Sin inversión ni tecnología, obtusa la supresión de empleos públicos en AL

Los países con mayor prosperidad y mejores modelos sociales tienen en el empleo público uno de sus grandes motores económicos. Casi el 30% del empleo total en Suecia, Dinamarca y Noruega forman parte del sector público.

Del mismo modo, tres de los más reconocidos sistemas de protección social, destinan buena parte de su PIB al financiamiento de su sector público. Francia, Finlandia y Dinamarca rondan el 56%.

Bajo el triple argumento de que el sector público es costoso, ineficiente y concentra privilegios, desde hace décadas América Latina se ha visto presionada para reducir de modo drástico el empleo público.

Desde luego que nadie estaría en desacuerdo del llamado que la OCDE hace en la dirección de “trabajar para aumentar más la eficiencia y la productividad –incluso mediante revisiones del gasto, la evaluación del desempeño y los conocimientos sobre el comportamiento– y centrarse en áreas fundamentales como la contratación púbica en el sector salud podrían generar más ahorros que podrían canalizarse a inversiones públicas muy necesarias”.

La experiencia vivida en toda la región, y en México en particular durante los últimos meses, empero, contrasta claramente con el postulado de generar ahorros para ganar eficiencia, transparentar licitaciones e incentivar la inversión pública de futuro y alto impacto social.

Con una severidad y amplitud no vista ni siquiera en los momentos más crudos de las crisis de los ochenta y noventa, México ha comenzado un programa de supresión de empleos públicos.

En un lapso de seis meses, según cifras oficiales, se han cancelado un número superior a los cien mil puestos de trabajo en el sector público. Se ha insistido, además, en que se trata apenas del principio de un programa de reducción de gasto, cuyos alcances se desconocen aún.

¿Es, de verdad, tan obeso el sector público como se ha planteado? Veamos. Con un promedio de 12%, en la mayoría de los países de la región el porcentaje de trabajadores que lo hacen en el sector público oscila entre el 10 y el 15%.

A contracorriente de lo que se sostiene por lo común, un estudio comparativo de la Universidad de La Plata, afirma que “existe abundante evidencia que documenta la relación positiva entre el nivel de desarrollo de un país y la mayor presencia del sector público”.

Al cruzar la presencia del empleo público con la dinámica de crecimiento del PIB, la investigación señala que este cruzamiento “sugiere que en promedio un aumento del 30% en el PIB per cápita está asociado a un aumento de un punto en la proporción de empleo público en el país”.

Resulta interesante que el mismo estudio se detenga sobre la estabilidad como variable, asociada a pertenencia, identidad, experiencia y conocimiento socialmente construido. Se hace ver, así que mientras un empleado público en América Latina tiene una antigüedad promedio de 124 meses, más de diez años, un empleado de empresas privadas alcanza menos de la mitad.

A lo que hay que añadir que “la diferencia en el grado de estabilidad laboral entre el sector público y el privado se manifiesta en la volatilidad del grado de cobertura social en cada tipo de empleo”, señalan las investigadoras Malena Arcidiácono y Laura Carella.

De cualquier forma, aún en la actualidad, el promedio de 12% que representa el empleo público en Latinoamérica, está por debajo del 18% que en promedio presentan los países de la OCDE.

La brecha aumenta dramáticamente cuando se compara lo que representa el gasto público en relación con el PIB de cada nación. México es el país con el menor costo (24.5%), trece puntos porcentuales abajo que Colombia (37.5%), y muy lejos de lo que destinan Francia, Finlandia y Dinamarca, que superan el 56%.

La pérdida de plazas no ha correspondido al nivel de eficiencia o mejora de la gestión gubernamental. Como tampoco ha incidido sobre la inversión socialmente redituable.

La OCDE, en esta materia, ha expresado su preocupación dado que una tercera parte de la inversión pública que siguen destinándose a sectores como las energías (no limpias), mientras que sectores como la tecnología, energías ecológicas y educación se mantienen rezagadas.

Sin dejar de lado el drama personal y familiar que es dejar a alguien sin empleo, las consecuencias familiares y sociales que esto siempre tendrá, los recortes indiscriminados podrían colocarnos en el peor escenario posible: desempleo al alza, crisis social, ahorros desperdiciados y un Estado inoperante por falta de personal.

Sin inversión en tecnología difícilmente el sector público será más eficiente y productivo. Sin un servicio profesional por mérito, se estará en manos de la partidocracia que haya ganado la última elección.

El camino es a la inversa. Ampliar la base de servicios que brinda el Estado, automatizar cuantos sea posible, dignificar y estimular a quienes le sirven a la sociedad.

No hay honor mayor que ese; empleo público lejos de ser un lastre, representa una oportunidad de servir a más ciudadanos y hacerlo mejor.

A los que menos tienen y más lo necesitan, con extrema urgencia, por lo pronto.

Twitter: @atenoriom

Antonio Tenorio es sociólogo, profesor e investigador sobre Cultura y Sociedad Digital, narrador y ensayista. Ha sido diplomático en varios países latinoamericanos, preside AlfabetizaDigital A.C Es autor del libro Valor Público y Era Digital en el Cambio de Época.