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Reformas insuficientes al SAR

02-05-2019 11:52

Si bien la reforma de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro avanza en la dirección correcta, la misma es insuficiente en sus cambios y potencialmente peligrosa.

El pasado 28 de abril la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del Presidente López Obrador para reformar la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Es una reforma que busca avanzar en la solución del problema del bajo monto de las pensiones (tasa de reemplazo) que recibirán los trabajadores. Esto, a través de posibilitar el aumento en el rendimiento del ahorro para el retiro vía mecanismos de incentivos para que las Administradoras de fondos para el retiro (Afores) tomen mayores riesgos en sus inversiones y reduzcan sus gastos administrativos.

Si bien esta reforma avanza en la dirección correcta para resolver el problema del bajo monto de las pensiones, la misma es insuficiente en sus cambios y potencialmente peligrosa, en cuanto que abre la posibilidad de financiar con el ahorro de los trabajadores proyectos inviables.

Para incrementar el monto de las jubilaciones, la reforma flexibiliza el régimen de inversión de las Afores permitiéndoles invertir más en valores de renta variable y en títulos extranjeros. Con esto se espera que las inversiones den mayores rendimientos de los actuales.

Hoy en día las utilidades de las Siefores (sociedades a través de las cuales las Afores invierten los ahorros que administran) son bajas en razón del alto grado de inversión que por regulación, se tiene que hacer en valores gubernamentales de renta fija (alrededor del 50%). En otros países el monto de inversión en este tipo de valores es menor: 22% en Chile y 44% en Colombia (Global Aging Institute, 2016).

También la modificación a la Ley del SAR, incentiva el mejor desempeño de las Afores, a través de premiar con un mayor porcentaje de comisión, los mayores rendimientos que logren. Por otra parte, establece que la inversión del ahorro de los trabajadores ahora se va a realizar a través de Fondos de Inversión y ya no vía las Siefores. Con esto se reducirán los gastos administrativos y de operación por el manejo del ahorro para el retiro.

 

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A manera de evaluación preliminar de la reforma, adelantaríamos que, teniendo como parámetro de valoración el objetivo de mejorar el rendimiento del ahorro para el retiro, si bien insuficiente, ésta es correcta. Abona en forma incremental a las modificaciones que hasta ahora se han hecho en el gobierno de AMLO al sistema de pensiones, mismas que se hicieron para resolver problemas de cobertura y tasa de reemplazo.

Para lidiar con los problemas de cobertura y monto de las pensiones asistenciales, a partir de enero de este año, AMLO aumentó la edad de retiro del programa "65 y mayores" a 68 años y duplicó el monto de las mismas a $1,274 al mes.

Si bien positivo estos cambios, dicho aumento al gasto pensionario para el combate a la pobreza, desde el punto de vista de finanzas públicas, resulta peligroso si no se le acompaña pronto de una Reforma Hacendaria que lo haga fiscalmente sostenible. Pero ese ya es otro tema que rebasa los alcances de este artículo.

Para la consecución del mencionado fin de mejorar el rendimiento, llama la atención que la reforma haya dejado de lado temas torales que permitirían resolver más de fondo este problema y que deberán tocarse más adelante.

 

Dicho aumento al gasto pensionario para el combate a la pobreza, desde el punto de vista de finanzas públicas, resulta peligroso si no se le acompaña pronto de una Reforma Hacendaria que lo haga fiscalmente sostenible.

 

De acuerdo con el estudio que la OCDE publicó en 2016 sobre el sistema de pensiones en México, éstas darán al trabajador, en el mejor de los casos, ingresos mensuales equivalentes al 26% de su último sueldo. Ese mismo estudio señala que el trabajador requiere para una vejez digna recibir un ingreso durante 15 años y cada 30 días, por un monto de alrededor de 50% de su último ingreso.

Por eso, si se pretende que el trabajador goce de una pensión digna que evite su movilidad social descendente y la de su familia, esta reforma a la Ley del SAR debería ser complementada con cambios a la Ley del Seguro Social y a la Ley del INFONAVIT. Esto, a fin de subir las aportaciones obligatorias de los trabajadores a su ahorro para el retiro.

Urge pasar del 6.5% actual del salario base de cotización (aquel salario que se registra ante el IMSS) a al menos el 11%. Cabe señalar que el promedio de aportaciones en los países de la OCDE es del 13%. Para lograr este objetivo se debería, por ejemplo, dar al trabajador la opción de canalizar voluntariamente su ahorro de la subcuenta de vivienda del INFONAVIT a su Afore, si así considera que le conviene.

Ahora bien, lo que preocupa de estos cambios es que al pasar de la figura de SIEFORES a Fondos de Inversión, se pudieran estar eliminando elementos importantes de gobierno corporativo que fortalecían el control y rendición de cuentas en relación con el ahorro administrado.

 

Esto cobra mayor relevancia ahora que ya se va a permitir a las Afores invertir en colocaciones privadas para el financiamiento a las PYMES y en proyectos que pudieran no ser financieramente viables, tales como el Tren Maya, el transísmico y otros elefantes blancos de la 4T.

Al respecto, habrá que estar atento a las disposiciones que en su momento emita la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR) sobre el Régimen de Inversión. Esperamos que en la normatividad respectiva se mantenga una diversificación suficiente en las inversiones para así minimizar riesgos por malas compras de valores.

También, resulta inquietante saber si en razón de los recortes presupuestales del Gobierno actual, el regulador va a contar con los recursos humanos de calidad para implementar esta reforma y para ejercer sus facultades de supervisión y vigilancia.

En fin, que la reforma al SAR luce positiva como parte de un cambio incremental en materia de pensiones, pero es insuficiente para resolver el problema del bajo monto de éstas. Asimismo, habrá que estar atento a la regulación secundaria para poder juzgarla en forma integral.

 

@ediazinfante

enrique.diazinfante@ceey.org.mx

ACERCA DEL AUTOR
Enrique Díaz-Infante
Director Especialista del Sector Financiero y Seguridad Social del CEEY. Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Políticas y en Desarrollo, ambas por LSE. Ha publicado un libro sobre “Regulación Financiera y Competencia Económica” y dos en coautoría por el CEEY: “El Sistema Financiero Mexicano” y “El México del 2018, Movilidad Social y para el Bienestar”. Periódicamente publica en el Periódico Reforma y en Arena Pública.
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