológico. Quizás, un primer paso en el que la política de competencia puede contribuir en este rubro es generar lineamientos o normas que otorguen certidumbre a la cooperación legítima entre competidores de tal manera que las empresas puedan adoptar medidas conjuntas para aumentar la oferta de bienes y servicios o mejorar los que ya ofrecen en el mercado.