El Presupuesto 2019: ¿El rumbo hacia la consecución de objetivos?

Como se anticipó, el presupuesto 2019 representa una radical redistribución del gasto, considerando los reducidos grados de libertad que ocasiona el gasto inamovible (como salarios, participaciones, costo financiero de la deuda, etc) y la ausencia de nuevos impuestos.

Sin aumento de impuestos, la única manera posible de lograr incrementos en los rubros que se consideran indispensables es por medio de dos herramientas: 1) reducción del gasto de los programas que no se consideran prioritarios; y, 2) logrando una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos públicos (que incluye mejor aplicación y menor corrupción).

Hemos visto en la prensa sus estimaciones y la de distintos organismos e institutos referentes a qué secretaría se favorece y cuál no. Este es un primer indicador de hacia dónde se dirigen las prioridades de la nueva administración, pero para un análisis más fino es necesario revisar detenidamente la clasificación funcional del gasto. Es decir, basado en ésta podemos conocer si el desarrollo social ganó terreno y qué prioridades dentro de éste se consideraron para elaborarlo.

Asimismo, para conocer si la inversión ganó terreno, habrá que revisar la clasificación económica. Nuevamente, es claro que el gasto en inversión física del gobierno también se incrementó.

Esto es a lo que nos referíamos en la entrega anterior cuando decíamos que en este presupuesto se trazaría buena parte del Proyecto de Nación de AMLO. Son dos los elementos que se argumentan guiarán a la administración: incremento en ciertos rubros de gasto social e incremento en inversión física federal, lo anterior guardando un equilibrio razonable en el balance público.

Así, lo que lo que habremos de evaluar al final del sexenio es si los objetivos primarios de la política económica se cumplieron o no, es decir, si logramos reducir la pobreza y la desigualdad y si el presupuesto contribuyó a generar un ambiente pro-crecimiento. Esta es la verdadera evaluación.

A juzgar por el PPEF la apuesta en cuanto a pobreza y desigualdad es el programa de jóvenes y el incremento y universalización de las pensiones. En adición, sin estar en el PPEF, el incremento en el salario mínimo va en esa dirección.

Tengo mis dudas de que el programa de jóvenes contribuirá a ello debido a que, a reserva de ver las reglas de operación, habrá un efecto sustitución en el trabajo, es decir, los empresarios podrían por un lado despedir algunos empleados para contratar a los jóvenes vía el programa, con lo que, de hecho, se incrementaría su tasa de ganancia.

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Para conseguir esto se podrían utilizar esquemas (de arbitraje) que hoy día ni nos imaginamos (en eso consiste “darle la vuelta” a las reglas y regulaciones: diseñar esquemas que uno no se imagina porque no sabemos las “lagunas” en las reglas de operación que dejamos al crearlas). Por esto, mejor esperemos a que salgan esas reglas de operación para poder juzgarlas.

En cuanto a la inversión física, lo deseable es que además de incrementar su monto, se garantice que generen valor en la economía en el largo plazo. El único elemento con que uno cuenta para determinarlo ex ante es mediante la evaluación costo-beneficio (económico y social) de las obras públicas, aunque siempre habrá incertidumbre al respecto.

En cuanto a la inversión física, lo deseable es que además de incrementar su monto, se garantice que generen valor en la economía en el largo plazo.

Ahora bien, las evaluaciones costo-beneficio en ocasiones tienen sus limitaciones cuando se intenta desarrollar una nueva región, por lo que es importante que el beneficio y costo social se considere en ellas y aún así nunca dejan de ser apuestas. Desde la construcción de la carretera a Oaxaca en el sexenio de Salinas, no he visto una obra que lo haya considerado (la parte social) de esa manera.  Yo por lo pronto doy el beneficio de la duda porque sería la primera vez en 25 años que en el papel (es decir, en el PPEF) se nota una verdadera intención de incrementar este tipo de gasto.

Con esto en mente, toca ahora señalar que un reacomodo de gasto de esa magnitud implica la reducción de gasto en otras áreas. La selección implica costos importantes y siempre será controvertida pues hay ganadores y perdedores. Hemos criticado el dispendio del gasto de los estados, y ahora se aprecia en la prensa quien los defiende (los mismos que los atacaban antes).

No se trata de satanizar a las entidades sub-nacionales, pero era necesario racionalizar ese gasto, que ha crecido desproporcionadamente desde 1997, cuando se dio por primera vez el gobierno dividido. De hecho, desde entonces no ha habido un PPEF que se no se haya desatorado en el Congreso con concesiones en mayores recursos a los Estados y municipios. Estos no correspondieron a la sociedad con mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

En principio, el compromiso del sector público es hacer más con menos recursos. De eso se trata la eficiencia. Yo soy un partidario de la racionalización de los recursos desde hace muchos años, incluyendo el destinado a ciencia y tecnología, sector al que pertenezco y conociéndolo desde adentro, creo que podríamos hacer mejor las cosas con menos recursos.

No se trata de satanizar a las entidades sub-nacionales, pero era necesario racionalizar ese gasto, que ha crecido desproporcionadamente desde 1997... desde entonces no ha habido un PPEF que se no se haya desatorado en el Congreso con concesiones en mayores recursos a los Estados y municipios. Estos no correspondieron a la sociedad con mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Hay mucho dispendio, pero eso no implica que se corte con machete lo que debe hacerse con bisturí. Acá creo que está el error de esta administración: la eficiencia se logra con un plan y proyecto por institución para hacer más eficiente el gasto. Cortar parejo el interior de una institución y entre ellas, es un error. Como este ejemplo, se pueden citar innumerables sectores.

En suma, este PPEF es un instrumento, entre muchos, para conseguir lo que no se ha conseguido en los últimos 30 años: disminuir pobreza, reducir la desigualdad y lograr un crecimiento económico sostenido. Lo juzgaremos al final del sexenio con base en estos tres indicadores. Por lo pronto, a pesar de que no comparto parte de su racionalidad, le doy el beneficio de la duda, como a cualquier PPEF de inicio de sexenio.