Recaudación e ilegalidad fiscal en América Latina, la oportunidad de lo digital

28-04-2019 09:08

El 30 de abril habrán concluido los periodos que personas físicas y personas morales tienen en México para presentar su declaración anual de impuestos.

Tanto en relación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde ocupa el último lugar, como respecto a la región latinoamericana, México presenta una de las menores recaudaciones en ambos escenarios.

Aunque en años recientes se registra un avance, rondando entre el 17% y el 18%, el país está colocado a años luz del más de 40% danés, e incluso de países como Turquía, Estonia o Polonia que rondan el 30%.

En relación con las naciones de América Latina y el Caribe, destaca la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) la capacidad recaudatoria mexicana supera con dificultades la que presenta Panamá (16.6%), Perú (16.1%), apareciendo más abajo Venezuela (14.2%), República Dominicana (13.7%) y Guatemala (12.6%).

Al promediar el porcentaje de recaudación que el conjunto de la región alcanza y su impacto sobre el Producto Interno Bruto de cada nación, Latinoamérica y el Caribe promedian 22.7%, casi seis puntos porcentuales más que México.

En su informe sobre Política fiscal en Latinoamérica, la CEPAL se muestra interesada en diferencias las vías recaudatorias con el afán de tener un diagnóstico más preciso.

Así, resultan evidentes las limitaciones mexicanas para el cobro del IVA, que llegan al 25%, mientras que en la región, este tipo de impuesto alcanza la tercera parte de las contribuciones totales.

En sentido inverso, el organismo de Naciones Unidas destaca el avance en materia de Impuesto sobre la Renta, al que califica de altamente redistributivo, señalando que la formalización y la simplificación son pilares para consolidar estos avances.

Al plantear los desafíos que América Latina enfrenta para desarrollar una genuina agenda propia en materia de desarrollo social inclusivo, la CEPAL afirma que es indispensable atender los bajos niveles impositivos, tanto como estructuras regresivas y altos niveles de evasión y elusión fiscal, a lo que hay que sumar el flujo de recursos ilícitos.

En su informe más reciente sobre la Política fiscal de la región, el organismo de Naciones Unidas advierte que el costo de la evasión y la elusión fiscal en América Latina alcanzó un 6.3% del PIB en 2017, cifra equivalente a 335 mil millones de dólares.

Asimismo, se asegura que en materia de flujos financieros ilícitos pudieron haber alcanzado los 85 mil millones de dólares en 2016, monto que equivale al 1.5% del PIB conjunto de América Latina y el Caribe.

Desde hace por lo menos década y media, la región ha venido expandiendo el uso de herramientas asociadas a las tecnologías digitales para enfrentar estos flagelos. Una parte del avance recaudatorio se debe, justamente, a la “huella digital” que las transacciones registradas dejan a su paso por los sistemas automatizados.

Adicionalmente, está claro que la disponibilidad, y el resguardo, de registros tributarios, que también se alberga en reservorios digitales, provee información para la planeación, implementación y evaluación de políticas fiscales eficientes y efectivas en materia de desarrollo social inclusivo.

Dicen los expertos de la CEPAL al respecto que se debe resaltar el hecho que “la mayoría de los países han adoptado la facturación electrónica, lo cual apoyará la formalización del comercio y reducirá el espacio para la evasión y elusión fiscal del IVA”.

Enseguida se agrega que, de modo simultáneo, “el cruce de información proveniente de la facturación electrónica, registros administrativos y otras bases de datos ha permitido la detección de irregularidades o incoherencias en las declaraciones juradas de los contribuyentes”.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, ha alertado sobre una insuficiente inversión en nuevas tecnologías, aliado indispensable en el combate a la opacidad, el fraude y la elusión fiscal.

El BID ha puesto la mira en lo que a su juicio son los tres grandes flagelos que Latinoamérica y el Caribe enfrentan en su recaudación fiscal: insuficiencia recaudatoria, alta ineficiencia en el gasto público y opacidad fiscal.

Así, herramientas como Blockchain o Big Data, por ejemplo, están llamadas a servir para acotar los aún muy amplios márgenes para la evasión en América Latina. 

El campo de acción, sin embargo, es mucho más amplio. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han calculado ingresos adicionales de hasta el 1.7% del PIB si la región lograra reducir su brecha digital a la mitad.

Debiera entonces, podría pensarse, haber también una política más congruente en la que a la par de transparentar el gasto fiscal dirigido a programas sociales redistributivos, se considerase a la política digital, y su indispensable estrategia pública global, una prioridad en el orden de la inversión pública.

No es así. Mucho más es lo que las tecnologías digitales le han traído a la recaudación en la mayoría de los países de América Latina, que lo que éstos han sido capaces de retribuir a sus sociedades en materia de alfabetización digital, inclusión e incentivos para las creatividades digitales.

De resarcir este desbalance, las propias ocasiones del fisco para ser más eficiente y eficaz aumentarían, sin duda.

¿Es tan difícil ver en ello un ganar-ganar? Hasta ahora, parece que sí.  

 

@ATenorioM