La Reforma Fiscal del 2022 (I)

Si le seguimos creyendo al presidente, la reforma tributaria viene el 2022; entonces debe iniciar la discusión de una reforma que se propondrá en 2021.
22 Agosto, 2019

Estoy seguro que después de las elecciones intermedias los medios andarán buscando a todo economista que se les ponga enfrente para comentar la “Reforma Tributaria” que propondrá el Ejecutivo Federal y con el que se diseñará el paquete económico para el 2022.

La prensa es así: hoy no es nota que el Presidente diga un día y otro también que no habrá cambios en los impuestos en sus primeros tres años, y que hasta le haya corregido la plana a su secretario de hacienda cuando lo sugiere muy tímidamente. Claramente, sugiere que sí los habrá para 2022. No resto importancia a qué se propondrá para 2020, pero si le seguimos creyendo al presidente, la tributaria viene hasta el 2022.

Acá consideramos que se debe ya iniciar la discusión sobre la inminente reforma fiscal que se propondrá en el 2021. Comenzaré por poner sobre la mesa las distintas posibilidades, viables o no.

Existe un menú importante de alternativas. En la literatura se han identificado dos tipos de impuestos, a saber, los directos y los indirectos. Los primeros son aquellos que gravan el ingreso de los dos agentes –personas físicas o morales. Los segundos son los que se aplican sobre el consumo.

En adición, se cuenta con impuestos especiales sobre producción o servicios los que se utilizan frecuentemente en términos recaudatorios por aplicarse a bienes y servicios con baja elasticidad, pero que se esperaría (a menudo incorrectamente) que detengan el consumo o producción de dichos bienes; aquí se encuentran los productos de comida chatarra; los productos “pecado” como el alcohol, tabaco y otras drogas como la mariguana; y la gasolina.

En tercer lugar, se cuenta con la gama de impuestos “verdes” que incluyen impuestos al carbón, a los fungicidas y a la propia gasolina, entre otros. Finalmente, existe una variedad de impuestos que no caben en las clasificaciones anteriores: impuesto a las herencias, impuesto a la riqueza, a la renta imputada, a las transacciones financieras, al depósito en efectivo, y un largo etc.

La evidencia internacional sugiere que los impuestos con mayor potencial recaudatorio son el impuesto al ingreso de las personas físicas y morales y el impuesto al valor agregado. En segundo lugar, vendría el IEPS a los combustibles.

En México el impuesto más recaudatorio es el ISR personas físicas, seguido por el IVA y el IEPS. En cuarto lugar, se ubica el ISR de personas morales. Conviene una acotación: la SHCP reporta el ISR personas morales de manera incorrecta, y lo ha hecho siempre. El ISR personas morales que reporta este organismo incluye la retención que hacen las personas morales a sus empleados por concepto de ISR personas físicas, lo que puede dar la ilusión tributaria que las empresas pagan mucho cuando en realidad es el ISR que sus empleados están pagando como personas físicas. Al ajustar por esto, la recaudación del ISR PM es muy baja.

No es descubrir el hilo negro que México, desde la independencia no ha podido recaudar adecuadamente[1] y que existe una presión inmensa sobre las finanzas públicas, que se ha pronunciado en los últimos años por diversos motivos: pensiones, estructura demográfica, ineficiencia recaudatoria, privilegios fiscales a ciertas empresas y sectores, corrupción, exceso de informalidad en la economía, e incluso incompetencia de parte de la burocracia hacendaria cuando diseñan la política tributaria.

 

No es descubrir el hilo negro que México, desde la independencia no ha podido recaudar adecuadamente y que existe una inmensa presión sobre las finanzas públicas

 

Sin embargo, se puede decir que el diseño actual de la política tributaria ha errado por lo siguiente. Una economía con alto grado de informalidad estructural tanto en personas físicas como morales, no puede sobre-depender en impuestos directos. De hecho, las tasas de ISR en México son elevadas (o al menos, al mismo nivel) sobre todo cuando se compara con el resto de los países de la OCDE. Sin embargo, la recaudación por este impuesto es la menor entre todos esos países.

Esto sugiere que la carga de este impuesto recae en los cautivos. Desde mi punto de vista, incrementar la tasa de ISR en personas físicas no arrojará mucha recaudación, y sí afectará a la clase media cautiva. La clase alta o el famoso “top 1%” del ingreso en México eludirá dicho impuesto. Se validará lo que ya se sabe: la elusión de este tipo de impuestos es regresiva: elude más quien más tiene para contratar contadores y abogados fiscalistas.

Si esta administración se va por este instrumento, preveo muy poca recaudación adicional como para aliviar la fuerte presión de finanzas públicas que se tiene. De seguro los dos o tres primeros años aumentará algo con lo que los hacedores de política echarán campanas al vuelo (lo hizo la administración Peña y hoy hablamos de una nueva reforma fiscal), pero los agentes a partir del segundo o tercer año, lo aprenderán a eludir (repito, pasó con la reforma de Peña Nieto del 2014).

Por su parte, el ISR personas morales no puede incrementarse debido a que México está muy integrado al mundo, y los países del orbe han competido ferozmente bajando la tasa de este impuesto (México, una de las dos o tres excepciones). Este no es opción.

¿Con qué alternativa nos quedamos? Lo discutiré en otra entrega.

 

[1] Para una historia breve, ver Hernández Trillo, Fausto (2010) “La Historia de las Finanzas Públicas desde el siglo XX” en Historia Económica de México. Compilado por Sandra Kuntz. El Colegio de México.

Fausto Hernández Trillo Fausto Hernández Trillo Investigador y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Experto en finanzas públicas, macroeconomía y sistema financiero. Investigador Nacional Nivel III. Doctor en Economía por la Universidad Estatal de Ohio, EU, y profesor visitante en universidades de México y Estados Unidos. Autor de 3 libros y de decenas de artículos académicos. Conferencista y consultor de organismos internacionales y del gobierno mexicano y galardonado con el Premio de Economía Latinoamericana "Daniel Cosío Villegas".